Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo la tercera jornada de formalización de cinco imputados del Caso Procultura acusados de fraude al fisco, luego de su detención el pasado viernes tras la orden del tribunal. Entre ellos se encuentra el director de la fundación y psiquiatra, Alberto Larraín. Según constató Ex-ante, el actual gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, fue mencionado 70 veces en la minuta de formalización de la fiscalía. Esto, porque autorizó el traspaso de más de $1.600 millones a Procultura para la ejecución del proyecto “Quédate”, que buscaba prevenir el suicidio. El Ministerio Público acusa que la autoridad “se habría puesto de acuerdo con los imputados” para beneficiar a la ONG, según señaló en la audiencia.

La Fiscalía Regional de Antofagasta acusa que el gobernador habría abusado de su cargo al no considerar que la fundación no contaba con la idoneidad y experiencia necesarias para desarrollar la iniciativa. Además, apunta a que Orrego tiene una relación cercana con Larraín desde hace al menos 12 años, tras su paso por la Democracia Cristiana (DC). A esto se suma que, cuando Orrego presidía la Municipalidad de Peñalolén, el psiquiatra formó parte del Centro de Salud Mental Infantil de esa comuna. Larraín además colaboró con la campaña de Orrego e integró el directorio de la Corporación Regional de Turismo del GORE Metropolitano cuando el ex DC ya estaba en el cargo.

El 4 de septiembre de 2025, la fiscalía solicitó el desafuero de Claudio Orrego por los delitos de cohecho y fraude al Fisco, cuya aprobación es requisito para que el gobernador sea formalizado.

El fiscal Juan Castro Bekios solicitó prisión preventiva para Larraín y para la representante legal de Procultura, María Constanza Gómez. Esta semana, el tribunal definirá qué medidas cautelares aplicará para ambos y para las dos formalizadas restantes: la jefa de estudios, Teresa Abusleme, y la exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, Evelyn Magdaleno. En tanto, el también formalizado Gabriel Prado, quien fue contratado por el GORE para contactar a la ONG, quedó con arresto domiciliario total, lo que fue decretado durante la audiencia realizada el domingo.

Formalizan a Alberto Larraín por Caso Procultura (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

El Presidente Gabriel Boric anunció desde La Moneda que la expresidenta Michelle Bachelet será inscrita como candidata a la Secretaría General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario ya lo había adelantado en septiembre de 2025, pero esta vez oficializó la nominación junto con el apoyo de Brasil y México.

Bachelet señaló que esta candidatura refleja “un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes». Por su parte, el Presidente Boric dijo que esta postulación está respaldada por una trayectoria “impecable y ampliamente valorada en el mundo”.

Ante la noticia, la Unión Democrática Independiente (UDI) llamó al Presidente electo, José Antonio Kast, a no apoyar la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, Kast fue consultado al respecto mientras visitaba a los damnificados que dejó el incendio de Viña del Mar en 2024 e indicó que mientras no esté en ejercicio de las funciones presidenciales, no se referirá a ningún tema. Agregó que “para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta».

Presidente Boric oficializa candidatura de Michelle Bachelet a la ONU (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

Un reportaje de CIPER reveló que en medio del debate legislativo de la Ley de Pesca, la comisión encargada de la Cámara de Diputados ha aprobado 60 indicaciones presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), que fueron extraídas textualmente del informe de la gremial empresarial Sonapesca (lea aquí el reportaje). En 2024, CIPER dio cuenta de que Bobadilla junto a los diputados Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (independiente-RN) presentaron 211 indicaciones que estaban incluidas en un documento del gremio pesquero. Ahora, 60 de esas modificaciones fueron aprobadas por la comisión, las que abordan aspectos relevantes sobre sanciones y facultades de fiscalización de la autoridad marítima. CIPER se contactó con el equipo de comunicaciones del diputado Bobadilla y le consultó sobre el tema, pero el parlamentario informó que no contestaría las preguntas.

A la fecha, las indicaciones de Bobadilla lograron modificar 42 artículos de la nueva iniciativa que, entre otros aspectos, abordan materias de gestión de cumplimiento y régimen sancionatorio, procedimientos administrativos e institucionalidad pesquera. El diputado UDI ha propuesto al menos nueve indicaciones para el artículo que define las infracciones graves respecto a la gestión de recursos marinos y la actividad extractiva, las cuales son idénticas a las incluidas en el informe de Sonapesca y ya fueron aprobadas por la comisión. Otro artículo que también tuvo modificaciones es el que establecía las facultades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Tras la solicitud de Bobadilla, cambiaron aspectos del rol fiscalizador del organismo y también sobre el rescate de fauna marina.

Esta nueva legislación viene a establecer un nuevo marco regulatorio para el sector y de esa forma dejar atrás la ley anterior, que estuvo marcada por casos de corrupción que fueron emblemáticos, como el del exsenador Jaime Orpis, quien fue condenado por fraude al fisco y cohecho en el caso Corpesca.

Diputado Sergio Bobadilla (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

Una inspección de la Contraloría General de la República (CGR) en la Urgencia del Hospital San José, durante un turno nocturno del 12 de noviembre pasado, detectó que 44 pacientes fueron atendidos luego de esperar entre cinco y 17 horas, después de ser categorizados. Además, informaron que 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas, pero se retiraron antes de recibir atención médica. Otras cinco personas no fueron categorizadas y no fueron atendidas por el servicio.

También identificaron que 38 pacientes estaban hospitalizados en la urgencia del centro médico mientras esperaban una cama. Algunas de ellas estaban en camillas al lado de tableros eléctricos. El ente fiscalizador verificó que una persona fue categorizada a las 19:20 del 12 de noviembre y no recibió atención hasta las 03:35 AM del día siguiente. Lo anterior, mientras esperaba recostada en el piso en un sector del estacionamiento, cerca de una silla de ruedas, sin asistencia médica.

La CGR, además, halló que cuatro funcionarias de la Unidad de Urgencias se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años y según los registros de control del establecimiento, aparecen como no disponibles para la asignación de turnos de manera permanente. La fiscalización en terreno también detectó fallas en la infraestructura del hospital y en su equipamiento, tales como baños en mal estado, falta de puertas, deficiencias en la climatización, monitores desperfectos, camillas deterioradas, entre otras falencias.

La Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades en el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Hospital San José (Créditos: sitio web Colegio Médico)