Andrés Chadwick es imputado en causa reservada de Fiscalía Regional Metropolitana Oriente; detectan millonarios gastos “sin explicación” del Estado, y Cámara despacha ley que moderniza sistema de inteligencia

En una entrevista en CNN Chile la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, reveló que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, figura como imputado en una causa reservada de esa misma fiscalía. Durante la conversación, señaló que “por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva”. En la ocasión la persecutora informó que el Ministerio Público cerró la indagatoria por los casos Factop, Hermosilla y la arista Parque Capital, el pasado 16 de enero y que presentó su acusación contra diez imputados por un total de 17 delitos, según agregó el fiscal adjunto Juan Pablo Araya, quien acompañó a Parra en el estudio. En la acción judicial acusan, entre otros, a Daniel Sauer, controlador del factoring Factop, por delitos de estafa, administración desleal, infracción a la ley de mercado de valores y soborno, pidiendo una pena de 20 años de cárcel. A la par, piden 18 años de prisión para Leonarda Villalobos por delitos tributarios, lavado activo y soborno. Mientras que Hermosilla fue acusado por delitos tributarios, lavado de activos y también soborno y se pide una pena de 14 años para él.

Según dio cuenta la fiscal Parra, Chadwick fue imputado en la arista Parque Capital pero finalmente no fue ni formalizado ni acusado en ella. El ex ministro del Interior y primo del expresidente Sebastián Piñera apareció en la causa luego de que CIPER reveló los chats del teléfono de Hermosilla en los que se constata que cuando el abogado se desempeñaba como asesor jurídico del Ministerio de Interior habría hecho gestiones para apurar los certificados del Ministerio de Vivienda que requería el millonario proyecto del Grupo Patio para ejecutarse. El nombre de Chadwick apareció en esta arista tras la declaración del exministro de Vivienda, Felipe Ward, ante la fiscalía, sobre una conversación que sostuvo con Hermosilla y Chadwick para destrabar Parque Capital (vea aquí la serie de reportajes de CIPER).

El Caso Hermosilla estalló cuando CIPER difundió en noviembre del 2023 un audio en el que Hermosilla y Villalobos hablaban con Sauer, sobre pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero para obtener información privilegiada y favores para beneficiar al empresario (vea aquí ese reportaje). En tanto, el caso Factop se investigaba desde junio de ese año.

Andrés Chadwick y Luis Hermosilla durante la defensa de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior (Crédito: Leonardo Rubilar Chandia / Agencia Uno).

El Consejo para la Transparencia realizó una fiscalización extraordinaria sobre el nivel de acceso a la información de los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por la Administración Central del Estado y gobiernos regionales en 2024. De acuerdo a los resultados del análisis, no fue posible identificar para qué se usaron $781 millones provenientes de recursos públicos dado que cuentan con descripciones genéricas o antecedentes incompletos.

La entidad inspeccionó a 419 instituciones públicas, de las cuales solo 158 informaron los gastos utilizados para la realización de inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres. En total, sumaron $3.428 millones. La mayor parte de los desembolsos que no fueron correctamente declarados, fueron ejecutados por la Administración Central, particularmente por la Presidencia de la República. Se identificaron descuentos que fueron informados bajo las consignas de “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, en los que no se detalló la actividad que justificaba el desembolso.

El segundo organismo que acumuló más falencias en sus registros fue la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que constató conceptos como “arreglos florales» o “abarrotes para gabinete”, sin indicar la actividad específica. También el Consejo no pudo identificar cuál fue el objeto de la contratación de $221 millones, por contar con una descripción insuficiente de los antecedentes. Una de las instituciones que consigna especificaciones amplias fue la Armada, que informó gastos como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo”.

(Crédito: sitio web Consejo para la Transparencia)

Este miércoles, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado con 107 votos a favor y tres abstenciones. Esta iniciativa fue ingresada hace siete años por el gobierno de Sebastián Piñera y busca ampliar el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la coordinación entre los organismos de inteligencia, el empleo de “agentes de campo” y la regulación de la contrainteligencia al interior de las Fuerzas Armadas.

La normativa da mayores atribuciones a la ANI, como por ejemplo ampliar el tipo de diligencias intrusivas que pudieran realizarse como interceptación de comunicaciones, escuchas y grabaciones y el ingreso a inmuebles y el registro en su interior. En todo caso, para salvaguardar los derechos de las personas, la ley establece que debe ser un ministro de la Corte Suprema quien apruebe estas intrusiones.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comunicó en su cuenta de X, que la iniciativa “permitirá establecer una nueva institucionalidad en la materia y mejorar la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo”. Asimismo, valoró el esfuerzo de la Comisión Mixta por acordar y aprobar una ley moderna que cumpla con todos los estándares democráticos y de derechos humanos.

Sala de la Cámara de Diputados (Crédito: Óscar Guerra / Agencia Uno).