El caso de Julia Chuñil y el delicado equilibrio democrático

Señor Director:

La preocupación por el retroceso democrático ya no es solo un debate académico. En estos últimos días hemos visto cómo este fenómeno parece estar reconfigurando el escenario geopolítico mundial. Lo que parece más inquietante es que este retroceso avanza eligiendo democráticamente perfiles con rasgos autocráticos, más allá del eje clásico derecha o izquierda. 

En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué caracteriza un gobierno autoritario, y dónde está el límite? Un elemento esencial es el control del poder. Es decir, la garantía de que quienes nos gobiernan no puedan ejercer su autoridad en contra de la propia ciudadanía. En democracia, dicho control se materializa y estructura de manera institucionalizada, por medio de órganos que distribuyen el poder estatal, lo fiscalizan y reducen riesgos de abuso. Pero también se sostiene con la acción del mundo privado, que con fines lucrativos o no, ejerce el derecho de asociarse, de perseguir fines comunes y exigir la rendición de cuentas respecto de las medidas, acciones u omisiones del Estado.

Proteger ese espacio donde los actores no estatales puedan actuar con autonomía y libertad se vuelve crítico. En esa línea resulta preocupante parte de la cobertura al caso de Julia Chuñil que intenta implicar a una organización de la sociedad civil con una supuesta conspiración política. Una narrativa riesgosa, considerando que el rol de esa organización ha sido de velar por los compromisos del Estado en un acuerdo internacional y acompañar a personas que pudiesen estar siendo vulneradas o amenazadas por defender causas ambientales.

Julia Chuñil tiene una historia de vida donde se plasman todas las hipótesis que pudiesen responder al hecho de su desaparición. Y una parte de esa relevante trayectoria de vida -la de cuidar y defender un territorio- no puede ser omitida. Exigir la aplicación de un protocolo que visibiliza su actividad como defensora para efecto de la investigación y su búsqueda complementando con antecedentes necesarios, sólo puede beneficiar a la verdad y la justicia, que es lo que se supone perseguimos como sociedad. De no haberse realizado estas acciones posiblemente habría sido la silenciosa desaparición de una mujer y una familia extensa que persigue su búsqueda.

Demonizar en la narrativa a una organización de la sociedad civil por el hecho de aportar antecedentes, además de apoyar a una familia en la búsqueda de una verdad, parece pretender dos cosas: la primera, desconocer que la defensa del medio ambiente se levanta como una condición de riesgo, sobre todo en América Latina; la segunda, amedrentar el libre ejercicio de una organización de la sociedad civil de liderar acciones para que en casos donde existan personas defensoras de derechos humanos ambientales en definitiva se opte por el silencio. 

La primera se encuentra ampliamente documentada, la segunda habita en estos difuminados retrocesos democráticos, donde lo que se está amenazando es un espacio democrático donde los diferentes actores sociales pueden ejercer y desarrollar sus actividades en libertad, exigiendo al Estado actuar cuando se ha tenido displicencia en investigar y buscar la verdad.