Jefe jurídico del SLEP de Los Andes es dueño de la consultora que adulteró datos para adjudicarse licitaciones en La Pintana

Desde junio de 2025, Miguel Ortega Aguirre es jefe del Departamento Jurídico y Transparencia del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Los Andes. En 2018, el Ministerio de Educación eliminó a la consultora Audigeduc, que pertenece a Ortega, de su registro de personas que prestan apoyo técnico a establecimientos de enseñanza. La consultora de Ortega había adulterado datos para adjudicarse dos licitaciones para dar asistencia a escuelas de La Pintana, por un total de $1.471 millones. Una investigación de CIPER, publicada en 2016, demostró que Ortega ganó las licitaciones porque en su equipo ponía nombres de doctores y magister en educación que, en realidad, no trabajaban con él. En el SLEP destacaron que no hay impedimentos legales que inhabiliten a Ortega para desempeñar su actual cargo.

Miguel Ortega Aguirre, exfuncionario del Ministerio de Educación en los gobiernos de la Concertación, ahora es el jefe del Departamento Jurídico y Transparencia del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Los Andes (Valparaíso). Lo es, a pesar de que en su historia profesional figura una controversial asesoría a la Municipalidad de La Pintana en la que adulteró antecedentes para adjudicarse dos licitaciones, en 2014 y 2016, por un total de $1.417 millones. Por esa razón, el Ministerio de Educación decidió eliminar a la consultora de Ortega del registro de entidades que pueden prestar asesoría técnica a establecimientos educacionales.

La consultora de Ortega, Auditorías y Gestión Educativa (Audigeduc), obtuvo la más alta evaluación en esas dos licitaciones organizadas por La Pintana. Lo consiguió porque las bases otorgaban más puntaje si figuraban especialistas con postgrado en el equipo de trabajo. Y en ese ítem, Ortega presentó dos doctores y cuatro magister. Pero, en realidad esos expertos no trabajaban con él y nunca participaron en la asesoría a las escuelas de La Pintana, como lo reveló un reportaje de investigación publicado por CIPER en 2016 (vea ese artículo: “La Pintana paga $1.471 millones de fondos SEP a consultora que ganó licitación con datos adulterados”). 

En 2017, la ahora alcaldesa y entonces concejala de la Municipalidad de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció ante el Ministerio de Educación a la consultora Audigeduc. La acusó de infracción a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Esto, porque los $1.471 millones que se pagaron a Audigeduc eran fondos SEP, recursos que solo se pueden destinar a atender a los escolares más pobres. Entonces, la Subsecretaría de Educación ordenó iniciar una investigación. Tres meses después determinó eliminar a Audigeduc del registro de consultores que prestan apoyo a establecimientos educacionales. 

La subsecretaría no eliminó a Audigeduc porque esa consultora había presentado un equipo con especialistas cuyos nombres fueron tomados sin autorización para ofrecerlos a La Pintana, sino porque ese trabajó se realizó con algunos profesionales que no estaban inscritos en el registro de entidades autorizadas para proporcionar apoyo técnico: 

“El hecho de presentarse, contratar y entregar el servicio de ATE [Agencia Técnica Educativa] a la Municipalidad de La Pintana con profesionales que no se encuentran en el Registro en comento, reviste la entidad o magnitud suficiente para configurar una de las causales de eliminación”, se lee en la resolución (vea ese documento).

Esta no es la única sanción que ha recibido Ortega. El 18 de enero de 2021, la Fundación Soluciones Educativas Solo Dos, que también le pertenece, fue sancionada por el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente de la Subsecretaría del Interior. Esa repartición pública le aplicó una multa de 5,9 Ingresos Mínimos No Remuneracionales (equivalentes a $1.241.702 a esa fecha), por “dar trabajo a extranjero que no cuenta con autorización” (vea esa sanción). 

En ambos casos -la eliminación del registro y la multa por contratar a un extranjero- podía presentarse un recurso de reconsideración, pero CIPER no encontró documentos que indiquen que eso ocurrió. Tampoco pudo obtener una versión del propio Ortega acerca de esto, ni sobre su llegada al SLEP, pues hasta el cierre de este reportaje no respondió consultas.  

LLEGADA AL SLEP

En febrero de 2025, Miguel Ortega ingresó al Servicio Local de Educación Pública de Los Andes para desempeñarse como coordinador de Control de Gestión en la Subdirección de Planificación, según señalaron a CIPER desde el área de comunicaciones de ese SLEP. En junio del año pasado, fue nombrado jefe del Departamento Jurídico y Transparencia. 

Respecto a la contratación de Ortega en el SLEP, en ese servicio dijeron a CIPER que “si bien existieron procesos administrativos y judiciales, en ninguno se acreditó la comisión de delitos por parte del señor Ortega. Debido a esto, legalmente, no existen impedimentos que pudiesen inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo”. 

Claudia Pizarro, actual alcaldesa de La Pintana, dijo a CIPER que, al contratar a la consultora, sobre todo tras la segunda licitación, ya había antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo: “No siento que todo el municipio fue engañado, sino que funcionarios también tuvieron complicidad en estos actos”. 

Respecto al actual cargo de Ortega, Pizarro declaró: “Yo considero que ética y moralmente este señor, habiendo hecho las denuncias de forma pública, realmente no debería estar ejerciendo estos cargos (…). Lamentablemente, en lo penal, esto no llegó a término y, por lo tanto, no tiene ningún antecedente que le impida asumir ese cargo”. 

FACTURAS NO DEVUELTAS

El 16 de agosto de 2017, Miguel Ortega ingresó una demanda contra la Municipalidad de La Pintana en el 2° Juzgado Civil de San Miguel. En esta, a nombre de Audigeduc, alegó que el municipio le debía el pago de 84 facturas, por un total de $269.791.669, por asesorías realizadas entre agosto de 2016 y febrero de 2017. 

Al respecto, Ortega manifestó en la demanda: “La asesoría se realizó de acuerdo a lo solicitado por parte de la contraparte técnica desde ese mes [junio de 2016] hasta la actualidad, sin embargo los pagos por ésta no se realizaron oportunamente, al punto que el único pago recibido desde junio a la fecha actual, es por el primer mes de asesoría que fue retirado durante el mes de octubre de 2016” (vea esa demanda). 

La deuda del municipio se debió a que “no se pagó ningún estado de pago, porque los seis que fueron presentados y enviados al trámite normal fueron devueltos por la Dirección de Administración y Finanzas, porque había inconsistencia en los Informes Técnicos que se acompañaban, de lo cual no se recibió jamás una respuesta por parte del Departamento de Educación y por lo tanto se quedaron sin cancelar hasta la fecha (…)”, explicó Manuel Gatica, exdirector de la Dirección de Administración y Finanzas, en la sesión del Concejo Municipal de La Pintana del 4 de diciembre de 2019 (vea esa sesión).

Dentro de las inconsistencias consideradas por el municipio, estaba el que “los Servicios sí los prestó un equipo de profesionales en los doce colegios, pero la mayoría de ellos no eran los que fueron ofertados en la licitación”, detalló Mario Vallejos, exdirector de la Dirección Jurídica del municipio en la mencionada sesión de diciembre de 2019. Por ello, algunas facturas no fueron devueltas formalmente a la empresa, quedando en dependencias del municipio, pero sin ser subsanadas. Por lo tanto, nunca se tramitó su pago ni su devolución. 

El 6 de agosto de 2019, a raíz de la demanda civil presentada por Audigeduc contra la Municipalidad, el 2° Juzgado Civil de San Miguel decretó que “se ordena seguir adelante con la ejecución hasta hacer entero y cumplido el pago de la obligación, con intereses y costas” (vea esa sentencia). El tribunal determinó que el municipio debía pagar, porque las asesorías se prestaron, y no se detuvo en el hecho de que el trabajo lo hizo un equipo diferente al que había sido ofrecido y que había permitido a la consultora ganar la licitación.

En la sesión de octubre de 2019, el Concejo Municipal, con los votos en contra de la alcaldesa Claudia Pizarro y del entonces concejal Marcelo Sandoval, aprobó un acuerdo económico con la empresa, ya que, si bien manipuló los antecedentes de su equipo, sí ejecutó los servicios con otros empleados. Entonces, se acordó entregar $411.111.110 a Audigeduc. El 9 de diciembre de 2019 se ratificó y ordenó el pago, el cual se realizó con fondos SEP (vea ese decreto).

Sobre ese pago acordado por los concejales con el que se puso fin al caso, la alcaldesa de La Pintana manifestó a CIPER que “no fue justo (…) con toda la evidencia que nosotros denunciamos”.