Tratado de Alta Mar y su entrada en vigencia

Señor Director:

Imagine que su avión entra en una zona aérea donde ya no rigen reglas comunes: cada aerolínea se coordina como puede, y si algo sale mal, la discusión queda para después. Impensable. Pero esa es, con matices, la lógica que ha gobernado durante décadas buena parte del océano: un territorio gigantesco, compartido por todos, pero administrado como si fuera de nadie.

Por eso importa que este 17 de enero entre en vigor el llamado “Tratado de Alta Mar”, formalmente el Acuerdo BBNJ, sobre biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicción nacional. No es un gesto simbólico. Es la apuesta más seria en años por convertir el mar de nadie en un espacio con reglas mínimas y previsibles, allí donde no existe un Estado costero competente y la tentación de la impunidad siempre fue alta. En buen castellano: intenta que en las aguas de alta mar se deje de operar como un tablero con piezas sueltas.

A la fecha, 145 países lo han firmado y 81 ya lo han ratificado, superando con holgura el umbral mínimo de 60 ratificaciones. Ese hito se alcanzó el 19 de septiembre de 2025 y activó el mecanismo del propio tratado: 120 días después, su entrada en vigencia se vuelve automática. 

Un cambio relevante es espacial y político pues el tratado habilita medidas por área, incluidas áreas marinas protegidas en alta mar. Eso significa que, cuando la evidencia muestre que un lugar es crítico, el sistema internacional tendrá una vía formal para protegerlo y no solo para “recomendar” prudencia. El segundo aspecto a nuestro juicio es la responsabilidad, pues instala una lógica de evaluación de impacto ambiental para actividades planificadas en esas zonas. Como último punto destacamos a los recursos genéticos marinos, base de la biotecnología que busca compuestos y soluciones en organismos de profundidad.

Se trata de dejar atrás al desorden, pues ello no es neutral; favorece al actor más grande, al que llega más lejos y al que sobrevive mejor a la opacidad regulatoria.

Destacamos que Naciones Unidas fijó la primera reunión de los Estados Parte para 23 de marzo a 2 de abril de 2026, y en paralelo se juega una decisión política fina: dónde se instalará la Secretaría. Bélgica y Chile han presentado formalmente su interés.

El 17 de enero de 2026 el mundo intenta que la alta mar deje de ser un lugar donde todos pueden llegar… pero nadie responde.