La caída de Maduro y el retorno del realismo descarnado

El autor de esta columna pone el acento en la forma en la que actuó Estados Unidos en Venezuela. Ante esta «transparencia brutal», señala que «celebrar públicamente la caída de Maduro puede parecer moralmente satisfactorio, pero ¿qué señales envía a las potencias que ahora deciden soberanías ajenas sin consultar a nadie? ¿Qué capacidad de maniobra deja para el futuro? De igual forma, salir a condenarla sin más, en defensa de un derecho internacional que está muerto, no es muestra de coraje moral, sino la imprudencia de un niño».

Las imágenes de venezolanos celebrando la captura de Nicolás Maduro recorrieron ayer las redes sociales con una intensidad difícil de ignorar. En Caracas, en Madrid, en Santiago, en Miami, millones de personas experimentaron algo que parecía ya imposible: la esperanza de que su país devastado pudiera comenzar a reconstruirse. Esa alegría es perfectamente comprensible y legítima. Maduro presidió el desmantelamiento sistemático de una nación que alguna vez fue próspera, forzando al exilio a una parte considerable de su población. Ver su caída provoca un alivio humano elemental.

Pero la operación que condujo a su captura responde a una lógica que tiene poco que ver con ese alivio y mucho con realidades más frías. La administración Trump no intervino en Venezuela para liberar a su pueblo de un régimen despótico. Lo hizo porque ese país posee las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo. En el tablero de la competencia global entre Estados Unidos y China, los recursos energéticos y el posicionamiento geopolítico son piezas que no se pueden ceder. Venezuela dejó de ser una cuestión de derechos humanos o de restauración democrática para convertirse en un activo estratégico cuyo control no puede quedar en manos equivocadas.

Esta lógica no es nueva, pero rara vez se exhibe con tanta desnudez. Lo que resulta revelador es observar cómo encaja la operación venezolana en un patrón más amplio. El mismo gobierno que ahora «libera» a Venezuela amenaza con arrebatar Groenlandia a la democrática Dinamarca, y habla de «ayudar» a los movimientos de protesta en Irán. No son episodios aislados sino movimientos tácticos orientados hacia los mismos objetivos estratégicos: asegurar recursos naturales críticos y posiciones geográficas ventajosas frente a Beijing. Groenlandia ofrece tierras raras y rutas árticas. Irán es el proveedor de petróleo de China. Venezuela tiene el crudo. La narrativa cambia, pero el guion es el mismo.

Lo que distingue esta forma de actuar de intervenciones norteamericanas anteriores no es tanto su carácter imperial como su franqueza. Otros gobiernos estadounidenses, no sin una dosis considerable de cinismo, procuraron al menos revestir sus acciones con el lenguaje de los derechos humanos y la promoción democrática. Había una pantalla, delgada pero existente, entre el interés crudo y su justificación pública. La administración Trump prescinde de esa pantalla. Es poder al desnudo, ejercido sin la incomodidad de tener que legitimarse mediante referencias normativas. En este sentido, su forma de operar se vuelve cada vez más indistinguible de la de rusos y chinos, quienes hace tiempo abandonaron cualquier pretensión de actuar conforme a principios universales.

Esta transparencia brutal plantea problemas legales nada triviales. Francia señaló que la operación no respeta el derecho internacional. Voces dentro de Estados Unidos sugieren que Trump habría actuado más allá de los marcos constitucionales de su propio país. No son observaciones menores. Hablan de un desmoronamiento del orden normativo que reguló, aunque imperfectamente, las relaciones internacionales desde 1945. Pero quizás sea ingenuo hablar de «desmoronamiento» cuando lo que realmente ocurre es que ese orden ya está muerto. Las cuatro potencias principales —Estados Unidos, China, Rusia e India— hacen y harán valer sus intereses sin necesidad de recurrir a piruetas ideológicas ni justificaciones normativas. Actúan como actores de poder en un tablero donde las reglas se escriben con la fuerza disponible.

En ese escenario, quienes gobiernan países pequeños, como Chile, enfrentan un desafío que exige lucidez y prudencia. No pueden permitirse el lujo de comportarse como hinchas de fútbol que aplauden o sancionan las decisiones del árbitro según sus simpatías. Deben actuar con plena conciencia de que carecen de poder real en un mundo poblado por tiburones peligrosos. Celebrar públicamente la caída de Maduro puede parecer moralmente satisfactorio, pero ¿qué señales envía a las potencias que ahora deciden soberanías ajenas sin consultar a nadie? ¿Qué capacidad de maniobra deja para el futuro? De igual forma, salir a condenarla sin más, en defensa de un derecho internacional que está muerto, no es muestra de coraje moral, sino la imprudencia de un niño.

La alegría de los venezolanos es genuina y merecida. Pero conviene recordar que la espectacularidad tipo Netflix de la captura de Maduro es, paradójicamente, lo menos complejo de todo este asunto. El verdadero desafío comienza ahora: estabilizar un país devastado, reconstruir instituciones destruidas, repatriar a millones de exiliados, restaurar una economía colapsada. Eso no se resuelve en meses sino en años, y requiere algo más que operativos militares bien filmados. Para usar la metáfora televisiva: si la captura fue el episodio final de una temporada, la reconstrucción de Venezuela exigirá varias temporadas más, con guiones mucho menos glamorosos y desenlaces inciertos. La pregunta no es solo quién controla el petróleo venezolano, sino quién asumirá los costos políticos, económicos y sociales de rehacer una nación. Y esa respuesta, como tantas otras en este nuevo orden mundial, tardará en llegar.