Fiscalía pide 23 años de cárcel para Cathy Barriga por cuatro delitos; ministro Cataldo defiende el SAE tras informe de Contraloría, y destituyen a alcalde de Vichuquén que chocó ebrio un auto fiscal

El Ministerio Público anunció este martes que presentó su acusación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, atribuyéndole los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Sumando los años correspondientes a cada ilícito, arriesga una pena de 23 años de cárcel.

A través de un video, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, señaló que “además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral”.

A Barriga se le acusa por un déficit de más de $30 mil millones de pesos durante su administración. Su defensa anunció que pedirá la reapertura de la investigación argumentando que la fiscalía ha negado una serie de diligencias solicitadas por ella.

Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno).

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que dio a conocer El Mercurio, en el que se indica que más de 31 mil escolares obtuvieron un cupo en un colegio de manera irregular, contiene “incongruencias”. El documento de la CGR analizó el Sistema de Admisión Escolar (SAE) concluyendo que establecimientos que tenían cupos los asignaron fuera del procedimiento regular a petición de los apoderados.

Cataldo señaló a Emol que “tenemos dudas razonables respecto a las cifras. Nosotros pesquisamos justamente así muy a la rápida en la revisión del informe que hay niños que aparecen registrados como parte de estos 31 mil, que en estricto rigor no deberían estar allí, porque son niños de nivel parvulario (…) Es decir, niños que están en niveles que no son parte del sistema de admisión escolar”. El secretario de Estado agregó que también habría adultos en ese listado.

El Ministerio de Educación solicitó una reunión con la Contraloría que se agendó para el 22 de enero para revisar la metodología con la que, según esa cartera, hay diferencias.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación (Créditos: {Oscar Guerra / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República dictaminó la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (exRN), tras concluir el sumario por uso indebido de auto fiscal, hecho que se constató luego de que en la madrugada del 20 de septiembre recién pasado fue fiscalizado por Carabineros y tras realizarse un control arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre (la Ley 20.580 considera que 0,8 gr/L ya es estado de ebriedad).

La investigación sumaria se inició el 22 de septiembre por posible infracción al Decreto Ley 799 que regula el uso de los vehículos fiscales, el que incluye como sanción la destitución. La CGR informó que la medida puede ser apelada por el afectado.

(Créditos: Facebook Municipalidad de Vichuquén)

Cuatro de los siete directores del Grupo Sartor que fueron sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con millonarias multas interpusieron recursos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de anular esas sanciones económicas, según informó La Tercera. Entre los que acudieron a la justicia están Pedro Pablo Larraín, cuyo monto a pagar es el más alto de la historia de la CMF, con casi $3.200 millones, y Michael Clark, presidente de Azul Azul, la sociedad controladora del club Universidad de Chile. Este último debería pagar $2.582 millones.

Los directores del Grupo Sartor, que era un fondo de inversión, fueron sancionados por la CMF por privilegiar el interés de empresas relacionadas con ellos por sobre el de los inversionistas de los fondos que administraban, generándoles millonarias pérdidas, además de entregar información falsa al mercado. A las multas, el ente fiscalizador también agregó para varios de ellos el castigo de no poder integrar directorios de empresas por cinco años.

Entre los argumentos esgrimidos por quienes apelan está que el monto es desproporcionado, que ellos también perdieron dinero que habían invertido en el fondo y que la inhabilitación les impide ejercer profesionalmente.

Michael Clark, presidente de Azul Azul (Créditos: @udechile / X)