La geopolítica de Estados Unidos: ¿cuánto importa el petróleo de Venezuela?

El autor de esta columna analiza el contexto en el cual Estados Unidos presiona al gobierno de Nicolás Maduro, desde la perspectiva de sus ricas reservas de petróleo. Sostiene que «podemos concluir entonces que, las razones que Estados Unidos puede esgrimir para presionar, embargar, agredir e incluso invadir Venezuela, se sustentan en su Estrategia de Seguridad que, una vez más, pone al petróleo como un interés subyacente por el cual se perderán vidas humanas, se empobrecerán miles o millones de familias venezolanas, aumentará la desestabilización del comercio mundial y se dividirá, aún más, la convivencia latinoamericana».

Latinoamérica y el mundo miran con atención el despliegue de la marina de los Estados Unidos en el mar Caribe y la amenaza de una posible invasión de Venezuela. 

El pretexto esgrimido por el presidente Trump es que Nicolás Maduro y sus asociados serían responsables de traficar drogas hacia EE. UU., financiando su control dictatorial mediante el sector petrolero y la evasión de sanciones. Nicolás Maduro sería el jefe del «Cártel de los Soles», una red de narcotráfico vinculada al ejército venezolano, y por lo cual se ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En su publicación del martes 16 de diciembre, el presidente Trump afirmó haber ordenado un «bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela». Esta medida parece el inicio de sanciones más severas, que podrían impedirle al gobierno venezolano disponer del 70% de las divisas que ingresan a ese país, por concepto de las ventas de crudo, que son del orden de los US$ 30.000 millones anuales. 

El cuestionado presidente dictatorial Nicolás Maduro ha señalado que la amenaza militar y el bloqueo de EE. UU. esconden el deseo de una sangrienta usurpación del petróleo venezolano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho afirmaciones similares.

Es ampliamente conocido que Venezuela posee en su territorio las mayores acumulaciones de petróleo en el mundo, representando alrededor del 18% de las reservas conocidas hasta el año 2024. Sin embargo, el mal manejo de la industria petrolera venezolana durante los últimos 20 años ha significado una caída sostenida de su producción desde 3,2 millones de barriles diarios el año 2012, a poco más de 900.000 barriles diarios el año 2024. 

Desde la crisis del petróleo del año 1973, las potencias occidentales han justificado numerosas intervenciones militares en países productores de petróleo en África y Medio Oriente. Los argumentos han sido diversos: la seguridad energética, la estabilidad regional, la defensa de la democracia, la existencia de armas de destrucción masiva, la protección de rutas comerciales e incluso, la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en cada uno de estos argumentos subyace como factor central asegurar el acceso y control de las reservas, producción y transporte del petróleo.  

La presencia militar en el Golfo Pérsico se reforzó para asegurar el flujo de petróleo hacia Occidente; el apoyo a Israel y a monarquías del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait) se presentó como defensa de la estabilidad regional; la invasión de Afganistán (2001) y de Irak (2003) se justificaron como parte de la “guerra contra el terror”,  que dio como resultado la participación de empresas occidentales en la producción petrolera en Irak, un productor clave en el mundo; la intervención en Libia (2011) se presentó como protección de civiles frente a Gadafi, pero también coincidió con intereses petroleros europeos. 

El control de puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz o el Canal de Suez, fue presentado como esencial para la seguridad global. La presencia militar en estas zonas se justificó como defensa de la “libertad de navegación”, pero son las rutas por donde transitan los barcos petroleros que transportan el crudo de los países del Golfo Pérsico hacia Europa y Asia.

En principio, Estados Unidos, como principal productor mundial de petróleo, no necesitaría obtener por la fuerza las vastas reservas petroleras de Venezuela. En los últimos 20 años, la producción estadounidense ha crecido a un ritmo sostenido, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías como la fracturación hidráulica, conocida como “fracking”, que hoy representa alrededor del 70% de la producción local. 

Datos de la Administración de Información Energética (EIA por sus siglas en inglés) de EE. UU. muestran un aumento de su producción de petróleo de 4,2 millones de barriles diarios en septiembre de 2005 a 13,8 millones de barriles diarios en septiembre de 2025. En el mismo periodo, sus reservas probadas se han duplicado. 

Durante el año 2025 la EIA reportó importaciones de petróleo de poco menos de 250 millones de barriles, lo que representa más del 30% menos de lo importado hace veinte años. Desde el año 2019 EE. UU. es un exportador neto de energía y el país ya no depende económicamente de las importaciones de petróleo extranjero. En el año 2024, las exportaciones de petróleo alcanzaron un récord promedio de 4,1 millones de barriles por día.

El interés entonces, no estaría en asegurar volúmenes de suministro sino, en el tipo de crudo que demanda el parque refinador distribuido a lo largo y ancho del territorio estadounidense. 

La viabilidad económica de muchas de las 132 refinerías que existen en EE. UU. requiere del suministro de distintos tipos de petróleo, de acuerdo a sus especificaciones técnicas. Esto hace que el crudo venezolano sea una materia prima clave para sostener la oferta de gasolinas en diferentes estados. 

El petróleo venezolano es del tipo “pesado” por su baja densidad o bajo grado API. Más del 60% del crudo importado por EE. UU. se clasifica como pesado (API ≤ 27), principalmente de Canadá. La distribución por gravedad API en 2024 mostró un promedio ponderado de 30-33, con refinerías manejando mezclas que no bajan de 30 API en promedio. 

En 2024, Estados Unidos importó un promedio de aproximadamente 6,6 millones de barriles por día (b/d) de crudo, con Canadá como principal proveedor, representando el 62% del total (alrededor de 4,07 millones b/d). Otros países clave incluyeron México (465 mil b/d), Arabia Saudita (273 mil b/d), Venezuela (228 mil b/d), Brasil (218 mil b/d), Colombia (213 mil b/d), Irak (198 mil b/d) y Guyana (176 mil b/d).

La refinería Valero Energy (95.189 b/d) fue el principal comprador de crudo venezolano en Estados Unidos durante 2024, con el 44% del total, seguida de la petrolera Chevron (47.228 b/d) con el 22%. PBF Energy (30.509 b/d) adquirió aproximadamente el 14% del crudo. A las anteriores se sumaron las refinerías  Paulsboro Refining (30,509 b/d), Phillips 66 (23,596 b/d) , Repsol Trading USA (10.323 b/d), Houston Refining (7.398 b/d) y Exxon Mobil Oil (2.970 b/d). 

Toda esta infraestructura energética se ve favorecida con el acceso a los crudos pesados como el Merey 16 (referencia dentro de la canasta de la OPEP), el Hamaca y el Boscán, extraídos de distintas cuencas petrolíferas en Venezuela.

Sobre la base de lo expuesto, Estados Unidos no necesita de manera urgente controlar las reservas de petróleo de Venezuela. Pero la disminución de la producción del crudo pesado que necesitan algunas de sus refinerías y, la consiguiente disminución de las importaciones, necesarias para asegurar la producción de gasolinas en las refinerías estadounidenses en el Golfo, se alinean perfectamente con la Estrategia de Seguridad Nacional” (National Security Strategy of the United States of America), dada a conocer en noviembre de 2025.  

En una traducción libre de la página 15 se señala lo siguiente: “Tras años de descuido, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio”. 

Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones generalizadas a Venezuela, dirigidas contra su gobierno, la petrolera estatal PDVSA, el sector financiero y personas vinculadas a Nicolás Maduro. 

La llegada al poder del coronel Hugo Chávez, en 1999, fue acompañado por la intervención y control absoluto de la industria petrolera Venezolana, que gozaba de gran prestigio a nivel mundial. Lo anterior significó para Venezuela la pérdida masiva de las capacidades técnicas existentes en la empresa estatal PDVSA, y un conflicto, que aún permanece, con las empresas estadounidenses que operaban en el país: ExxonMobil, ConcoPhillips y Chevron. 

Como opción al mercado estadounidense, durante este siglo Venezuela incrementó sus relaciones comerciales exportando su crudo principalmente a China. Las exportaciones de petróleo de Venezuela a China alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2010 con más de 600.000 barriles por día, pero cayeron drásticamente tras las sanciones estadounidenses en 2019. 

Para 2023, los volúmenes se acercaron a los 300.000 b/d, con un modesto repunte en 2024 hasta alrededor de 400.000 b/d. Esto le significó a Venezuela menores ingresos en el orden de los 6.000 millones de dólares anuales en el comercio con China.

Según Reuters, Venezuela exportó en junio del 2025 en promedio de 844.000 b/d de crudo, y 233.000 toneladas métricas de subproductos y petroquímicos. Alrededor del 90% de los envíos fueron para refinerías chinas, ya sea directamente o mediante transbordos.

El reciente embargo del petrolero venezolano Skipper, que transportaba 2 millones de barriles de petróleo Merey principalmente hacia China, es una indicación clara del restablecimiento de la Doctrina Monroe en la región.

Podemos concluir entonces que, las razones que Estados Unidos puede esgrimir para presionar, embargar, agredir e incluso invadir Venezuela, se sustentan en su Estrategia de Seguridad que, una vez más, pone al petróleo como un interés subyacente por el cual se perderán vidas humanas, se empobrecerán miles o millones de familias venezolanas, aumentará la desestabilización del comercio mundial y se dividirá, aún más, la convivencia latinoamericana.