Senado rechaza acusación contra exministro Pardow; fiscalía investigará pagos de Inmobiliaria Fundamenta a abogados Lagos, Vargas y Silber, y CDE amplía querella contra Alberto Larraín en el caso Procultura

El Senado rechazó la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, por su presunta responsabilidad en el error de cálculo en las tarifas eléctricas que derivó en un sobreprecio en las cuentas de luz. El libelo había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado determinó que el exsecretario de Estado no actuó contraviniendo la Constitución y las leyes. Pardow quedó libre de cargos y no será inhabilitado para ejercer funciones públicas.

La acusación constaba de dos capítulos que hacían referencia a que el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa, al fijar los precios del sistema eléctrico vigentes desde enero de 2024, lo que generó en un perjuicio para los clientes. Además, se cuestionaba la reacción de Pardow ante un error de cálculo detectado por la empresa Transelec, que fue comunicado al Ministerio de Energía a fines del año pasado.

Tras la votación, Pardow reflexionó que “un número importante de senadores, tanto de gobierno como de oposición, compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentaria, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas y estas no procedían en este caso”.

Exministro Diego Pardow tras la votación del Senado (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El Ministerio Público anunció que investigará tres nuevas aristas derivadas del caso del consorcio bielorruso, causa en la que se indagan presuntas coimas pagadas a la exjueza Ángela Vivanco por abogados del bufete Lagos, Vargas & Silber (LVS). Las nuevas ramificaciones quedarán a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que ya lleva la causa madre.

Entre las nuevas aristas figuran los pagos que hizo Inmobiliaria Fundamenta a los abogados Gabriel Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en una causa en la que la empresa buscaba destrabar la paralización de su proyecto Eco Egaña Sustentable. Este episodio, descubierto por CIPER (vea acá esos reportajes), guarda importantes similitudes con el caso del consorcio bielorruso: en ambos los supremos Ángela Vivanco y Diego Simpertigue fallaron a favor de los clientes de los abogados del estudio LVS; en los dos la ministra Vivanco apuró los fallos, según testificaron relatoras de la corte, y en cada uno de estos procesos el ministro Simpertigue, después de fallar, viajó en crucero con abogados del mencionado estudio jurídico, sin haber declarado su cercanía con ellos.

Además, los abogados de LVS participaron en la estrategia para sacar al juez Sergio Muñoz del caso -por lo que Fundamenta les pagó $410 millones-, lo que permitió que Simpertigue integrara la sala que resolvió la causa.

Otra nueva arista que investigará la fiscalía se relaciona con el dinero que el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, aseguró -en una llamada interceptada por el OS7- que había entregado al diputado republicano Cristián Araya, episodio también revelado por CIPER. Araya ha dicho que no recibió dinero de Yáber.

La tercera ramificación que abordarán los fiscales se refiere a otro monto que Yáber facilitó al senador Matías Walker, lo que fue difundido por Reportea. El parlamentario confirmó que mantiene una estrecha amistad con el conservador y aseguró que el dinero era para apoyar un viaje de su hijo.

Eduardo Lagos y Mario Vargas durante la audiencia de formalización (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en una sesión extraordinaria, reconsideró y aprobó la campaña “Una Ley en nombre de todas”, la que se difundirá en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, efeméride que tuvo lugar justo este martes 25 de noviembre. En la víspera, la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, había solicitado al consejo que reconsiderara su decisión inicial de rechazarla.

El CNTV había determinado no autorizar la campaña, tras considerar que podía resultar confusa en medio del actual periodo electoral.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del director de la fundación Procultura, Alberto Larraín; la exrepresentante legal de esa organización, María Constanza Gómez, y de aquellos que resulten responsables de la distracción indebida de fondos entregados por el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) para ejecutar el proyecto de prevención del suicidio “Quédate”.

La acción judicial acusa que a nombre de Procultura ambos representantes recibieron más de $1.683 millones de fondos para la materialización del proyecto que comenzaron a ser desviados de inmediato a otros fines, y que el perjuicio fiscal fue de poco más de mil millones. El escrito señala que “la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”.

(Créditos: Pablo Ovalle / Agencia Uno)