El pasado 17 de noviembre el máximo tribunal ratificó la sentencia de la corte de Santiago y dictaminó sanciones para Mega por el despido de Paulina de Allende-Salazar, quien fue separada de sus funciones porque, por error, llamó “paco” a un carabinero asesinado por delincuentes. El tribunal confirmó la vulneración de los derechos fundamentales de la periodista. De acuerdo con el dictamen supremo, la emisora debe pedir disculpas públicas a la periodista, generar un protocolo para sus trabajadores y capacitar a sus empleados sobre derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística. Además, el canal debe indemnizar a la reportera con un monto que podría ascender a cerca de $98 millones, sin contar ajustes e intereses. Frente a este fallo, ambas partes presentaron recursos que deben ser resueltos por el máximo tribunal. CIPER consultó a Mega por este dictamen, pero la estación declinó referirse al tema.
Hace más de dos años y medio, el 6 de abril de 2023, la periodista Paulina de Allende-Salazar fue despedida del canal Mega tras cometer el error de llamar “paco”, en un despacho en directo, a un carabinero asesinado por delincuentes. Ahora, la Corte Suprema ratificó el fallo adverso para la emisora que fue dictado en agosto de este año por la Corte de Apelaciones de Santiago, estableciendo que el canal vulneró derechos fundamentales de la profesional, por lo que debe pedirle disculpas públicas. El dictamen también estableció que la estación debe generar un protocolo que establezca un “procedimiento objetivo” para que los periodistas puedan rectificar en pantalla sus eventuales errores. Por último, la resolución determinó que los empleados del canal deben recibir capacitación presencial sobre derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística.
El fallo de la Suprema confirmó que las disculpas públicas deben transmitirse en el programa matinal Mucho Gusto y a través de todas las plataformas de la emisora. De acuerdo con el dictamen, estas disculpas se deben a la vulneración de la honra y de la libertad de emitir opinión e informar sin censura de la periodista. En relación al protocolo exigido por la resolución, este debe ser visado por la Dirección del Trabajo, y su objetivo es que todos los periodistas contratados por Mega, en caso de que cometan errores, “sean oídos y que se les permita efectuar las correcciones o personalmente las rectificaciones en pantalla”. Asimismo, el fallo ratificó que todos los periodistas y ejecutivos con cargos gerenciales del canal deben recibir una capacitación ciento por ciento presencial, realizada por el Colegio de Periodistas, en materia de derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística.
Tras conocerse el dictamen supremo, la semana pasada ambas partes interpusieron un recurso de reposición ante el máximo tribunal. De acogerse alguno, esto potencialmente podría modificar el fallo en favor de la parte demandante o demandada.
Sobre la resolución del máximo tribunal, Paulina de Allende-Salazar señaló: “Aquí se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra. Eso, en el ejercicio del periodismo, es muy complicado”.
A juicio de la comunicadora, uno de los elementos más relevantes del fallo “es que envía, sobre todo a las gerencias de un medio de comunicación tan grande y tan importante como Mega, a estas clases” sobre derechos fundamentales, libertad de expresión y ética periodística. “Claro, la responsabilidad social de quién comunica es muy importante. Entonces, ¿cómo van a reaccionar frente a un error sin pasar a llevar la libertad de expresión ni la honra de sus trabajadores?”, comentó la periodista.
CIPER se contactó con la gerencia de comunicaciones de Megamedia para consultar sobre este dictamen. Sin embargo, señalaron que no se pronunciarán, debido a que no se refieren a procesos judiciales en curso.
Sobre la relevancia de la resolución, el abogado demandante, Diego Sobarzo, señaló que lo ocurrido a Paulina de Allende fue un hecho inédito y que la posición de la Corte Suprema es importante “no solamente en materia de libertad de expresión, sino que también en materia de libertad de información. Los periodistas son una base fundamental en cualquier república democrática, porque finalmente ellos están administrando y entregando la información a las distintas personas”.
Según Sobarzo, tras el recurso de reposición interpuesto por ambas partes después del dictamen del máximo tribunal, pueden ocurrir dos cosas: “[que] la Corte Suprema ratifique su decisión, por lo que no habría potencialidad de modificar lo indicado por la Corte de Apelaciones [de Santiago], o que reconsidere su decisión y acepte conocer ambos o alguno de los recursos. Y ahí sí habría alguna potencialidad de modificación”.
El fallo de la Suprema también ratificó que “consecuente a la declaración de despido lesivo de derechos fundamentales, corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva por $3.201.173, la indemnización por años de servicio ascendente a $6.402.346, recargo legal del 80% por $5.121.877 y una indemnización adicional ascendente a $63.761.928, equivalente a seis remuneraciones”, especificó el fallo. A eso se suma el pago del daño extrapatrimonial, por la suma de $20 millones, con reajustes e intereses.
En total, la suma a pagar sería cercana a $98 millones, sin considerar intereses ni reajustes.
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