Ingresan acusación constitucional contra juez de la Suprema Diego Simpertigue; aprueban millonaria inyección a presupuesto de Contraloría y Ejecutivo llama al CNTV a reconsiderar rechazo de campaña contra la violencia hacia la mujer

Diputados oficialistas ingresaron una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, respecto a sus actuaciones en la disputa judicial entre el consorcio de origen bielorruso Belaz Movitec y Codelco, como también en el caso Fundamenta, el que fue revelado por CIPER (vea aquí ese reportaje).

El escrito consta de tres capítulos. En el primero se le acusa de infringir el deber de probidad, abstención e imparcialidad en el caso del consorcio bielorruso. El segundo apunta a la falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales y, el último, por infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad en la tramitación del caso Fundamenta. De aprobarse la acusación constitucional, significaría la destitución de Simpertigue y quedaría con la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.

La Corte Suprema ya había iniciado un sumario para Simpertigue.

Juez Diego Simpertigue (Créditos: Víctor Salazar / Agencia Uno)

Este lunes, el Senado continuó votando las partidas de la Ley de Presupuestos 2026 y aprobó un aumento de $1.536 millones para la Contraloría General de la República. De ese total, $350 millones van dirigidos al gasto de personal.

Según consignó Bío-Bío, la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, señaló: “Lo que hicimos es suplementar recursos a la Contraloría, en particular, en el orden de fortalecer su sistema informático —almacenamiento, base de datos, mantención y soporte— (…) y aumentar la cantidad de funcionarios en Contraloría”.

Hasta ahora, al menos 2.200 servicios públicos son fiscalizados por solo 500 funcionarios de la Contraloría, por lo que este aumento del presupuesto no solo reducirá la carga laboral, sino que permitirá fortalecer y aumentar la fiscalización.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) rechazó la exhibición de la campaña sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, presentada por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en nombre del Ministerio de la Mujer, por lo que la ministra Camila Vallejo solicitó a nombre del Ejecutivo que el consejo reconsidere la decisión.

En el marco del Día por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre, la Segegob solicitó el 6 de noviembre que el consejo autorizara la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, la que se extendería entre el 20 y el 25 de ese mismo mes. Sin embargo, el CNTV la rechazó argumentando que “el mensaje que transmite puede generar confusión, además, de estimar que, en periodos electorales, como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden”, señaló el organismo.

La ministra Vallejo indicó que «hemos decidido apelar a esta decisión, porque no se entiende que se utilice como argumento el estar en contexto electorales para rechazar una campaña que busca proteger a las mujeres, mujeres de todas las edades, mujeres diversas que existen en nuestro país (…) necesitamos obviamente que haya una reconsideración y que, en última instancia, se apruebe para poder difundir esta campaña que es muy importante, y que se ha venido trabajando hace mucho tiempo».

Ministra Camila Vallejo durante el punto de prensa del lunes 24 de noviembre 2025 (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

La Fiscalía Regional de Aysén solicitó al Juzgado de Garantía de Coyhaique que fije la audiencia de formalización del diputado Miguel Ángel Calisto, luego de que la Corte Suprema ratificó el desafuero del parlamentario por la investigación por fraude al fisco en su contra. El tribunal deberá programar la audiencia para Calisto, quien fue electo como senador por la zona en las elecciones del pasado 16 de noviembre.

El parlamentario enfrenta una indagatoria luego de una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por eventuales irregularidades mientras se desempeñaba como diputado por la Región de Aysén. Se le acusa de haber desviado sus asignaciones del Congreso con boletas por falsas asesorías parlamentarias, provocando un perjuicio fiscal de $100 millones entre 2018 y 2022.

El Ministerio Público también espera formalizar a Roland Cárcamo, Carla Graff y a Felipe Klein, imputados en la causa en calidad de autores.

Diputado Miguel Ángel Calisto (Créditos: Sebastián Ríos Morales / Agencia Uno)