Este lunes 17 CIPER publicó las similitudes del Caso Fundamenta con las del consorcio bielorruso CBM, en el que se investigan coimas y lavado de dinero. Los protagonistas de la causa de CBM se repiten en la de Fundamenta. En esta última, los jueces Ángela Vivanco y Diego Simpertigue fallaron a favor de la inmobiliaria, con lo que se destrabó la edificación de uno de sus proyectos en Ñuñoa. Fue Vivanco la que pidió a Simpertigue que se sumara a la sala de la Suprema que revisó el caso, después de que el juez Sergio Muñoz fue inhabilitado. Ahora se sabe que en esos días Fundamenta ya había contratado a los mismos abogados -Eduardo Lagos y Mario Vargas- que están acusados de pagar coimas a Vivanco, uno de los cuales además viajó en un crucero con Simpertigue. Así lo demuestran documentos contables de sociedades de estos abogados, los que fueron entregados por el SII a la fiscalía. En las facturas aparecen pagos por un total de $608 millones de parte de una empresa controlada por Fundamenta y, de ese monto, $410 millones se relacionan con la recusación del exministro Muñoz.
Según una respuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII) a una solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga el caso del consorcio de origen bielorruso Belaz Movitec (CBM), la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada, facturó $414 millones a Plaza Egaña SpA, controlada por Inmobiliaria Fundamenta. Y según se señala en la planilla Excel que el SII envío a la fiscalía, el detalle de esa asesoría jurídica corresponde a lo siguiente:
“Al directorio y gerente general respecto de la causa Rol 1085-2022, definición de estrategia, redacción de informes jurídicos en causa, construcción de minutas de alegatos, interposición de recusación e incidente de nulidad ante los Tribunales Superiores de Justicia, en el año 2022 y el año 2023”.
El rol de la causa citada en esa información corresponde al caso en que se recusó al entonces presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La sociedad Plaza Egaña SpA tenía una disputa ambiental con vecinos de la comuna de Ñuñoa que mantenía paralizado uno de sus proyectos estrella: el edificio Eco Egaña Sustentable, iniciativa que involucraba una inversión de US$300 millones. Y el supremo Sergio Muñoz había fallado en contra de la empresa controlada por Fundamenta y a favor de los vecinos reclamantes.
Aunque los documentos contables muestran que recibieron un pago millonario, ni Vargas ni Lagos ni Silber figuraron como abogados visibles en esa causa entre Fundamenta y los residentes de Ñuñoa. Tampoco aparecieron en la recusación contra Muñoz. Quien ingresó el recurso para inhabilitarlo fue el abogado Marco Fuentes, amigo de Vargas desde hace 15 años y quien logró sacar de la Tercera Sala al exministro. De hecho, producto de esta recusación, más adelante Muñoz sería acusado constitucionalmente y destituido del máximo tribunal.
La salida de Sergio Muñoz generó que el fallo que ya estaba adoptado, que era adverso a Fundamenta, quedara sin efecto y que la causa se revisara de nuevo. La ausencia de Muñoz permitió que Ángela Vivanco asumiera de manera temporal la presidencia de la Tercera Sala. En reemplazo de Muñoz, originalmente debía integrar la sala la ministra Soledad Melo, pero Vivanco pidió que lo hiciera Diego Simpertigue. Ambos votaron a favor de la inmobiliaria que era cliente de Lagos y Vargas, revirtiendo el fallo original adverso para esa empresa. Así, se destrabó el proyecto de Ñuñoa y se pavimentó el camino para la acción civil que posteriormente presentarían Lagos y Vargas, en representación de Fundamenta, en la que se pide al fisco una indemnización de $25 mil millones.
Los mismos nombres de la trama del consorcio bielorruso que ahora investiga la fiscalía, figuraron en la causa de Fundamenta: como los abogados Lagos y Vargas, ahora acusados de pagar coimas a la entonces jueza Vivanco, y el magistrado Simpertigue, quien tras fallar a favor del consorcio se fue de viaje en un crucero con el abogado Lagos, razón por la que ahora es investigado. No solo se repiten nombres, sino también prácticas: relatoras de la corte han dicho que en el caso de Fundamenta, Vivanco también presionó para apurar la redacción del fallo y que la misma jueza les comentó que había hablado con los abogados de la empresa, la que estaba teniendo “una pérdida millonaria”:
“[La ministra Vivanco] me indicó que el motivo de la llamada era la causa de Fundamenta, porque como presidenta de la sala recibió un reclamo de los abogados de la referida causa, la que me había sido asignada. Me señaló que le informaron que había ingresado hacía meses a la Corte, sin que fuera puesta en tabla, lo significaba una pérdida millonaria para la empresa que tenía paralizado un proyecto. Me indicó que revisara la situación y le señalara cuándo podía poner la causa en tabla, refiriendo que debía ser lo antes posible y se lo comunicara a su teléfono personal”, señaló la relatora Sandra Araya.
Mario Vargas (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)
La relación comercial de las sociedades de Lagos y Vargas con Fundamenta venía un poco antes de ese pago asociado a la estrategia para sacar a Muñoz. Según la información que el SII envió al Ministerio Público, en total fueron $608 millones los facturados por tres sociedades de Lagos y Vargas a Plaza Egaña SpA. Estos partieron el 3 de octubre de 2022 y culminaron en diciembre de 2023. Según los documentos notariales de patrocinios en esa causa, los mandantes de Plaza Egaña SpA que dieron poder a los distintos abogados que litigaron en esa causa, fueron sus directores Pablo Medina, Francisco Javier Blanco y Andrés Echeverría. Pese a que los pagos se iniciaron en 2022, Vargas y Lagos solo aparecen con poder para representar a la empresa en diciembre del año siguiente.
CIPER tomó contacto con los representantes de Matriz Plaza Egaña SpA, Andrés Echeverría, y de Plaza Egaña SpA, Pablo Medina. Para este reportaje Echeverría no respondió consultas. Y tras enviar un correo a Medina, CIPER fue contactado por la consultora comunicacional Nexus. Esta empresa de asesorías envió dos documentos y una rectificación: uno con respuestas a nuestras consultas (véalo acá) y otro con una declaración pública (revísela aquí). En estos documentos se explica que fue el abogado y exdiputado DC, Gabriel Silber, quien contactó a Fundamenta a través de uno de los inversionistas del proyecto, después de la paralización de este el 4 de abril de 2024.
En la declaración enviada por Nexus señalan que la asesoría prestada por Lagos, Vargas y Silber, incluyó “gestiones con vecinos, relacionamiento con autoridades y apoyo en el proceso administrativo y judicial”. CIPER pidió precisar si este “apoyo en el proceso administrativo y judicial” se relacionaba con la recusación de Sergio Muñoz. La respuesta, por WhatsApp, indicó que eso estaba contestado en las respuestas a nuestras consultas, en la parte donde señalan que la asesoría de los abogados incluyó “apoyo en la estrategia legal mediante la provisión de informes jurídicos, pero no el patrocinio de las causas”.
CIPER también pidió precisiones sobre a qué se refiere el “relacionamiento con autoridades” que estaba considerado en la asesoría que estos abogados prestaron a Fundamenta, pues en la plataforma Infolobby no hay registro de reuniones de estos profesionales que se relacionen con este proyecto. La respuesta enviada por Nexus indicó que debían hacer una precisión y rectificación, porque el relacionamiento con autoridades se le encargó a la empresa Imaginaccion, la que asistía a encuentros con funcionarios de entidades públicas en conjunto con el titular del proyecto.
En sus respuestas, la empresa destaca que “sólo después del fallo de la Corte Suprema este equipo [Lagos, Vargas y Silber] asumió la representación de la empresa en los procesos civiles y penales”. Y agregó que, conocidas las informaciones acerca de que dos de estos abogados están siendo investigados por la fiscalía debido al caso CBM, Fundamenta resolvió poner fin a sus contratos. “A fin de lograr la reactivación del proyecto Egaña, hemos trabajado con decenas de profesionales, de los cuales no hemos dudado sobre su integridad y honradez, por lo cual el actuar de estos profesionales nos escandaliza e indigna, de ser ciertos los hechos que se les imputan”, finaliza su respuesta.
El lunes pasado, CIPER publicó los primeros antecedentes de esta nueva causa en la que Ángela Vivanco y Diego Simpertigue habían fallado a favor de clientes de Vargas y Lagos (vea ese artículo), cuya tramitación tiene similitudes con el litigio entre el consorcio de origen bielorruso CBM y Codelco. Este último caso dio pie a una indagatoria de la fiscalía en la que se pesquisan pagos a Vivanco supuestamente hechos por los abogados Lagos y Vargas. La teoría de la fiscalía apunta a que a Vivanco le pagaron por emitir fallos que significaron que Codelco le pagara $17 mil millones a CBM.
Lagos, Vargas y la pareja de la ministra, Gonzalo Migueles -quien presuntamente recibió las coimas de los abogados-, se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por cohecho, soborno y lavado de activos.
Tal como en la tramitación de la causa CBM, en la de Plaza Egaña SpA (Inmobiliaria Fundamenta) se han descrito eventuales anomalías. Por ejemplo, según una declaración jurada de una de las relatoras que vio ese proceso, la ministra Vivanco le pidió agilizar el fallo. Este, según se afirma en ese testimonio, se había acordado el 24 de febrero de 2023 y se tuvo que enviar el borrador un domingo para que el 1 de marzo, es decir, cinco días después, fuera firmado. Además, para ese fallo, según expuso el exministro Muñoz en un escrito que presentó al Senado para defenderse de la acusación constitucional, fue Vivanco quien pidió que Simpertigue integrara extraordinariamente la sala.
Inicialmente, estaba previsto que la magistrada Soledad Melo reemplazara a Muñoz, pero Vivanco pidió a Simpertigue. Para un reportaje anterior, CIPER consultó a la exjueza porque solicitó ese cambio: “Lo que pasa es que Melo era de la Primera Sala y tenía mucho menos relación con causas de ese tipo”, dijo (lea acá la respuesta completa que entregó Vivanco a CIPER en esa ocasión).
A través del comunicado enviado a CIPER por Plaza Egaña SpA, la empresa destaca que, a su juicio, la reactivación del proyecto Eco Egaña no se habrían visto beneficiada por la resolución del 1 de marzo de la Corte Suprema (que es aquella en la que votaron Vivanco y Simpertigue):
“El proyecto Eco Egaña cuenta con aprobación ambiental firme desde noviembre de 2022, otorgada por la Dirección Ejecutiva del SEA. Esa resolución —que no fue impugnada— es la que habilita el proyecto para continuar con su construcción. La sentencia de la Corte Suprema de marzo de 2023 no otorgó ni modificó esta aprobación, pues se refirió a una controversia anterior que ya había sido resuelta por la autoridad ambiental. En efecto, no tuvo impacto en la continuidad del proyecto, debido a que la aprobación administrativa ya estaba vigente”, indica el comunicado.
La salida del juez Muñoz impidió que se publicara el fallo original que era adverso para Fundamenta. Ese dictamen nunca se conoció, pero durante la tramitación de la acusación constitucional contra Muñoz se supo que él había votado en contra de la empresa. Este retraso abrió una ventana de tiempo en que la autoridad ambiental aprobó por la vía administrativa los permisos para el proyecto. Así, cuando se emitió esa autorización, no colisionó con un pronunciamiento previo de los supremos. Y, posteriormente, cuando al fin hubo un fallo del máximo tribunal -en el que votaron Vivanco y Simpertigue-, fue un dictamen favorable a Fundamenta, con lo que se extinguió cualquier posibilidad de reclamo por razones ambientales y se aseguró no solo la reactivación de las obras, sino que estas no volvieran a ser interrumpidas.
El nuevo fallo sin Muñoz, además, posibilitó que nueve meses después los abogados Lagos y Vargas patrocinaran otra ofensiva judicial, esta vez de Plaza Egaña SpA contra el Estado de Chile. La inmobiliaria demandó al fisco y pidió ser indemnizada por la paralización de sus obras: pidió 700 mil UF, cerca de $25 mil millones de la época.
La recusación contra el ministro Muñoz que Lagos y Vargas propiciaron, tuvo efectos posteriores. En 2023, Vivanco fue llevada a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, luego de que CIPER publicara el “pantallazo” de un chat en que su pareja, Gonzalo Migueles, aparece interviniendo en el nombramiento del fiscal nacional. En esa oportunidad el máximo tribunal también revisó el caso de Muñoz. Si bien, la corte decidió no abrir un cuaderno de remoción a Muñoz -como sí lo hizo con Vivanco-, parlamentarios levantaron una acusación constitucional que prosperó y el magistrado fue destituido.
El argumento que fundamentó la salida de Muñoz de la causa de Plaza Egaña SpA, es que su hija, Graciel Muñoz, había comprado departamentos en el edificio de la disputa y, según una declaración jurada de una ejecutiva de ventas de la misma inmobiliaria, ella le habría dicho que su padre le recomendó que “moviera las platas” de ese proyecto.
El encargado de recusar a Muñoz fue el abogado Marco Fuentes, quien solo tuvo esa participación en el caso. Pero, su relación comercial con Vargas, Lagos y sus sociedades, es más amplia: CIPER constató que en una de las cuentas de Vargas registra un pago de $1,5 millones dos meses antes de que entrara a la causa de Fundamenta. Y, según facturas pagadas por Inversiones Lagos y Lagos Limitada y Lagos Asesorías Legales Limitada -también señaladas en el Excel que el SII envió a la fiscalía- figuran otros tres pagos en años distintos: uno por $1,5 millones, en marzo de 2022; otro por $13 millones, en diciembre de 2023, y otro por $16,5 millones, en febrero de 2024.
LOS PAGOS DE EGAÑA Y LA TRAMITACIÓN
La información recabada por el SII incluye los registros de facturas emitidas y recibidas por tres sociedades que pertenecen a los abogados Silber, Lagos y Vargas:
En total, estas sociedades emitieron seis facturas por un total de $608.283.601 a la empresa Plaza Egaña SpA, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023.
Según el registro del SII, la primera factura emitida a nombre de Plaza Egaña SpA es por un total de $33 millones y data del 3 de octubre de 2022. Para ese día había sido fijada la votación de recursos ingresados en paralelo a la Corte Suprema por tres actores: los vecinos del proyecto, la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental, pero la sesión no se llevó a cabo debido a una solicitud de la abogada de esta última entidad.
Tres días después de que la Tercera Sala de la corte revisó la causa, el 22 de octubre de 2022, Lagos y Asociados SpA emitió una factura por $34 millones. Este primer fallo es el que nunca llegó a ser publicado, ya que el juez Sergio Muñoz fue recusado después de que La Tercera difundió un reportaje que vinculaba a la hija del ministro con el proyecto Eco Plaza Egaña.
El siguiente documento que consta en el registro enviado por el SII a los fiscales, señala que hubo otro pago, por $53 millones, correspondiente a una factura del 21 de marzo de 2023. Veinte días antes de la emisión de esa factura se había firmado el fallo en que participaron Simpertigue Y Vivanco.
La factura más elevada de la lista corresponde a $414 millones y fue emitida el 5 de abril de 2023 por Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada. Según la descripción de los servicios prestados que informó el SII, correspondió al servicio de asesoría al directorio y al gerente general de Plaza Egaña SpA respecto a la causa N°1085-2022, que es la causa en la que se recusa a Sergio Muñoz, en la que estos abogados no figuraron públicamente:
“Definición de estrategia, redacción de informes jurídicos en causa, construcción de minutas de alegatos, interposición de recusación e incidente de nulidad ante los Tribunales Superiores de Justicia, en el año 2022 y el año 2023.UF 11.537,5 (Valor UF al 08-05-2023 $35.943,26)”, dice.
La última factura registrada data del 27 de diciembre de 2023 y corresponde a servicios jurídicos según un contrato de honorarios. Acá partió una nueva estrategia judicial, en la que sí salen a la luz los nombres de los tres abogados. En este marco presentaron la demanda civil contra el fisco en representación de Plaza Egaña SpA, en la que también participó la abogada María Paz Guerra Fuenzalida (hermana del exfiscal Guerra), acción en la que exigían la indemnización por más de $25 mil millones.
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