Celular de Vivanco revela que supremo Simpertigue habría intervenido en nombramiento judicial; revisarán fotos de RR.SS. para probar mal uso de licencias; joven buscado por su familia estuvo 75 días en el SML, y confirman multa a clínica por pedir pagaré a paciente de urgencia

La investigación que lleva la fiscalía contra la exministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, alcanzó al ministro supremo Diego Simpertigue. Un reportaje de Bío Bío reveló que la fiscalía encontró en el celular de la exjueza “pantallazos” de conversaciones entre dos personas que indican que Simpertigue intervino, fuera del marco legal, en la nominación de al menos un juez del máximo tribunal. Se trata de una acción similar a la que se reprocha al juez de la corte de Santiago, Antonio Ulloa, cuya acusación constitucional será definida por el Senado este lunes 20 de noviembre.

Los “pantallazos” registran mensajes entre una persona identificada como Francisco Cruz y otra no individualizada. Ambos hablan sobre una cena en casa de Simpertigue, con asistencia de otros supremos y senadores, en la que abordarían la vacante que dejaría el retirado ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

Los mensajes indican que a ese encuentro habría sido invitado el senador Matías Walker (Demócratas), quien lideraba la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, encargada de ratificar a los candidatos para integrar el máximo tribunal. Consultado por Bío-Bío, Walker negó haber participado o planeado asistir.

Los chats también indican que asistirían senadores del Partido Socialista (PS), sin identificarlos.

Ángela Vivanco (Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) aprobó la normativa que permitirá que las isapres y la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (Compin) soliciten información al Servicio de Impuestos Internos (SII) o a la PDI para probar el mal uso de licencias médicas. El documento autoriza además a esas entidades a revisar publicaciones en redes sociales para constatar el incumplimiento de los permisos. La medida se originó por los casos detectados por la Contraloría en que funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia.

La circular de la Suseso señala que las isapres y la Compin “podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso”. Esos antecedentes deberán dar cuenta “de forma fehaciente de la situación de incumplimiento de reposo, de manera tal que exista certeza de que el hecho publicado ocurrió efectivamente durante el periodo de reposo”, señala el documento. En el caso de las licencias de carácter psiquiátrico, salir del domicilio declarado no contará como incumplimiento si se trata de traslados dentro del país.

(Créditos: Salvador Pedrini / Uno Noticias)

Como un hecho de “extrema crueldad” calificó la abogada de la familia de un joven que estaba desaparecido desde el 21 de agosto, pero que se encontraba desde ese mismo día en el Servicio Médico Legal (SML), sin que se diera aviso a sus parientes. Según informó Emol, el estudiante de Sociología de la Universidad de Chile falleció en el Metro y fue trasladado al SML, pero recién el 4 de noviembre esa institución informó que tenía su cuerpo.

La abogada Mariana Rojas criticó la actuación del SML, calificándola de negligente, “por el dolor que se le ha provocado a la familia al estar más de 70 días sin saber dónde estaba su hijo”.

El SML comunicó que, para lograr la identificación, se enviaron las huellas dactilares al Registro Civil en dos oportunidades, el 22 de agosto y el 15 de septiembre, pero que recibieron respuesta recién el 4 de noviembre.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La Corte de Apelaciones de Santiago no consideró el reclamo de ilegalidad presentado por la Clínica Indisa, el que pretendía dejar sin efecto la multa de 700 UTM (unos $50 millones) que se le impuso por pedir un pagaré a un paciente que ingresó por urgencias.

En 2021, Luis Palma Cifuentes ingresó a la Clínica Indisa por una “insuficiencia cardiaca descompensada y edema pulmonar agudo”. El centro de salud le exigió firmar un pagaré. Según la resolución del tribunal, esa conducta está expresamente prohibida por tratarse de una condición de riesgo vital y/o secuela grave, por lo que requería atención inmediata.

La clínica consideraba desproporcionado el monto en comparación con otras multas por infracciones similares. Pero, la resolución indica que se descartó el argumento de desproporcionalidad, debido a que se trata de una conducta grave en que la misma institución reconoció reincidencia.

(Créditos: David Cortes Serey / Agencia Uno)