Oposición reactiva posible acusación constitucional contra Pardow; imputados en Caso SQM guardan silencio en última audiencia; formalizan a exadministrador del GORE de Arica y Contraloría ordena a la UFRO reintegrar $4.300 millones

Diputados de oposición anunciaron que reactivaron el análisis de una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se conociera un nuevo error en el cobro de las cuentas de luz. La salida de Pardow del gabinete, luego de revelarse la primera falla, asociada el cambio de metodología de cálculo de las tarifas eléctricas, había conseguido aplacar la iniciativa que pretendía destituirlo por la vía parlamentaria. Sin embargo, volvió a tomar fuerza, opción que de aprobarse dejaría al exsecretario de Estado imposibilitado de desempeñar cargos públicos por cinco años.

La discusión resurgió tras el anuncio del recién nombrado biministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien reveló que la empresa transmisora Transelec había realizado “sobrecobros” a sus clientes, lo que generó una recaudación a su favor de unos US$100 millones. A la par, anunció que desde el próximo enero se realizarán rebajas en las cuentas para compensar.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, sostuvo que la acusación parece justificarse “pero lo vamos a socializar con toda la oposición”. Asimismo, el diputado republicano Juan Irarrázabal señaló que desde su partido analizarán sumarse.

Diego Pardow (Créditos: Oscar Guerra / Agencia Uno)

Tras casi tres años de juicio en el Caso SQM, el exsenador Pablo Longueira; el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; el exgerente general de la minera, Patricio Contesse, y otros cinco imputados, decidieron guardar silencio ante el tribunal en la última audiencia del proceso, a la espera del veredicto de primera instancia que se dará a conocer este miércoles 22 de octubre.

En el caso que vinculó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) con el financiamiento ilegal de la política, se persiguen delitos tributarios, cohecho y soborno. La Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por Claudia Perivancich, solicitó 818 días de presidio y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Longueira; cuatro años de presidio menor para Enríquez-Ominami y siete años de presidio, además de cinco años y un día de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, para Contesse. El Ministerio Público también incluyó multas millonarias para todos los imputados.

El Mostrador constató que el juicio contó con 558 días de audiencia, 615 testigos, 52 peritos y la dedicación exclusiva de la jubilada fiscal Carmen Gloria Segura (vea aquí).

Pablo Longueira durante la audiencia del Caso SQM (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

La Fiscalía Regional de Atacama formalizó al exadministrador del Gobierno Regional (GORE) de Arica y Parinacota, Leonel Huerta, por el delito de fraude al fisco. Esto, según informó El Mostrador, debido al traspaso de más de $246 millones desde el organismo regional a la Fundación Comprometidos, para la ejecución del proyecto “Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas”. La entidad estaba vinculada al partido Mejor Región, del que Huerta era parte.

El Ministerio Público indaga tres aristas. Una de ellas incluye a diez imputados relacionados con un proyecto de distribución de agua en campamentos de Atacama, realizado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), y a la iniciativa del GORE de Antofagasta “Control Poblacional Canino y Felino Tocopilla 2.000 Cirugías”. Ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación en contra de los imputados tras el cierre de la investigación.

Frontis Gobierno Regional de Arica y Parinacota (Créditos: sitio web GORE Arica)

La Contraloría revisó las rendiciones de la Universidad de La Frontera (UFRO) desde 2019 a 2024 y detectó que, de $5.641 millones que no fueron ejecutados del total del Aporte de Universidades Estatales (AIUE), hay $4.339 millones que no aparecen en las cuentas corrientes habilitadas para el control financiero de estos fondos. El organismo fiscalizador ordenó a la casa de estudios, que arrastra hace tiempo una profunda crisis económica, reintegrar el monto en un plazo de 30 días.

Además, la Contraloría identificó que la Subsecretaría de Educación observó inconsistencias y falta de antecedentes de los gastos rendidos en los meses de junio, noviembre y diciembre de 2023, además de déficit en la conciliación bancaria. A su vez, el establecimiento traspasó $5.650 millones desde los fondos AIUE para financiar remuneraciones del personal, lo que es improcedente, según el ente contralor.

Frontis Universidad de La Frontera (Créditos: sitio web Demre)