Ministro de Energía reconoce nuevo error en las cuentas de luz; fiscalía no persevera en caso de la Casa de Allende; fiscal de Procultura acusa a tribunal de negligencia, y clubes de fútbol femeninos reciben multas de $154 millones

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, informó que la empresa transmisora eléctrica Transelec reconoció que cobró de más a sus clientes y que por ese error, recaudó más de US$100 millones. El secretario de Estado aclaró que se devolverán las diferencias que corresponden a los usuarios a través de una rebaja en las cuentas de luz en enero próximo. Este nuevo antecedente se suma a la falla en el cálculo de las tarifas eléctricas revelada días atrás por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Transelec señaló que las inconsistencias “se debieron a la complejidad del proceso tarifario bajo la Ley de Transmisión publicada en 2016”. También, indicaron que en diciembre del año pasado le comunicaron la situación al Gobierno, a la CNE y al Coordinador Eléctrico y que la empresa «se ha puesto a disposición de la autoridad para corregir la situación, junto con manifestar su compromiso de devolver íntegramente las diferencias que correspondan a los clientes finales, en coordinación con las autoridades».

Álvaro García (Créditos: Sebastián Beltran Gaete / Agencia Uno)

La Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no perseverar en la causa que investigaba la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende -por $993 millones- por parte del Estado, al no contar con los antecedentes suficientes para probar los presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco, ilícitos que perseguía el fiscal Patricio Cooper.

El Ministerio Público sostuvo: “No se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”. Además, informó que diez imputados declararon. Entre ellos, la exministra de Defensa Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, quienes figuraban como propietarias del inmueble ubicado en Providencia. Si bien la fiscalía no comprobó delitos, tanto Allende como Fernández fueron removidas de sus cargos por incurrir en una falla administrativa, ya que la Constitución prohíbe que senadores y ministros celebren contratos con el Estado. En el caso de la exsenadora, hija del exmandatario, fue destituida por el Tribunal Constitucional.

Maya Fernández e Isabel Allende (Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)

Según dio a conocer Radio Bio-Bío, la fiscalía de Antofagasta interpuso una queja disciplinaria ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad en contra del juez de garantía Hans Durán, quien aprobó que la causa que investiga a la Fundación Procultura, y que tiene como imputado al gobernador metropolitano Claudio Orrego, sea tramitada en Santiago (vea aquí). El fiscal Eduardo Ríos espera que el tribunal de alzada determine las medidas necesarias para remediar el mal causado tras una decisión que, considera, “negligente y apresurada”.

El fiscal Ríos alega en el escrito que el actuar del magistrado se ha hecho “de un modo disciplinariamente indebido y, por tanto, inaceptable para sus funciones, siendo inexcusablemente negligente en el cumplimiento de su deber”. En su argumentación, el persecutor sostiene en los considerandos, por ejemplo, que el juez Durán redactó en 20 minutos un fallo de más de 3.000 palabras que “para un usuario avezado, la redacción, esquematización, fundamentación y revisión final de esta resolución habría tomado aproximadamente 4 a 6 horas”. A juicio del Ministerio Público esta rapidez en la redacción de la resolución que acogió el traslado de la causa a Santiago, significó que la resolución carezca “de la coherencia lógica interna propia de una resolución judicial, que derivó en una condena en costas arbitraria e injusta” a la Fiscalía, algo que la defensa de Claudio Orrego ni siquiera había solicitado.

Esto a raíz del requerimiento de la defensa de Orrego para trasladar la causa en medio de la solicitud de desafuero presentada por la fiscalía en su contra, argumentando que los hechos investigados estaban radicados en Santiago. El juez Durán determinó la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta y más tarde, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la decisión luego de la apelación del ente persecutor.

Eduardo Ríos (Créditos: Fiscalía de Tarapacá)

La Dirección del Trabajo (DT) fiscalizó al fútbol femenino entre marzo y mayo de 2025, y resolvió la aplicación de 58 multas por más de $154 millones a 14 equipos de Primera División y 18 del Ascenso. El organismo informó que, entre otras irregularidades, debió suspender entrenamientos, ya que las jugadoras no contaban con baños separados ni las condiciones mínimas en las instalaciones, y constató vulneraciones a derechos fundamentales como desigualdad en las remuneraciones, según consignó ADN (vea aquí).

La DT aplicó sanciones a los clubes por no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo; no proporcionar a los trabajadoras los elementos de protección personal; no dotar de vestidores y/o guardarropas fijo o móvil; no disponer de duchas con agua fría y caliente y, no exhibir la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización. La inspección concluyó que Audax Italiano fue el único equipo que no tenía al 100% del plantel contratado e incumplió la Ley 21.435.

En todo caso, el monto de las multas de este año es inferior a los $184 millones del 2024 y los $225 millones de 2023.

Imagen referencial (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)