Perú y el sueño de muchos países: despertar con la destitución de su presidente
13.10.2025
La autora de esta columna analiza la reciente destitución en Perú de Dina Boluarte, y alerta sobre el peligro de sistemas con pocas exigencias como para sacar del cargo a un presidente y que generan aún más inestabilidad. Sostiene que «mientras no se fortalezcan los sistemas de control, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva, la democracia seguirá siendo un escenario de maniobras tácticas y cortoplacistas, en lugar de un instrumento que garantice derechos y bienestar a los ciudadanos»
Créditos imagen de portada: www.gob.pe
En muchos países, el sueño recurrente es dormir y despertar con la noticia de que el presidente ha sido destituido. Sin embargo, este sueño se convierte rápidamente en una pesadilla cuando la inestabilidad política se instala y el país se ve sumido en un ciclo interminable de crisis. Perú es un claro ejemplo de esta dinámica.
El 10 de octubre de 2025, el Congreso de Perú destituyó por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte, con 124 votos a favor y ninguno en contra. La moción de censura se fundamentó en su «incapacidad moral permanente», citando el aumento de la inseguridad ciudadana y acusaciones de corrupción. Entre las denuncias más graves se encuentra la acumulación de una colección de joyas valorada en 500.000 dólares, incluyendo un reloj Rolex de 19.000 dólares, mientras su salario mensual era de 4.200 dólares.
La gestión de Boluarte estuvo marcada por una creciente desaprobación popular. En septiembre de 2025, su aprobación alcanzó un mínimo histórico del 3%, según una encuesta Ipsos. Además, el sondeo señala que el 56% de los peruanos consideraba a Boluarte responsable de la inseguridad ciudadana.
La crisis de seguridad fue otro factor determinante en su destitución. En 2024, según El Balance de Homicidios de Insight Crime Perú registró 2.040 asesinatos, la cifra más alta en ocho años. Además, se registraron cuatro veces más denuncias por extorsión que en 2017. Esta situación evidenció la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La inestabilidad política en Perú no es un fenómeno reciente. Desde 2016, el país ha tenido siete presidentes, reflejando una profunda crisis de gobernabilidad. Este constante cambio de líderes ha generado desconfianza en las instituciones y ha dificultado la implementación de políticas públicas efectivas.
En este contexto, la figura de la revocatoria de mandato ha cobrado relevancia. Este mecanismo permite a la ciudadanía solicitar la destitución de autoridades electas, como alcaldes y presidentes regionales. Sin embargo, la revocatoria presidencial no está permitida en Perú. La Constitución y la Ley N.º 26.300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos especifican que no procede la revocatoria contra el presidente de la República ni contra los congresistas, es por eso que se recurre a la figura de la «vacancia por incapacidad moral permanente». A diferencia de la revocatoria, este mecanismo no involucra directamente a la ciudadanía y ha sido utilizado en varias ocasiones, como en el caso de Dina Boluarte.
Aunque la revocatoria puede ser una herramienta democrática válida, su uso debe ser responsable. Requisitos bajos o procesos manipulados pueden convertirla en un instrumento de inestabilidad política, como se ha observado en Perú. La destitución de Boluarte, aunque respaldada por el Congreso, refleja una crisis institucional más profunda que no se resolverá solo con cambios de liderazgo.
La situación de Perú es un espejo de los desafíos que enfrenta América Latina. La falta de liderazgos sólidos, la corrupción y la inestabilidad política son problemas comunes en la región.
El sueño de muchos de ver caer a un presidente en América Latina corre el riesgo de convertirse en pesadilla si no se enfrentan las raíces profundas de la crisis política: corrupción estructural, liderazgos débiles, polarización y fragilidad institucional. La destitución de Dina Boluarte es solo un capítulo más de un patrón que se repite: vacancias, revocatorias y elecciones adelantadas que sustituyen líderes sin resolver los problemas de fondo. Países como Brasil, Honduras o Bolivia han mostrado que los cambios de gobierno, cuando no van acompañados de reformas institucionales, apenas alteran la inestabilidad y, en algunos casos, la exacerban. Cada destitución erosiona la confianza pública, paraliza la inversión, fomenta la desigualdad y alimenta un ciclo de crisis interminables. Mientras no se fortalezcan los sistemas de control, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva, la democracia seguirá siendo un escenario de maniobras tácticas y cortoplacistas, en lugar de un instrumento que garantice derechos y bienestar a los ciudadanos.
