Contraloría verificará que beneficios sociales sean recibidos solo por personas vulnerables; oposición reclama por candidatura de Bachelet a la ONU; Corte Suprema confirma que colegios no pueden cancelar matrículas por deuda de aranceles, y defensor de Monsalve guarda silencio en declaración como imputado

Durante el evento “Empleo público: el Estado en su laberinto”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), la contralora Dorothy Pérez adelantó que la prioridad de la Contraloría General de la República (CGR) para el año 2026 será revisar la entrega de los beneficios sociales del Estado. Indicó que desde el organismo fiscalizador “queremos cerciorarnos de que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables”. Agregó que ya han identificado una cantidad importante de beneficios adjudicados a personas que tienen condiciones económicas de muy alto nivel.

Pérez señaló que la CGR realizó 800 auditorías el año pasado y que en ellas detectaron que hay temas evidentes que no se ajustan a las normas, como lo son algunos beneficios estatales. Según advirtió, hay quienes “están recibiendo beneficios sociales que son para personas que están en situaciones desmedradas” y que no están en esa situación.

En ese sentido, la contralora mencionó que para asegurar el cumplimiento de las normas “no necesitamos aquí ningún cambio normativo. Necesitamos más gente para verificarlo, pero como más gente no vamos a tener, estamos trabajando con bases de datos para poder hacerlo”.

Dorothy Pérez (Créditos: Sebastián Beltran Gaete / Agencia Uno)

El presidente Gabriel Boric anunció durante la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que Chile postulará a la exmandataria Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante ello, distintas voces de la oposición rechazaron la decisión del jefe de Estado y manifestaron que el nombramiento no se dialogó entre los diferentes sectores políticos.

El timonel de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que la nominación para presidir la ONU es una política de Estado que “le va a tocar verlo al próximo gobierno. No es el gobierno del Presidente Boric el que definirá esa candidatura, y, por lo tanto, lo que está haciendo, simplemente, es adelantarse a una discusión que no tiene ningún sentido”, indicó. En tanto el candidato republicano José Antonio Kast señaló que “fue una opinión y una sugerencia que ha hecho el presidente de la República en su calidad de presidente de la República, lamentablemente no la sociabilizó y creo que, una vez más, se equivocó”.

Por su parte, el excanciller del gobierno de Sebastián Piñera, Roberto Ampuero (Evópoli), dijo: “Quiero imaginar que el Presidente, antes de anunciar la candidatura, habló por lo menos con los dirigentes políticos de oposición y también consultó a los principales candidatos a la Presidencia”.

Francisco Huenchumilla (DC) expresó que la Cancillería llevó a cabo las conversaciones pertinentes con distintos sectores: “De otra manera, no me explico el apoyo que ha tenido (la candidatura) con el presidente del Senado (Manuel José Ossandón)”.

Desde el gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, aclaró que la Cancillería consultó a miembros de la oposición y sostuvo que “evidentemente todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el Presidente de la República, no se cogobierna”.

Michelle Bachelet (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)

Según dio a conocer La Tercera (vea aquí), la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad del recurso de protección presentado por la Orden Religiosa Provincia San Lorenzo Mártir Padres Dominicos, la cual es sostenedora del Colegio Santo Domingo de Guzmán de esa ciudad. La acción judicial apuntaba al dictamen de la Superintendencia de Educación que prohíbe a los colegios con financiamiento compartido imponer medidas disciplinarias como la cancelación de la matrícula a estudiantes por deudas de aranceles (vea aquí el dictamen).

La entidad sostenedora del Colegio Santo Domingo de Guzmán acusó que la resolución de la Superintendencia de Educación -decretada en julio pasado- vulnera la garantía constitucional de la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Sin embargo, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso.

(Créditos: Salvador Pedrini / Agencia Uno)

Este miércoles, el defensor público Víctor Providel concurrió a la Fiscalía Centro Norte para declarar como imputado en una arista del caso que investiga al exsubsecretario Manuel Monsalve por la acusación de violación y abuso sexual en su contra. En la instancia, Providel, quien defiende al exsubsecretario del Interior, decidió guardar silencio.

La indagatoria se debe a que, como representante de Monsalve, el abogado se habría comunicado con otro implicado en la causa -señalado como expareja de la víctima- para coordinar la entrega de material audiovisual íntimo de la denunciante a medios de comunicación.

La abogada defensora de Providel, Marcela Araya, afirmó que presentaron una solicitud de inhabilitación que afecta a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir. Argumentó que “ellos son los mismos fiscales que están investigando la causa del señor Monsalve, donde mi representado, don Víctor Providel, es su contraparte”.

En paralelo, la penalista explicó que el silencio de Providel se debe al requerimiento de inhabilidad y al resguardo del deber de confidencialidad que el abogado mantiene con los hechos de la investigación que están directamente relacionados con la causa de Monsalve.

Víctor Providel (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)