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RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
10.09.2025
Estas son las noticias de la última jornada seleccionadas para ti por CIPER: el máximo tribunal removió a la jueza Verónica Sabaj por los chats con Hermosilla; acusación de abandono de deberes y faltas a la probidad contra Claudio Orrego fue acogida a trámite, y exoficial de la Armada fue condenado a 15 años de cárcel por el asesinato en 1989 de Marcelo Barrios Andrada.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, es la segunda magistrada removida por sus nexos con Luis Hermosilla. Este miércoles, el Pleno de la Corte Suprema emitió un veredicto respecto del cuaderno de remoción que afectaba a la jueza y donde también se escucharon los alegatos de su defensa. En esa instancia, el máximo tribunal aprobó su destitución tras consignar que Sabaj “incurrió en un mal comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”.
La sentencia determinó que los hechos y cargos formulados en contra de la removida magistrada se basan en que ella vulneró su obligación de privacidad de los acuerdos adoptados (por la Corte). También en que traspasó información referida a la supuesta tendencia política de otros ministros y abogados integrantes. Y que además sugirió a Hermosilla una estrategia procesal que después el penalista emplearía (vea aquí la sentencia).
Antes de su remoción, Sabaj había sido suspendida por cuatro meses con la reducción de la mitad de su sueldo, máxima sanción que un proceso disciplinario puede determinar en contra de una magistrada de una corte.
Los chats albergados en el teléfono de Hermosilla y que en enero 2025 dio a conocer The Clinic, revelaron que el abogado junto al exministro del Interior, Andrés Chadwick, gestionaron que Sabaj fuera la elegida de La Moneda para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago (vea aquí el reportaje). Su nombramiento fue el origen de los intercambios vía mensajes entre Sabaj y Hermosilla, los que continuaron en el tiempo. Según se constata en esos chats, la jueza envió minutas y asesoró al abogado Hermosilla en la causa en la que junto a Samuel Donoso litigaba en representación del expresidente Sebastián Piñera. Esto, por la investigación al exmandatario relacionada a la compraventa de la minera Dominga. Sabaj además influyó para que el juez de garantía, Daniel Urrutia, fuese inhabilitado en esa causa, algo que a Hermosilla le interesaba conseguir.
Según consignó La Tercera, el abogado defensor de Sabaj, Héctor Parra, argumentó a favor de la ministra que en la época en que se dieron los hechos (las conversaciones vía WhatsApp) la jueza estaba en medio de un tratamiento psiquiátrico, por lo que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Agregó que los mensajes hallados en el teléfono del penalista, reflejan abuso de confianza de parte de él hacia la magistrada. Eso sí, admitió que estos intercambios fueron imprudentes: “No fue prudente, claramente, pero ¿Resolvió alguna causa? ¿Incurrió en un acto de prevaricación? No, excelentísimo tribunal» (lea ese artículo).
Verónica Sabaj (Créditos: Poder Judicial)
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a tramitación la solicitud de remoción contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego (exDC). El requerimiento había sido ingresado por 16 consejeros regionales que lo acusan de un notable abandono de sus deberes y de contravenir el principio de probidad administrativa.
La decisión del tribunal que contó con el voto disidente del exdiputado Gabriel Ascencio (DC), ya fue apelada por la defensa de Orrego a cargo de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes interpusieron un escrito para que se declare su nulidad.
La solicitud de remoción fue ingresada en julio de 2025 y apunta a que dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) cuestionan una contratación de servicios y acusa descontrol financiero. En una de estas fiscalizaciones, la CGR apuntó a la adquisición de un programa de coaching ontológico que costó $31 millones a la gobernación y que el organismo asoció con fines electorales, específicamente con la campaña a reelección de Orrego (vea aquí la acusación).
Además, en su revisión, el ente contralor catalogó como un grave descontrol financiero los antecedentes hallados en la Corporación de Desarrollo y Turismo de la Región Metropolitana. Esto, porque según esa auditoría, el GORE aprobó cuentas duplicadas y triplicadas por transferencias de un monto total de $1.848 millones, entre otras irregularidades.
En paralelo, Orrego también enfrenta una solicitud de desafuero tras una petición del Ministerio Público que indaga sus vínculos con el Caso Procultura. La fiscalía investiga el convenio pactado entre el GORE y la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, en el que el organismo regional traspasó $1.683 millones a Procultura para la ejecución del programa de prevención al suicidio “Quédate”.
Claudio Orrego (Créditos: Sebastián Beltran Gaete / Agencia Uno)
Un reportaje de CIPER constató que la Corte Suprema ratificó la condena de 15 años de cárcel para el exoficial de la Armada y actual procurador de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Chiffelle Kirby, como autor del homicidio de Marcelo Barrios Andrade, militante del FPMR que según la Armada participó en el asalto a la Bolsa de Valores de Valparaíso (lea aquí el reportaje). La justicia determinó que el joven fue acribillado cuando no tenía posibilidad de reaccionar después de que una patrulla de infantes de la Marina detonara explosivos en su domicilio en 1989. Además, se acreditó que Chiffelle fue el autor de los disparos, como también de la planificación estratégica de ese ataque.
El exoficial se desempeña como procurador en el tribunal de alzada de Santiago desde 2005. En 2010, la justicia comenzó a investigarlo como autor del homicidio de Barrios Andrade. Recién el año pasado, Chiffelle fue suspendido de su cargo en el Poder Judicial a la espera del fallo del máximo tribunal, dado que ya se había enfrentado a los dictámenes de las dos instancias previas.
La resolución de la Suprema también condenó a los exmarinos Luis Ceballos Guerra y Óscar Aspée Aspée, quienes estuvieron a cargo de instalar y detonar los explosivos que dieron muerte al frentista. El máximo tribunal redujo la condena inicial de 10 años, reemplazándola por 5 años de libertad vigilada intensiva ya que se consideró que ambos solo siguieron las instrucciones de Chifelle. Los otros cuatro integrantes de la patrulla, ya fallecieron.
El ahora condenado procurador del Poder Judicial, aseguró que el asesinato fue producto de un enfrentamiento que se dio luego de que Barrios salió de su vivienda y, según su versión, disparó hacia la patrulla. Ese relato fue desestimado por el tribunal de primera instancia. La Corte de Apelaciones confirmó lo dictaminado en esa etapa anterior y aumentó en cinco años la pena para Chiffelle, por considerar que el homicidio fue ejecutado con premeditación y alevosía.
(Créditos: Santiago Morales / Agencia Uno)
