SEGÚN EL MISMO E-MAIL EL ENTONCES SUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE LO ACORDÓ CON LA EMPRESA
Correo de Australis revela que pretendía compensar sobreproducción de salmones disminuyendo cultivos en centros sin operaciones
27.08.2025
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SEGÚN EL MISMO E-MAIL EL ENTONCES SUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE LO ACORDÓ CON LA EMPRESA
27.08.2025
En 2022, Australis se autodenunció por sobreproducción de 81 mil toneladas de salmónidos. CIPER tuvo acceso a un correo interno de la empresa donde se asegura que, antes de la autodenuncia, el entonces superintendente de Medio Ambiente subrogante, Emanuel Ibarra, llegó a un acuerdo con la salmonera: que compensara la sobreproducción bajando el tonelaje en centros de cultivo que, aunque contaban con permisos para funcionar, no registraban historial de producción. En sintonía con eso, en 2023 la compañía propuso compensar disminuyendo la producción de 18 centros, dos de los cuales nunca habían registrado operaciones y cinco no habían producido en al menos cuatro años. A esa fecha, ya había asumido la actual superintendenta, quien rechazó todo. “Fueron reuniones orientativas donde no se acordó ni validó ningún plan”, afirmó Ibarra. Hoy, es socio de un estudio jurídico que tiene como cliente a Australis.
El 12 de octubre de 2022, el entonces superintendente subrogante del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, recibió a Andrés Lyon, gerente general de la salmonera Australis, reunión que quedó registrada en la plataforma de La ley de lobby. Los detalles de lo discutido fueron informados a otros empleados a través de un correo enviado el mismo día. CIPER tuvo acceso a ese correo (véalo acá) . En el mensaje se señala que el superintendente (s) Ibarra habría dado luz verde para que Australis compensara miles de toneladas de sobreproducción de salmones. La compensación, se indica en el correo, se haría rebajando la producción de 11 centros de cultivo, incluyendo algunos que “sin tener historia” contaban con los permisos para funcionar. Es decir, que la empresa podría compensar sus excesos reduciendo la producción de centros que, en realidad, no tenían operaciones.
Durante el encuentro, de acuerdo con lo indicado en el ya mencionado correo, se discutió cómo y cuándo Australis presentaría una autodenuncia por sobreproducción, figura que exime de multas a la empresa que concurre voluntariamente a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Sin embargo, para esa fecha la salmonera ya había sido denunciada ante la SMA por Sernapesca y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 35 ocasiones por sobreproducción en los centros por los que posteriormente se autodenunció (vea las denuncias previas) .
Según se lee en el correo de Australis, fiscalizador y fiscalizado discutieron distintas opciones de compensación para que las presentara la empresa, “optándose por la denominada Alternativa 3”. En ésta se establece que compensarán 81 mil toneladas de sobreproducción; que 11 centros de engorda de salmones (CES) serían los “pagadores” de estas compensaciones y que la condición para elegir estos centros es que hubiesen “operado antes o que sin tener historia están en condiciones de operar por tener Resolución de Calificación Ambiental nuevas y de tonelajes interesantes”.
CIPER accedió a una serie de documentos –el correo entre ellos– presentados en la batalla judicial que la empresa china Joyvio libra con el empresario chileno Isidoro Quiroga. En 2019, Joyvio compró Australis a Quiroga. El comprador acusa que el vendedor infló el precio mediante la producción de salmónidos por encima del límite legal. El vendedor asegura que la compañía china estaba enterada de estas prácticas.
La documentación a la que accedió CIPER indica que Australis, ya bajo el control de Joyvio, tenía interés de tramitar la autodenuncia con el superintendente Ibarra en específico, presentando planes de compensación de dudosa eficacia ambiental meses después de que, según el correo ya mencionado, pactaran la denominada “alternativa 3”.
El 27 de octubre de 2022, la salmonera se autodenunció por sobreproducción en 33 centros de cultivo. En el primer semestre de 2023, presentó sus programas de cumplimiento (PDC), lo que la SMA define como un “plan de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la superintendencia, el infractor vuelva al cumplimiento ambiental”.
CIPER revisó todos esos PDC de Australis, detectando que, de los 18 centros que se proponían para compensar sobreproducción, dos no habían operado nunca, otros cinco no registraban cosechas desde hace al menos cuatro años y sólo siete estaban en la nómina de las plantas donde ocurrieron infracciones (vea la tabla con la última cosecha de cada centro propuesto para compensar).
Al consultarle a Ibarra por el correo y la posibilidad de que Australis compensara en centros sin producción, respondió que en las reuniones con esa compañía para prestar asistencia al cumplimiento “no se vio nada específico, como, por ejemplo, en qué centros se iba a proponer compensar. No era esa la instancia para ello. Fueron reuniones orientativas donde no se acordó ni validó ningún plan de compensación concreto, dado que esa evaluación se hace durante la tramitación del programa de cumplimiento” (vea las respuestas de Ibarra a CIPER).
Efectivamente, Emanuel Ibarra no tramitó los PDC. Ya había dejado el cargo cuando llegó el tiempo de hacerlo. Aunque buscaba ser ratificado, Ibarra fue superado por la abogada Marie Claude Plumer en diciembre de 2022 en el proceso para llenar la vacante.
Sin embargo, lo propuesto por Australis está en línea con la “alternativa 3” que se menciona en el correo: la autodenuncia fue por 81 mil toneladas y se presentaron compensaciones en centros sin producción.
Una vez en el cargo, la superintendenta Plumer presentó observaciones a las propuestas de Australis. Sobre compensar en centros distintos a aquellos en que habían ocurrido las infracciones, la SMA indicó que “desnaturalizan la significancia ambiental del PDC, en tanto pretende transformarlo en un trámite de naturaleza contable y numérica, sin considerar las particularidades ambientales de las infracciones«.
Tras dejar su cargo como superintendente, Ibarra permaneció en la SMA hasta junio de 2023. En septiembre entró al estudio de abogados Moreno Sáez y Avilés (MSyA), el cual tiene dentro de sus clientes a Australis.
Entre 2018 y 2021, Australis registró una sobreproducción de 6.743 toneladas en sus centros Luz 1, Luz 2, Humos 2 y Traiguén, pero no propuso a ninguno de estos para compensar su sobreproducción. En su lugar, en abril de 2023, la salmonera solicitó repartir las casi 7 mil toneladas entre los centros Riveros 1, que no registraba producción desde abril de 2017; Riveros 4, sin cosechas desde julio de 2014, y Luz 3, que no producía desde junio de 2013. La empresa planeaba mitigar la sobreproducción en centros distintos a los infractores y que llevaban hasta 10 años sin operar.
Lo señalado en el párrafo anterior es parte de las múltiples compensaciones propuestas por Australis. En total, se ofrecieron 18 centros para compensar: de estos, CIPER detectó que dos nunca habían producido.
Por ejemplo, los centros Pan de Azúcar, Muñoz Gamero 2 y Punta Ramón, presentaron una sobreproducción total de 13.010 toneladas, según la autodenuncia. El plan de cumplimiento de Australis proponía repartir la compensación en cuatro centros: Punta de Lobos, Muñoz Gamero, Puerto Vega y Córdova 6. En ese momento, ni Puerto Vega ni Córdova 6 registraban cosechas, en circunstancias que se pretendían compensar en ellos 4.320 y 4.080 toneladas, respectivamente, equivalentes a un 64,5% de la sobreproducción registrada en los centros infractores.
La propuesta para compensar la sobreproducción de 2.128 toneladas en el centro Córdova 5 era similar: consideraba 1.701 toneladas –el 79,9% de la sobreproducción– aportadas por el centro Córdova 6, el que, como ya se indicó, no tenía historial de cosechas.
“No puede considerarse una compensación eficaz que se utilicen centros sin historial de operación o sin planes de producción durante el período a compensar”, explica Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace Chile. “Esta estrategia omite completamente la consideración de los impactos ambientales generados por dicha sobreproducción”, agregó.
Uno de los impactos que menciona Espinosa es la anaerobia, condición en la que el cuerpo de agua queda con falta total o parcial de oxígeno, haciendo inhabitable el fondo marino. Según Greenpeace, de las 38 unidades fiscalizadas de Australis, incluyendo la autodenuncia y otros procesos sancionatorios por sobreproducción, “22 centros (un 58%) han presentado condiciones de anaerobia entre 2016 y 2022, algo particularmente grave si consideramos que el 71% (…) está al interior de áreas protegidas” (vea el catastro de Greenpeace de centros de Australis con anaerobia).
CIPER consultó a Australis cómo se logra remediar el efecto de la sobreproducción si ésta es compensada en un centro distinto al infractor y sin historial de producción. Pero, no explicó cómo funciona la mitigación propuesta. En su lugar, respondió que cuando “Australis preparaba su autodenuncia (septiembre de 2022), un 50% de los PDC aprobados por la SMA, asociados a formulaciones de cargo por sobreproducción, incluían compensación en un sitio distinto al de las infracciones, como lo son PDC aprobados en 2021 para cuatro empresas, todo mientras Cristóbal de la Maza era superintendente” (vea la respuesta de Australis).
CIPER constató que, efectivamente, en 2021 se aprobaron cuatro compensaciones en centros distintos a los infractores. Sin embargo, en todas ellas los centros compensadores contaban con historial de producción reciente (vea las compensaciones aprobadas en 2021).
Emanuel Ibarra también fue consultado por cómo podría ser efectiva una compensación realizada en un centro no infractor y sin producción. Sobre el primer punto, indicó: “En ese tiempo no había un criterio tomado sobre que la compensación debía ser in situ, por lo cual no se expresó una limitación al respecto, solo que debía ser por el total [de la sobreproducción], en centros donde estuviera autorizado sembrar salmón y en lugares donde se justificara una ganancia ambiental”. En esa línea, agregó que “la remediación de los efectos de la sobreproducción puede lograrse a través de diferentes técnicas. De hecho, la compensación no es la técnica que busca ese efecto de forma más efectiva y directa”.
En cuanto a compensar en un centro sin historial, el abogado no respondió la consulta y solo volvió a justificar la compensación en lugares distintos a los infractores: “La remediación del lugar se logra con diferentes acciones que pueden ser parte de un PDC”, contestó. Y agregó que la compensación se dirige “a lograr una mejora ambiental más que una remediación”, por lo que, a su juicio, “entender la compensación in situ de una manera tan estricta no es correcto, porque se podría compensar en el mismo barrio o en otro que esté en una peor situación, y con ello incluso se podría lograr una ganancia ambiental mayor”.
“La SMA en un comienzo aprobó PDC de sobreproducción sin exigir compensación, y cuando me tocó dirigir la División de Sanción y Cumplimiento decidimos junto al equipo imponer esa exigencia”, destacó.
Ibarra dejó su cargo antes de que se tramitaran los PDC derivados de la autodenuncia de Australis hecha en 2022, pero, con anterioridad a ese proceso ya le había aprobado una compensación similar. El periodista de la ONG Terram, Maximiliano Bazán, reveló en una reciente columna publicada por CIPER que Ibarra permitió a Australis compensar la sobreproducción del centro Córdova 3 –registrada en 2018– en el centro Córdova 6, el cual, como se explicó, nunca había producido.
Australis tenía interés de tramitar el proceso de autodenuncia con Emanuel Ibarra en específico. CIPER tuvo acceso a una minuta interna de la salmonera, elaborada el 22 de septiembre de 2022, mismo día en que se realizó la reunión de la empresa con el superintendente que quedó registrada en la plataforma de la Ley de Lobby. En la minuta se apunta, bajo el subtítulo “Temas Sensibles”, que el entonces superintendente era considerado un “actor relevante” para el proceso de autodenuncia, la cual debía ser “resuelta por actual SMA” (revise esa minuta).
Ibarra indicó a CIPER que no fue un actor relevante, ya que “no me tocó resolver nada del caso”. Agregó que, “si bien, la autodenuncia se recibió bajo mi administración, la resolución de la misma se dio en la actual administración (…). Solo asistí a reuniones de lobby para orientar la presentación de la autodenuncia que era la más grande de la historia de la SMA”.
Y concluye: “Es necesario descartar enfáticamente cualquier situación irregular en la tramitación (…). Todo fue a través de reuniones que constan en registros públicos, las cuales, además, se enmarcaron en lo que permite y exige la ley”.
Después de ser reemplazado como superintendente, Emanuel Ibarra permaneció en la SMA durante seis meses como fiscal. En junio de 2023 dejó la institución y tres meses después ingresó como socio a Moreno, Sáez & Avilés Abogados, especializada en derecho ambiental. El estudio, según señaló Ibarra, tiene dentro de sus clientes a Australis.
Ibarra preparó un informe en derecho para Australis en el contexto del litigio entre Isidoro Quiroga y Joyvio. CIPER consultó a Emanuel Ibarra por los servicios que prestó a Australis luego de dejar el cargo más alto de la SMA: “Quiero ser muy enfático en señalar que no hay ningún conflicto de interés legal ni ético. Mi informe en derecho se confeccionó cuando había vencido hace bastante tiempo el periodo de seis meses de incompatibilidad que contempla la ley. Además, en dicho informe solo se recoge un criterio institucional”.
La SMA ratificó que la inhabilidad para exautoridades es de seis meses, por lo que no habría vulneración de la norma. Considerando lo anterior, la entidad expresó preocupación por casos como este: “La incorporación de exfuncionarios al sector privado, específicamente a entidades no fiscalizadas pero que se relacionan de forma directa con regulados, representa una realidad sobre la que existen diversas opiniones acerca de su necesidad de regulación, conjugando los diversos intereses en juego, como son los potenciales conflictos de interés, la transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública y los derechos laborales de los trabajadores”.