Las acciones antiéticas de Spotify. De la precarización a la censura y el armamentismo

Razones éticas y políticas han motivado a diversos artistas en todo el mundo a alejarse de la plataforma musical más extensa del mundo. Las autores de esta columna profundizan en ello y sostienen que «como no todas y todos los músicos pueden ‘darse el lujo’ de renunciar a Spotify, es evidente que la responsabilidad está también en nosotras, quienes escuchamos música, de buscar alternativas de escucha, si quizás no tan justas como quisiéramos, al menos, que no inviertan en una de las catástrofes humanitarias más grandes de nuestra historia reciente».

Las plataformas de streaming llegaron para cambiar la manera en que escuchamos, reproducimos y hacemos música. El cambio fue tal que pareciera que llegaron para quedarse. Sin embargo, hay un par de asuntos éticos y políticos que atender antes de decidir realmente si queremos quedarnos con ellas. Prácticamente desde que se instalaron, nos ronda la pregunta incómoda sobre cuál de ellas usar para acceder a un universo amplio, diverso y actualizado de música, cuando, pese a su amplio alcance, las y los artistas reciben una escasa retribución económica por parte de ellas. Esto ha sido especialmente problemático en el caso de Spotify, la plataforma de streaming más popular para escuchar música alrededor del mundo.

1. PRECARIZACIÓN

Las insatisfactorias condiciones en Spotify se fundan en una larga historia de precariedad en el trabajo musical, en el cual operan lógicas distintas a otros trabajos, ya que rara vez existe una relación laboral formal, lo que implica que ciertos derechos laborales y sociales ya ganados por trabajadores de otras industrias, como jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, de salud, o vacaciones, no son accesibles para las y los músicos por trabajar, generalmente, de manera independiente. La era del streaming vino a transformar la manera en que escuchamos música, pero también los modos en que las y los músicos hacen, producen y ofrecen su trabajo, profundizando seriamente su precariedad de base. Tanto así que las y los músicos han respondido con protestas por mejores pagos por streaming.

Por ejemplo, en octubre 2021 el sindicato de músicos estadounidense UMAW (Union of Musicians and Allied Workers) comenzó la campaña “Justice at Spotify”, con la que demandan, entre otras cosas, aumentar el pago por reproducción a un centavo (en vez de $0.0038 vigente), más transparencia financiera, en su relación con los sellos, los algoritmos de la plataforma, la payola (una antigua práctica de los sellos que consiste en pagar para que determinadas grabaciones suenen en la radio o sean transmitidas) y, especialmente, reconocer el crédito de todas las personas que trabajaron para que exista la música que se reproduce, como ingenieros, arreglistas, entre otras.

En Chile, el reciente estudio “Cantando para el algoritmo”, muestra cifras muy bajas de satisfacción de artistas que usan plataformas. Además, señala el sesgo de Spotify que tiende a beneficiar a músicos consagrados por sobre emergentes, indicando que lo que una abrumadora mitad percibe desde Spotify no alcanza ni al 1% de sus ingresos. La situación es especialmente desalentadora para las y los intérpretes. El proyecto de Ley Tommy Rey que se presentó en mayo de 2025 en el Congreso, busca, justamente, reconocer el derecho de remuneración para intérpretes en plataformas digitales de streaming, como Spotify. El nombre del proyecto de ley viene del cantante de la Sonora de Tommy Rey, fallecido el 26 de marzo de 2025, y que, pese a su popularidad, como explicó el presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, “no recibió un solo peso de parte de las plataformas digitales, siendo que él está en todos nuestros celulares”. Este reconocimiento se haría mediante la modificación de la ley 17.336, ya que, como explica Osorio, a diferencia de otros medios, como la televisión o la radio, “estas plataformas solo pagan derechos de autor, sin considerar a quienes dan vida a las canciones con su interpretación”. De esta forma, parte de los derechos conexos, los que involucran específicamente a quienes ejecutan, no son actualmente considerados para recibir remuneración y, de hecho, muchas veces ni siquiera se les reconoce moralmente por su contribución a las grabaciones, ya que la política de inclusión de créditos en Spotify sigue siendo escuálida e inconsistente.

2. CENSURA

En marzo de 2022, el rapero británico Lowkey (Kareem Dennis), con más de 50 millones de visualizaciones en Youtube, fue blanco de una campaña de censura en Spotify. El grupo de lobby We Believe in Israel presionó para que esta plataforma bajara sus canciones, algunas de las cuales databan de 2010, por, supuestamente, tener contenido “extremadamente anti-israelí”. Eran específicamente seis tracks los que generaron “especial preocupación” porque expresan solidaridad al pueblo palestino. Cuatro de estas fueron grabadas por Lowkey. Las otras dos, por Ambassador MC y Shadi al-Bourini junto a Qassem al-Najjar, ambos palestinos.

Por su popularidad y por contar con importantes redes con activistas de derechos humanos en el Reino Unido, Lowkey fue apoyado por conocidas figuras como Noam Chomsky, Naomi Klein, Mohammed y Muna El-Kurd, Mark Ruffalo y Anwar Hadid. Según el mismo Lowkey, el apoyo que recibió fue de personas que “juntas, significaban decenas de millones a Spotify”.

Aunque la campaña contra Lowkey no tuvo resultado, sí se eliminaron de Spotify las canciones de los raperos palestinos Shadi al-Bourini y Qassem al-Najjar. Desde entonces Spotify ha hecho cambios clave que han puesto de manifiesto la infiltración del lobby israelí, como el nombramiento como consejero senior de asuntos legales y empresariales a Andrew Joseph, quien sirvió como sargento en la Brigada de Infantería Nahal del ejército de Israel, y la creación de un Consejo Asesor de Seguridad para regular los contenidos, en el cual participan personas relacionadas de una u otra manera a intereses israelíes.

En mayo de 2023, el cantante palestino Mohamed Assaf, conocido por haber ganado la segunda temporada de Arab Idol, recibió un correo electrónico de Spotify informándole que su canción “Ana Dammi Falastin” (“Mi sangre es palestina”) había sido eliminada de la plataforma por “incitar contra Israel”. Cabe recordar que Mohamed Assaf, en 2013, había sido nombrado embajador regional de la juventud por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), embajador cultural por el gobierno palestino y el presidente Mahmud Abás le ofreció un puesto con estatus diplomático. La película de Hany Abu-Assad, El Ídolo (Ya tayr el tayer) de 2015, está inspirada en su historia.

3. ARMAMENTISMO

Si la precarización del trabajo musical ha estado en la base de los cuestionamientos éticos a Spotify y un malestar a su política de censura ha despertado alarmas entre artistas comprometidos, esta incomodidad se intensificó cuando Daniel Ek, dueño y CEO de Spotify, invirtió cerca de 700 millones de dólares en Helsing. Esta empresa alemana produce drones de combate y software militar basados en inteligencia artificial, lo que puso a esta plataforma nuevamente en el ojo del huracán. El solo hecho de invertir dinero en empresas de armamento militar, mientras niñas y niños mueren diariamente en bombardeos, generó gran molestia entre las y los artistas.

Desde distintos lugares del mundo, las y los músicos han llamado a un boicot a Spotify. Algunos han comenzado a quitar su catálogo de esta plataforma, como la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard y el líder de Café Tacvba, Rubén Albarrán.

“Los músicos tenemos que tomar una posición y ponernos en el lado correcto de la historia”.  Con estas palabras, Rubén Albarrán llamó a sus colegas músicos a retirar su catálogo de Spotify, ya que la inversión en tecnología y armamento militar “puede ser usada ahora mismo en contra de los niños en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Ucrania”, y eventualmente podría también usarse “en contra de nosotros mismos”. Algo similar planteó David Bridie, quien prefiere quitar su música de Spotify a contribuir a enriquecer a empresarios inversionistas en armas. En sus palabras: “Así que aquí estamos, los artistas ayudando a construir algoritmos para vender nuestra música –y el éxito de ese algoritmo determina el caudal de riqueza de un hombre que invierte en la construcción de máquinas que pueden matar a personas”.

La banda estadounidense de rock indie, Deerhoof, se sumó al éxodo de Spotify, reconociendo la importancia de la visibilidad que ofrece, porque “nuestra música pueda ser descubierta por cualquiera que se registre [a la plataforma], por muy alejado que esté de los autoproclamados centros de moda”. Sin embargo, con la noticia de la inversión en Helsing, decidieron retirar su música de la plataforma, declarando que “no queremos que nuestra música mate a la gente. No queremos que nuestro éxito esté ligado a la tecnología de guerra de la IA”. Por lo tanto, “si el precio de la visibilidad permite a la oligarquía llenar el mundo de armamento informático, nosotros renunciamos a esos supuestos beneficios”.

En una línea similar, la cantautora Laura Burhenn denunció tanto los problemas de retribución a los artistas como la inversión en armamento por parte de Spotify, y reconoció estar “aterrada” de quitar su música de la plataforma, porque no sabe “cómo la gente va a encontrar su música”. Como cantautora dijo comprender perfectamente el miedo que otros músicos indies como ella pueden tener de tomar esta decisión. Sin embargo, declaró: “No voy a permitir que mis canciones las conviertan en bombas” y añadió:

«Spotify es el mismo sistema perjudicial que vemos ahora en todas partes. Mientras Daniel Ek invierte los millones que ganó a costa de músicos a los que pagó salarios de miseria en una empresa militar de inteligencia artificial, los gobiernos de todo el mundo –especialmente en Estados Unidos– financian la guerra, el racismo cruel, la xenofobia y la transfobia, desfinancian el sistema de salud y la alimentación para los pobres, y hacen retroceder la protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas, todo ello a cambio de exenciones fiscales que llenan los bolsillos de los más ricos.

Oponerse a Spotify ES oponerse a todo esto. Tira del hilo. Desenreda la cuerda que nos está estrangulando a todos«.

Además de sustraerse del catálogo, Laura Burhenn publicó una serie de videos en redes sociales bajo el título “Disarm Spotify”, en el marco de un llamado de artistas que instan a sus fans a cancelar su suscripción en la plataforma. No es solo un asunto que concierne a las y los músicos; se trata de una cuestión ética que atañe a todo el mundo, incluidos aquí quienes escuchan música a través de este servicio.

No es la primera vez que Spotify pone sus inversiones por sobre los aspectos éticos. Durante la última pandemia, Neil Young y Joni Mitchell lideraron una protesta en contra de la desinformación que se difundió en el podcast de Joe Rogan, exclusivo de Spotify, acerca de las vacunas contra el virus del covid-19. Esto llevó a que estos dos artistas quitaran su música de la plataforma.

En enero de 2025, para la ceremonia de inauguración de Trump, Spotify donó 150.000 dólares y organizó un brunch en Washington D.C. para destacar el poder de los podcasts en aquella elección presidencial, generando también gran controversia, especialmente entre los artistas de ese país.

Entre los accionistas actuales de Spotify se encuentran BlackRock y Vanguard. Ambas empresas de gestión de activos fueron señaladas en el último informe de Naciones Unidas por su vinculación directa con el genocidio contra el pueblo palestino. En este informe se evidencia que “BlackRock y Vanguard son los mayores inversores en empresas armamentísticas clave para el arsenal genocida de Israel”, lo que se volvió particularmente grave “después de octubre de 2023, cuando el presupuesto de defensa israelí se ha duplicado, y en un momento de caída de la demanda, la producción y la confianza de los consumidores, una red internacional de empresas ha apuntalado la economía israelí”. Es decir, estas dos empresas que invierten en Spotify están profundamente implicadas en la ocupación y el apartheid de Israel, ya que sus inversiones canalizan miles de millones de dólares hacia empresas que suministran armas, tecnología y logística al Estado ocupante.

De hecho, el movimiento ciudadano de liderazgo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), incluye a estas dos compañías en el listado de instituciones que financian empresas militares que arman a Israel, y que consideran objetivos prioritarios de presión institucional para el boicot. Pero como vimos, esto se suma a un historial de censura a artistas palestinos y pro-palestinos, visibilizando un posicionamiento políticamente consistente del lado del lobby israelí.

En una coyuntura en que la ocupación israelí de Palestina y la violencia ejercida sobre su pueblo se ha vuelto un problema visible a las mayorías, las intenciones de músicos y músicas que se oponen al genocidio de manifestarse mediante su sustracción de una plataforma como Spotify se topa con las condiciones desiguales de acceso a la difusión y a la retribución justa de sus producciones. En ese sentido, que estrellas internacionales de la música promuevan el abandono de la plataforma parece un gesto elocuente y moralmente obligatorio; sin embargo, es necesario tomar en cuenta las disímiles condiciones de una gran parte de las y los artistas suscritos, quienes “hacen malabares” para ingresar a mercados que les signifiquen entradas monetarias. Cabría preguntarse en qué circunstancias las y los músicos se atreven a arriesgar una presencia que es, en sí misma, una apuesta inestable. En este escenario, como no todas y todos los músicos pueden “darse el lujo” de renunciar a Spotify, es evidente que la responsabilidad está también en nosotras, quienes escuchamos música, de buscar alternativas de escucha, si quizás no tan justas como quisiéramos, al menos, que no inviertan en una de las catástrofes humanitarias más grandes de nuestra historia reciente.