¿Fin de la UF? Consecuencias de eliminar un pilar contra la incertidumbre de largo plazo

En el Congreso se discute un proyecto de ley que partió con la idea de eliminar la Unidad de Fomento y que ha mutado en prohibir su uso en contratos de servicios esenciales como salud, vivienda o educación. El autor de esta columna repasa el origen de la UF y sostiene que “los extremos —como aplicar la UF a todo o eliminarla por completo— no parecen ser soluciones eficientes. La discusión pública debiese orientarse hacia un uso más focalizado y transparente del instrumento, de manera que la UF cumpla efectivamente con su propósito original: reducir la incertidumbre en contratos de largo plazo, sin convertirse en una herramienta que facilite cobros desproporcionados o injustificados, particularmente en sectores sensibles para los hogares chilenos”.

Imagen de portada: Felipe Constanzo / Agencia Uno

La Unidad de Fomento (UF) fue creada durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva como un mecanismo destinado a proteger a los agentes económicos de los efectos de la inflación, especialmente en lo que respecta a créditos y ahorros. Su propósito original fue disminuir la incertidumbre asociada a decisiones de inversión de largo plazo, facilitando así la ejecución de proyectos de gran envergadura y, con ello, promover el desarrollo económico del país. Este instrumento surgió en un contexto en que la economía chilena enfrentaba una inflación elevada y volátil, con tasas que superaban los dos dígitos anuales. Tal escenario generaba un ambiente de incertidumbre que dificultaba la planificación y ejecución de inversiones, limitando el potencial de crecimiento económico. En sus primeros años, los ajustes de la UF se realizaban en forma trimestral; sin embargo, durante los años 90, este mecanismo evolucionó hacia una modalidad de actualización diaria. Hoy, su uso se ha extendido a una amplia gama de contratos en diversos ámbitos de la economía chilena, incluyendo el sector financiero, inmobiliario, educacional y de servicios.

Si bien el panorama inflacionario actual es muy distinto al de las décadas de 1960 y 1970 —con una inflación controlada y una meta explícita del Banco Central del 3% anual, dentro de un rango entre el 2% y el 4% en el mediano y largo plazo—, persiste la pregunta fundamental sobre la vigencia y utilidad de la UF en la actualidad. ¿Sigue existiendo incertidumbre inflacionaria de largo plazo que justifique su utilización? En un escenario ideal, en el que la meta del Banco Central fuese plenamente creíble y sostenida durante un horizonte de 10 o 20 años, el uso de la UF sería innecesario. No obstante, dicho escenario resulta poco realista en un contexto de creciente incertidumbre tanto nacional como internacional, en el que incluso mantener la inflación dentro del rango meta ha representado un desafío complejo para la autoridad monetaria en los últimos años. En consecuencia, la UF continúa siendo una herramienta útil, particularmente en contratos de largo plazo, ya que permite mitigar la incertidumbre inflacionaria y facilitar la concreción de proyectos de inversión de gran escala. Su eventual eliminación podría introducir un alto grado de incertidumbre en la economía, afectando negativamente las decisiones de inversión y acentuando los problemas estructurales de crecimiento que arrastra la economía chilena desde hace años.

Uno de los sectores que se vería más afectado por la eventual eliminación de la UF es, sin duda, el mercado de créditos hipotecarios. Este mercado representa una pieza clave para el acceso a la vivienda, un derecho social fundamental que, en el caso chileno, ya enfrenta múltiples barreras estructurales. En los últimos años, incluso sin eliminar la UF, los créditos hipotecarios han mostrado una tendencia sostenida al encarecimiento. Esto se ha traducido en mayores exigencias, incluyendo incrementos en las tasas de interés, reducciones en los plazos de pago y mayores porcentajes del pie inicial, factores que han restringido fuertemente la capacidad de los hogares para acceder a este financiamiento. De hecho, volver a las condiciones observadas antes del estallido social de 2019 y de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 se ve muy complejo hoy en día. En este escenario, la UF actúa como un amortiguador que permite reducir el riesgo inflacionario asociado a préstamos de largo plazo, facilitando el diseño de productos financieros viables tanto para las instituciones como para los usuarios finales. La eliminación de este mecanismo implicaría introducir un componente adicional de incertidumbre en los contratos hipotecarios, lo que podría traducirse en condiciones aún más restrictivas por parte de las instituciones financieras. Ante la imposibilidad de anticipar la evolución del poder adquisitivo en contratos de largo plazo, las instituciones financieras probablemente compensarían este riesgo inflacionario a través de tasas de interés más elevadas o condiciones más exigentes para los solicitantes. El resultado sería una reducción aún mayor del acceso a la vivienda, afectando particularmente a los sectores medios y vulnerables de la población, que ya enfrentan enormes dificultades para ingresar al mercado inmobiliario.

Por tanto, la eliminación total de la UF no parece una solución viable para una economía en vías de desarrollo como la chilena, caracterizada por una incertidumbre estructural significativa. No obstante, un problema surge en un contrato de corto plazo cuando una de las partes de una transacción posee un mecanismo de ajuste por inflación, como la UF, y la otra no. En estos casos, el perjuicio lo sufre la parte que debe pagar por el bien o servicio, lo cual puede tener un impacto con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos, generando además un problema redistributivo: quienes tienen menos, son los que más pierden. Hoy en día existen las herramientas técnicas y la información suficiente para ajustar contratos de corto plazo en función de la inflación anual. Sin embargo, se observa una expansión del uso de la UF a ámbitos que no necesariamente requieren protección inflacionaria de largo plazo, como arriendos o servicios educacionales. En consecuencia, la discusión no debería centrarse en la eliminación total o el uso irrestricto de la UF, sino más bien en establecer criterios claros sobre qué bienes y servicios pueden cobrarse en UF, en qué condiciones y con qué justificación.

En síntesis, los extremos —como aplicar la UF a todo o eliminarla por completo— no parecen ser soluciones eficientes. La discusión pública debiese orientarse hacia un uso más focalizado y transparente del instrumento, de manera que la UF cumpla efectivamente con su propósito original: reducir la incertidumbre en contratos de largo plazo, sin convertirse en una herramienta que facilite cobros desproporcionados o injustificados, particularmente en sectores sensibles para los hogares chilenos.