¿Un futuro sin futuro para la Educación Pública?

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza las dificultades que ha tenido el proceso de instalación de la Nueva Educación Pública (NEP) más allá de su financiamiento. Concluye que “el diagnóstico de los aspectos críticos intra SLEP es claro y no requiere reinventarse, si no tomar decisiones que nos alejen del clientelismo político y nos conduzcan hacia una política de Estado en esta materia. Lo que implicaría considerar –además de lo expuesto- el rediseño de la cultura organizacional y sus cánones de evaluación, para que toda educación subsidiada por el Estado, pública y privada, abandone los principios neoliberales de gestión financiera y de la enseñanza estandarizada, que han sido regresivos en materia de calidad y pertinencia de la nuestra educación”.

Imagen de portada: Francisco Castillo / Agencia Uno

El proceso seguido por la educación pública nacional desde el año 2018 a la fecha ha sido complejo, sea por problemas de diseño e implementación de esta reforma, dado el escenario inicial previsible de instalación (gobierno de centro-derecha no entusiasta con la educación pública), como por el devenir experimentado en sus casi 8 años de vida, sumado a los efectos de la pandemia y, adicionalmente, por errores en esta área incurridos por el gobierno del presidente Boric, siendo uno de sus íconos los sucesos que afectaron al Servicio Local de Atacama.

En este marco, es valioso -aunque claramente insuficiente y además tardío- que en la etapa final del del actual gobierno, el Director Nacional de Educación Pública reconociera recientemente en una columna del diario electrónico el Mostrador, que el componente financiamiento ha sido un factor crítico para la viabilidad de la Nueva Educación Pública (NEP) , planteamiento que además su texto no considera plenamente los grandes desafíos político/estratégicos que enfrenta la NEP, que si bien poseen sustento en lo financiero, exceden notablemente dicha dimensión, siendo predecible el relato de las dificultades ocurridas en estos años, gracias a los aportes de estudios y evaluaciones que al tenor de lo ocurrido -de haberse considerado oportunamente sus sugerencias- el transcurrir de la NEP habría sido más positivo. 

Estudios y evaluaciones precisan los problemas y desafíos determinantes de la NEP, en especial las mismas evaluaciones regulares que ha realizado el Mineduc y estudios del CIAE con la PUCV  y otros, asociados a su viabilidad (2030), los que dan cuenta –al menos- de dos aspectos claves insuficientemente considerados desde el despertar de la NEP hasta hoy:  (i) que es una reforma institucional donde su arquitectura no atiende debidamente los problemas sistémicos fundamentales de la educación pública, necesitando contemplar otros elementos claves de gestión de la enseñanza que no se cambiaron (entre ellos—por ejemplo-  el sistema de ingresos y gastos vía subvención por estudiante; la instalación de una carrera directiva, con criterios diferentes al actual proceso sustentado en el “mercado”, etc.); y (ii) que sus mecanismos de implementación distan significativamente de dar la gobernabilidad necesaria, tanto al nuevo como al antiguo sistema de educación pública, para resolver sus desafíos estratégicos, tanto en la simultaneidad de su instalación, como en su desarrollo futuro.

La NEP se instala el 2018 en un escenario convulso e incierto, cuando la educación municipal había llegado a un grado de deterioro profundo de sus capacidades –salvo mínimas excepciones- para brindar formación de calidad, como lo demuestra la caída histórica de sus resultados (matrícula y aprendizaje), y más frágil aún para revertir desde la institucionalidad y de sus prácticas de gestión en todo plano, lo que en el diagnóstico inicial del sector no fue debidamente apreciado, situación a la que arriba -precisamente- por el sistema de financiamiento vía subsidio, y por la escasa comprensión por las corrientes progresistas de sus impactos en el sistema escolar, que no calibraron la extrema dificultad de compatibilizar políticas de derechos sociales con instrumentos de gestión pública sustentados en el mercado. 

Otro factor no considerado debidamente hasta la fecha es que el neoliberalismo desafió exitosamente –desde la visión de muchos ciudadanos- a la política educacional progresista, situándose como una opción efectiva de gestión de los sistemas educativos, logrando desdibujar las diferencias relevantes entre lo público y lo privado, apoyándose también en debilidades y limitantes del sector público en lo estratégico y operacional que contribuyeron al posicionamiento del sector privado subsidiado. 

En este plano también los entes directivos de la política pública no valoraron en su justa dimensión los efectos agregados del Financiamiento Compartido (aportes de la familia al establecimiento), cuyos impactos fueron perversos respecto de sus objetivos de política social, potenciando el aumento de la segregación social y de la desigualdad en el sistema escolar, incidiendo significativamente tanto en la disminución de la matrícula municipal como en la pauperización de su población escolar. Fenómeno visibilizado por la política cuando ya era casi irreversible, demostrando la incomprensión de los gobiernos progresistas para dimensionar debidamente, cómo medidas neoliberales básicas sustentaron cambios profundos en el sistema de educación pública desde los años 80 en adelante, conduciendo a este sector a su estado terminal.

En referencia al diseño e implementación de la NEP, se acreditaron problemas en su instalación que ocurren bajo una tensión estructural de gobernanza del sistema educativo nacional, desdibujándose sus horizontes originales, sin modificar ni los mecanismos de financiamiento ni el modelo de gestión de la enseñanza, manteniendo criterios de mercado en puntos claves, y sin dotar a los Sistemas Locales de Educación Pública de herramientas para una gestión efectiva intra e inter-sistema, es decir de gobernabilidad y gobernanza acordes con su misión.

Desde el mismo diseño del proyecto (2016) se sabía que el financiamiento de los establecimientos escolares provendría del sistema de subsidios tradicional, y que los directivos escolares seguirían atados a la evaluación “de mercado”, fenómeno al menos contradictorio ya que con la NEP se buscaba “sacar a los establecimientos públicos de la lógica del mercado”. Es claro que ello no ha ocurrido hasta la fecha. Por el contrario, la tramitación del presupuesto público del 2025 para el sector potencia la “contrarreforma conservadora en educación” enarbolada por la derecha, la que ha puesto obstáculos financieros a la implementación de los SLEP (y también del Sistema de Admisión Escolar), comprometiendo más su viabilidad y fortaleciéndose al mercado mediante estas iniciativas.

Igualmente ha contribuido a la confusión estratégica la re-centralización del sistema escolar sustentada por la NEP, con la creación de la Dirección de Educación Pública (DEP) como rectora del sistema (dependiente del Mineduc), a lo que se suma –salvo excepciones- una débil e insuficiente relación de cada SLEP con la institucionalidad regional, tanto ministerial como del Gobierno regional (GORE). 

Respecto de los desafíos del proceso de implementación financiera, sabemos que la ley –desde sus inicios- no establecía mecanismos consistentes con la misión de la NEP, ni garantizaba la disponibilidad de recursos indispensables para su consecución, dando cuenta de importantes dificultades de implementación. A lo que se agregan las complejidades del proceso en sus diversas dimensiones y etapas, desde las expectativas de los participantes, su resistencia al cambio, la necesaria transformación de la cultura organizacional, dificultades importantes en la gestión pedagógica, administrativa y financiera que han sido oportunamente identificados en diversas instancias.

Los recursos de la NEP corresponden a una partida menor del ministerio (de los años 2018 a 2023 representa del 2 a 3% del total de fondos del Ministerio), entendiendo que dicha cifra no considera los subsidios referidos a estudiantes, a saber, el basal,      Subsidio Escolar Preferencial, pro-retención y otros, que reciben los establecimientos escolares, asignados bajo los mismos criterios de asistencia y vulnerabilidad social para todas las escuelas subsidiadas. 

En síntesis, sería importante a la fecha realizar un análisis con mayor detalle que permitiese identificar los núcleos pedagógicos problemáticos, los requerimientos de recursos para atenderles debidamente y también el plan para su financiamiento, teniendo presente que los resultados logrados por la NEP en materia pedagógica son positivos -vistos desde la instalación de una reforma- aunque distan de ser una respuesta sólida a las expectativas de calidad requeridas por el país.

Respecto del futuro próximo, es importante situarse en el escenario en el que se ha desarrollado esta reforma, ya que la fragilidad de la institucionalidad, y los problemas de gobernabilidad del sector acusan claramente dudas sobre su viabilidad, atendiendo además el avance de la “contrarreforma conservadora” que persigue redirigir este proceso hacia situaciones que debiliten aún  más al sector público en pro del sector privado de no mediar próximamente transformaciones mayores, entre las que son indispensables la provisión de una sólida base financiera para el sector, generada a partir del cambio del sistema de subsidio, incluyendo los criterios para su cálculo y las pautas educativas que deben garantizarse con ello, algo que se ve distante en la actualidad, no solo por su viabilidad política, sino porque también demandaría al fisco recursos financieros importantes y estables.

Simultáneamente, sería positivo realizar un redireccionamiento de la NEP que implicase aumentar gradual y significativamente su descentralización hacia los GORE, lo que implicaría reducir gradualmente la DEP como instancia de soporte de la instalación, dejando el componente de apoyo educativo a las instancias regulares del Ministerio, lo que conduce a una discusión sobre esta materia, como también del sistema presupuestario y del manejo y control del gasto, entre otros.

El diagnóstico de los aspectos críticos intra SLEP es claro y no requiere reinventarse, si no tomar decisiones que nos alejen del clientelismo político y nos conduzcan hacia una política de Estado en esta materia. Lo que implicaría considerar –además de lo expuesto- el rediseño de la cultura organizacional y sus cánones de evaluación, para que toda educación subsidiada por el Estado, pública y privada, abandone los principios neoliberales de gestión financiera y de la enseñanza estandarizada, que han sido regresivos en materia de calidad y pertinencia de la nuestra educación.