“Este hombre tiene las manos llenas de sangre”, le dijo el secretario de Estado George Shultz al presidente Ronald Reagan mientras discutían sobre el futuro del general Augusto Pinochet. “Ha hecho cosas monstruosas”, concluyó.

Trece años antes, Estados Unidos ayudaba a Pinochet a llegar el poder. En noviembre de 1986, en Washington llegaba el momento en que el gobierno estadounidense decidía que el general había cumplido su propósito y era tiempo de que se fuera.

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1986, los principales asesores de Reagan pusieron el asunto en perspectiva: “El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, quieren que Chile vuelva a su tradición democrática de 150 años. Entonces, la decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir más efectivamente a un resultado democrático en Chile”. (ver documento)

La historia de cómo el gobierno estadounidense, desplegando la fuerza de la CIA sobre Chile, ayudó a orquestar el derrocamiento del gobierno del democráticamente electo Salvador Allende y el ascenso al poder del régimen militar de Pinochet es bien conocida en el mundo. Pero la historia de cómo Washington decidió cortar con Pinochet, presionarlo y cautelosamente apoyar a la oposición civil para impedir su intención de ser un presidente vitalicio, nunca ha sido completamente revelada. Y fue en noviembre de 1986.

Veinticuatro años después de que se tomara esa decisión, documentos desclasificados de la Casa Blanca, recientemente obtenidos por el Nacional Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que CIPER da a conocer por primera vez– dan luces sobre las reuniones en que la conservadora administración Reagan concluyó que Pinochet ya no servía a los intereses de Estados Unidos. La conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder.

El deterioro de una relación

En un comienzo, la administración Reagan veía al régimen de Pinochet como un aliado anticomunista que merecía el apoyo de Estados Unidos. No mucho después de asumir la presidencia (enero de 1981), Reagan levantó las sanciones que la administración Carter había impuesto al régimen militar por su responsabilidad en la bomba que hizo explotar el auto en el que viajaban el ex embajador chileno en Washington Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt. Ambos perdieron la vida. Reagan, en cambio, envió a Chile su embajadora ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, a reunirse con Pinochet y “expresarle el deseo de mi gobierno de normalizar por completo las relaciones con Chile.”

A diferencia del presidente Jimmy Carter, la nueva administración no lo presionaría más por las violaciones a los derechos humanos. Pinochet interpretó el respaldo que le volvía a brindar Washington como una reivindicación y una ratificación de su régimen. En un discurso unos meses después de la elección de Reagan, Pinochet declaró que si antes Chile se hallaba sólo en su firme oposición al imperialismo soviético y su respaldo al sistema de la libre empresa, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial. Chile, subrayaba el dictador, no era el que había cambiado.

El colapso de la economía de libre mercado chilena en 1982, seguido de un aumento del descontento popular hacia mediados de 1984, levantó las primeras dudas en las cabezas de los funcionarios de Estados Unidos sobre si seguir o no apoyando al régimen. Ese año 1984, en el que Reagan fue reelegido para un segundo período, un informe de inteligencia de la CIA titulado “Pinochet bajo presión” reportaba que “la política chilena había cambiado de manera irreversible, creemos, durante los últimos años”:

** La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del gobierno se ha agudizado a causa de la recesión económica.

** El resurgimiento de los sindicatos y los partidos políticos ha propiciado la reactivación de la vida política chilena.

** Los radicales de izquierda se han vuelto más activos en lo político, hasta el punto de organizar mítines y participar en debates informales con partidos moderados, en tanto que el Partido Comunista chileno ha extendido su organización por todo el país de un modo que sólo supera el Partido Demócrata Cristiano.

** La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración del gobierno civil.

Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto hipocresía de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una contrarrevolución violenta en Nicaragua en nombre de la democracia pero al mismo tiempo no hacía nada respecto a Chile–, llevó al Departamento de Estado a la primera revisión significativa sobre la continuidad del apoyo de la administración Reagan al régimen de Pinochet. El entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile”.

Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, se encontraron con un Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz le dijo al presidente que la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no haría sino beneficiar a los comunistas”.

El asesinato de Rodrigo Rojas

El asesinato de un joven fotógrafo chileno que acababa de volver del exilio en Washington puso nuevamente la atención de los altos funcionarios de la administración Reagan en la necesidad de aumentar las presiones para que Pinochet se fuera. Rodrigo Rojas había regresado a Chile en mayo de 1986. El 2 de julio, él y una joven mujer, Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos por una patrulla militar durante una protesta callejera, rociados con gasolina, quemados y arrojados a una zanja. Rojas murió unos días después a causa de las quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

En una clara señal del rechazo de Washington a las violaciones de derechos humanos de Pinochet, el embajador de Estados Unidos Harry Barnes se unió a miles de chilenos en la procesión del funeral en Santiago. Pinochet le dio la espalda a Estados Unidos desplegando los guanacos sobre la multitud.

La naturaleza salvaje de esa atrocidad y el hecho de que Rojas era residente en Estados Unidos, resonó en Chile y en Washington. La tarde del 14 de julio, la lectura de documentos del Presidente Reagan incluyó un reporte secreto sobre el “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de Rojas”. Hombres clave del Congreso estadounidense pidieron que el gobierno repudiara públicamente al régimen de Pinochet. “La onda expansiva que dejó la muerte de Rojas tiene un impacto relevante en las actitudes de los congresistas. El sentimiento por acciones duras seguirá construyéndose particularmente si los responsables de este crimen no son identificados y enjuiciados”, decía al reporte secreto enviado al secretario Shultz por su delegado para América Latina, Elliott Abrams.

Con su informe, Abrams encendió las alarmas sobre Chile: “La última línea es que enfrentamos un empeoramiento de la situación en Chile y necesitamos usar todos los medios disponibles para proteger nuestros intereses”. Y advirtió que una presión efectiva de Estados Unidos requerirá “más que voleos verbales para conseguir que Pinochet acepte irse o persuadir al Ejército de persuadirlo a él”. Abrams recomendó considerar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional “para revisar nuestra política hacia Chile”.

Antes de que la reunión del NSC pudiera organizarse, los funcionarios estadounidenses quedaron sorprendidos por un aumento de los militantes de izquierda en Chile. En agosto, un enorme arsenal de armas destinadas al recientemente formado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista, fue descubierto en Carrizal Bajo. Y el 7 de septiembre, miembros del FPMR intentaron asesinar a Pinochet cerca de su casa de descanso en el Cajón del Maipo. “La extrema izquierda probablemente continuará poniendo bombas, saboteando y realizando otros ataques en búsqueda de aumentar la tensión y crear inestabilidad”, reportó la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos el 9 de septiembre. En respuesta al ataque, Pinochet declaró Estado de Sitio e inició una nueva fase de represión en Chile.

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 18 de noviembre

“Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido su confianza en la democracia como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a los comunistas”, afirmó en un documento secreto el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, para preparar una reunión del NSC sobre la política estadounidense hacia Pinochet (esa reunión estaba originalmente programada para el 14 de noviembre y luego fue postergada para el 18 de ese mes). “La estrategia de Pinochet de quedarse en el poder parece ser la de polarizar el país, mantener a la oposición débil y dividida, de modo de que pueda presentar al país una elección entre él y los comunistas en 1989 y forzar a la Junta a nombrarlo como candidato (en el plebiscito)…Él cree que ganaría”. ( ver documento)

Dominado por ideólogos de derecha, el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan vio la reunión como una forma de adoptar una “estrategia cuidadosamente calibrada” para sacar a Pinochet del poder. Pero los documentos desclasificados de la reunión revelan un conflicto entre el NSC y el Departamento de Estado sobre cómo manejar la “creciente tensión entre nuestro interés nacional en una transición a la democracia ordenada y pacífica en Chile, y el aparente deseo del presidente Pinochet de mantenerse en el cargo indefinidamente”.

El Departamento de Estado buscaba un apoyo de alto perfil para la oposición chilena no comunista y un esfuerzo por distanciar públicamente a Washington del régimen militar votando “no” a los créditos multilaterales y otros préstamos a Chile. El NSC parecía despreciar lo que los funcionarios llamaban “vías indisciplinadas y poco pragmáticas” de la oposición democrática y tener más simpatía por reunirse con los militares para que apoyaran la transición. El NSC creía que un acercamiento más sutil a los miembros de la Junta de Gobierno y el Ejército sería más efectivo para presionar a Pinochet.

Cuando la reunión comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete de la Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, con un sesgo hacia la mantención de vínculos positivos con los militares chilenos e incluso con Pinochet:

** Primero, la necesidad de mantener el rol positivo de los tres miembros de la Junta pro transición y apoyar sus esfuerzos por lograr que el Ejército se les una en la transición;

** Segundo; la necesidad de responder a las preocupaciones de seguridad e institucionales del Ejército y evitar los actos que fomenten actitudes nacionalistas y/o un movimiento en apoyo Pinochet”

** Tercero, la necesidad de evaluar cómo las acciones de Estados Unidos, especialmente aquellas que puedan ser interpretadas como un retiro del apoyo estadounidense al régimen, afectan las acciones y estrategia del Partido Comunista Soviético/Cubano/Chileno.

** Cuarto, la necesidad de mover a la oposición democrática hacia una postura más disciplinada y pragmática de modo de que aumente su credibilidad en el Ejército;

**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.

A partir de ahí, el director suplente de la CIA, Robert Gates (actual secretario de Defensa, con quien se reunió el ministro de Defensa de Chile Jaime Ravinet en Santiago la semana pasada) estableció el análisis de la agencia sobre la situación de Chile. El descubrimiento de depósitos de armas “trajo de vuelta para la mayoría de los chilenos la amenaza de una insurrección comunista en los próximos años”, le dijo Gates a Reagan. Y advirtió que “el dominante Partido Comunista, con una fuerza de 30.000 miembros, ha progresivamente girado hacia la violencia como el único medio para polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet”.

La evaluación final de la CIA era optimista: “Después de todo, recientes evoluciones en las actitudes de los miembros de la Junta y la reacción de la oposición moderada al intento de asesinato (de Pinochet) de alguna forma han aumentado las esperanzas de que pueda realizarse un proceso de transición pacífica que saque a Pinochet del poder hacia 1990 y permita a los militares entregar el gobierno a una coalición no comunista”.

Sin embargo, Gates identificó también “cuatro importantes obstáculos para dicha transición: (1) La determinación de Pinochet de quedarse en el poder por las próximas décadas; (2) la amenaza de violencia terrorista; (3) la subversión externa y el apoyo de grupos violentos; y (4) la incapacidad de la oposición moderada de cohesionarse en torno a un programa de transición específico aceptable para los militares”.

En la transcripción desclasificada (ver documento) de la reunión queda claro que el Presidente Reagan era el más férreo defensor de Pinochet, aunque reconociera que era el momento de que Pinochet se fuera. “Salvó a su país… Si hubiera alguna forma en que pudiéramos aparecer como no oponiéndonos a él, indicar que respetamos lo que ha hecho, pero al mismo tiempo decir que queremos ayudar a Chile por el bien de Chile”. Cuando Reagan sugirió que podía ir personalmente a Chile en una visita de Estado para hablar con Pinochet, su secretario de Estado, George Shultz le replicó: “De ninguna forma. Este hombre tiene las manos llenas de sangre…”.

Fue el secretario Shultz quien expuso el argumento más convincente para presionar a Pinochet. “No se engañe”, le dijo a Reagan en su cara. Pinochet “ha sido cruel, represivo y lo que ha hecho es simplemente indefendible”. Rechazando la posición del NSC de que de alguna forma Washington podría convencer suavemente a Pinochet de irse, Shultz afirmó: “Lo que estamos tratando de hacer es estar seguros de que estamos en el lado de la transición, pública y privadamente. Es por eso que nuestros actos, como ir al funeral (de Rodrigo Rojas) nos han dado credibilidad. Si sólo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a rockear con él un poco”.

“No creo que podamos sólo tratar con la persuasión”, hizo ver Shultz en otro momento de la reunión. “Tenemos que mover algún músculo o no va a cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder”.

Esta reunión clave, que pretendía establecer una “nueva dirección” para las políticas de Estados Unidos hacia Chile, tiene un final incierto y surrealista, con el Presidente Reagan alabando los esfuerzos de Pinochet de privatizar la seguridad social en Chile y contando historias de horror sobre el sistema estadounidense. Pero la conclusión fue clara: el gobierno de Estados Unidos, que había ayudado a Pinochet a llegar al poder trece años antes, iniciaría finalmente un esfuerzo concertado para forzarlo a dar un paso al lado.

El desenlace de un dictador

Un día después de la reunión del NSC sobre Chile, el presidente Reagan dio una conferencia para negar reportes de prensa que indicaban que su administración había vendido secretamente armas a Irán. En semanas, su administración se hundiría en el más grande escándalo político de la década —conocido como el caso Irán-Contra—, que involucraba la venta ilegal de armas a Irán para financiar la insurgencia Contra en oposición a los Sandinistas en Nicaragua. El escándalo casi le costó a Reagan su presidencia; llevó al despido de John Poindexter y otros consejeros de seguridad nacional que habían estado involucrados en actividades ilegales, entre ellas el haber enviado a líderes de los Contra a Santiago para recibir armas de los militares chilenos. En última instancia, el escándalo Irán-Contra distrajo mucho la atención de Washington hacia Chile durante los últimos años de la dictadura militar.

La campaña del “No” que culminó con el plebiscito de 1988 y la victoria a favor de la democracia fue una tremenda hazaña de estrategia política de los chilenos. Que Estados Unidos abandonara su apoyo previo a Pinochet jugó un rol, aunque menor, en el proceso político en Chile. E National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes hacía la CIA de manera encubierta, el que junto a la federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de la oposición democrática y organizar el registro de votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo de votos para el día de la elección.

Sin embargo, el rol más significativo de Estados Unidos fue delatar el plan secreto de Pinochet de usar la violencia para anular el plebiscito en caso de que ganara el “No” y así mantenerse en el poder. Ya en mayo de 1988, cuatro meses antes del plebiscito, la CIA obtuvo datos de inteligencia sobre “la creciente determinación de los militares de evitar la subida el poder de un gobierno civil en Chile”. Hacia fines de septiembre, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés) habían acumulado evidencia significativa de un plan para una matanza y un autogolpe si el voto no se inclinaba hacia Pinochet el 5 de octubre. En un cable secreto al Departamento de Estado, el embajador Harry Barnes reportó:

El plan de Pinochet es sencillo: a) si gana el SI, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción, c) si parece que los votantes se decantan claramente por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y durante la jornada de elecciones. Sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable de vidas.

En un informe clasificado “Top Secret” la Agencia de Inteligencia de Defensa, informaba que el plan pudo resultar en un “grave y generalizado derramamiento de sangre”.

La administración Reagan actuó en forma rápida y decisiva para confrontar estas amenazas de Pinochet. Silenciosamente, los funcionarios militares estadounidenses contactaron a otros miembros de la Junta para advertirles que las consecuencias de abortar un plebiscito serían duras para Chile. Washington también compartió información de inteligencia con los británicos, de modo que ellos también pudieran presionar a sus contactos dentro del Ejército para que resistieran el intento de Pinochet de quedarse en el poder.

El 3 de octubre, el Departamento de Estado expuso públicamente el plan de Pinochet para mantenerse en el poder y lo denunció, diciendo que “dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la reputación de Chile a nivel mundial”. En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, el gobierno de Reagan afirmó: “Nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo”.

Esta presión no tuvo impacto en Pinochet, pero pudo haber sido un factor, junto con el ferviente compromiso y deseo de la mayoría de los chilenos, que influenciara a otros miembros de las Fuerzas Armadas a oponerse a una extensión violenta de una dictadura que ya era sangrienta y prolongada. Avanzada la tarde de ese histórico 5 de octubre de 1988, cuando estaba claro que Pinochet había perdido el plebiscito, otros miembros de la Junta se negaron a firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de emergencia para anular la votación. Esa noche marcó el fin de su régimen militar infame y el comienzo del regreso de la democracia en Chile.

*Peter Kornbluh es autor de «Pinochet: Los Archivos Secretos» y dirige el «Chile Documentation Project» en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la Universidad de Yale y actualmente vive en Santiago. Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de la Memoria y Derechos Humanos.