Servel rechazó rendición de Orrego por alto monto pagado a administrador electoral: $20,6 millones por cuatro meses de trabajo

El Servel aprobó más de $1.000 millones en reembolsos para la campaña de Claudio Orrego, el gobernador regional metropolitano que enfrenta un proceso de destitución luego de que la Contraloría detectara que con fondos del GORE se contrató un coaching con fines electorales. CIPER revisó la rendición de Orrego al Servel, accediendo a las observaciones y al expediente que el organismo realizó sobre su candidatura. La entidad rechazó el monto de los honorarios pagados a su administrador electoral, José Andrés Wallis, quien cobró $20,6 millones por cuatro meses de trabajo, por sobre el límite de $13 millones establecido por el Servel. En la campaña anterior, la candidatura de Karina Oliva fue cuestionada por lo mismo: altos pagos para su equipo de confianza. Además, en la campaña de Orrego trabajaron 13 personas que aparecen contratadas en paralelo por el GORE. En el equipo de Orrego señalan que hubo funcionarios que renunciaron o tomaron vacaciones para apoyar la candidatura.

Nuevos problemas, ahora vinculados a su campaña a la reelección enfrenta el gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Este nuevo flanco se suma a la investigación que le abrió el Ministerio Público y al proceso que eventualmente podría terminar en su destitución, luego de que la Contraloría detectara que con recursos del Gobierno Regional (GORE) se pagaron $31 millones por un coaching que, a juicio del ente fiscalizador, tenía objetivos electorales.CIPER accedió a la auditoría que el Servicio Electoral (Servel) realizó a la candidatura para la reelección de Orrego en 2024, en la que se cuestiona el monto pagado a su administrador electoral, por exceder lo establecido por el organismo para este tipo de servicios. Se trata del mismo cuestionamiento que en su momento recibió la candidatura de Karina Oliva en la elección anterior, cuando CIPER reveló que había pagado a sus colaboradores más estrechos sumas muy superiores a lo que habitualmente se dan en este tipo de campañas.

Según el documento, el Servel estableció un máximo de $13 millones como remuneración para la tarea de administrar los ingresos y gastos electorales. Es decir, un pago mensual de $3,2 millones considerando los cuatro meses de campaña entre primera y segunda vuelta (de agosto a noviembre de 2024).

El administrador electoral de Orrego, Andrés Wallis -exsubsecretario de Transportes del gobierno de Eduardo Frei-, por sus honorarios para los meses de agosto y septiembre habría percibido $4,5 millones, mientras que por octubre y noviembre, $5,8 millones. Todas son montos brutos. 

En total, Orrego rindió $20,6 millones como remuneración para el administrador y pedía al Servel que se financiara con el reembolso por votos que el Estado dispone para quienes no puedan cubrir sus gastos electorales con los aportes recibidos en campaña.

Ese episodio que protagonizó Karina Oliva en la campaña anterior, fue sacado a colación justamente por el administrador electoral de Orrego, quien, antes de que el Servel rechazara definitivamente el gasto, defendió su remuneración explicando al organismo lo siguiente: 

“La elección del administrador electoral de este proceso de campaña, y por cierto,  luego de hechos tan bullados como los que se auditaron a su contrincante en el proceso eleccionario pasado, lo hicieron entregar el ejercicio del cargo en una  persona de su entera confianza, con una trayectoria tanto en la vida pública como  privada, y entregar la administración de su patrimonio personal durante el periodo de campaña a don Andres Wallis”.

El servicio además objetó que el administrador contratara a otras personas para hacer labores propias de su cargo. Se trata de los servicios de María Dobud, quien, por apoyar la tarea contable, cobró $6,8 millones que también buscaban ser reembolsados. “Las funciones de un administrador electoral son indelegables, según lo establecido en la normativa vigente”, determinó el Servel.

Fuente: Flickr del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

FUNCIONARIOS EN LA CAMPAÑA

En el informe hay además un nuevo rastro que une a la campaña de Orrego y la Gobernación Regional Metropolitana. Según la auditoría, el Servel detectó que cinco personas emitieron boletas por trabajos realizados en la campaña del gobernador y que al mismo tiempo estaban contratadas en el GORE.

Estas cinco personas también estaban dentro de las solicitudes de reembolso, pero en el informe se señala que por error se ingresaron como gastos sujetos a financiamiento estatal. En la auditoría se señala que los informes de actividades que estas cinco personas presentaron como respaldo para acreditar su trabajo no eran suficientes para probar que los servicios realmente se efectuaron. Y en dos casos se señala que, además, sus labores estaban duplicadas, porque otras personas hacían la misma función.

CIPER constató, revisando los documentos del Servel, que aparte de estas cinco personas, Orrego sumó a su campaña otros ocho colaboradores que en paralelo cumplían funciones en el gobierno regional. En total, se trata de 13 personas que estaban o estuvieron ligadas contractualmente con el GORE y que extendieron boletas de honorarios por servicios para la campaña de Orrego. Esos trabajos totalizaron pagos por $44,2 millones. 

Claudio Orrego derivó las consultas de CIPER sobre su rendición de campaña a personas del equipo que estuvo a cargo de su comando electoral, los que señalaron lo siguiente:

“Toda persona que participó en dicha campaña de forma remunerada lo hizo haciendo uso de permisos debidamente tramitados y/o fuera de su horario laboral”. 

“En otros casos, se trata de personas que renunciaron a sus funciones para participar en la campaña, lo cual está debidamente acreditado. (Se adjunta documentación correspondiente: certificados de permisos y/o términos de contrato)”.

“Respecto a la observación sobre la remuneración del administrador electoral, es preciso señalar que esta fue debidamente justificada y documentada, tanto en cuanto a su rango de precios como a los productos entregados. Si bien el Servel ha señalado posteriormente la existencia de un cálculo estimado para este tipo de servicios, dicho valor no fue informado a esta administración por ninguna vía oficial”.

“Esta observación, al igual que las otras indicadas en la rendición, forma parte de una apelación presentada ante el Tricel, la cual fue acogida a tramitación con fecha 11 de junio del presente año”.

LO QUE SEÑALA EL SERVEL

Según la resolución del Servel, la que CIPER obtuvo vía Ley de Transparencia, el 9 de abril de este año el organismo aprobó con observaciones la cuenta de ingresos y gastos de la candidatura de Claudio Orrego, autorizando el pago de $792 millones para cancelar el crédito pactado por el gobernador con el Banco Estado y $311 millones por gastos de servicios no cubiertos por los ingresos de su campaña. Se rechazaron $87 millones en gastos rendidos.

El rechazo a los $20,6 millones que cobró el administrador electoral, fue justificado por el Servel de la siguiente manera:

“Es preciso señalar que el monto cobrado por el prestador de servicios, ascendente a $20.600.000, se encuentra sobre el valor máximo definido por este Servicio, el cual es de $13.032.718. Como resultado del análisis se sugiere rechazar”.

En relación a los pagos a colaboradores que el Servel detectó que estaban relacionados contractualmente con el GORE, el servicio también observó inconsistencias. En todos señaló que los informes de actividades presentados no eran suficientes para comprobar que los trabajos efectivamente se realizaron y en algunos casos advirtió duplicidad de funciones.

Por ejemplo, Evelyn Magdaleno, contratada para hacer gestión de propaganda, a juicio del Servel, tenía la misma función que Yenny Lorca. El equipo de la campaña de Orrego envió a CIPER un certificado, emitido por el GORE el 16 de abril pasado, en que se señala que la funcionaria hizo uso de permiso administrativo desde el 27 de septiembre hasta el 25 de agosto de 2024 y luego entre el 18 y el 21 de noviembre. 

Con respecto a Samantha Henríquez, contratada para labores en redes sociales, el organismo estimó que su rol estaba duplicado con el de Javiera Saavedra. El equipo de Orrego envió a CIPER un certificado, emitido en abril de 2025, en que se señala que Henríquez renunció a su trabajo a honorarios el 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, según los registros de transparencia, ese día la asesora pasó a contrata y de percibir $1,6 millones mensuales hasta agosto de ese año, comenzó a recibir $2,4 millones. Según su contrato, ella se integró a la campaña el 26 de septiembre y en Transparencia del GORE, no tiene remuneración ni en octubre ni en noviembre[PR1] . CIPER no recibió respaldos que indiquen cómo mantuvo su contrato con el GORE a pesar de haberse ausentado dos meses, porque en diciembre retomó sus funciones en la gobernación hasta hoy. Para la campaña emitió una boleta por $2,2 millones.

Asimismo, el Servel objetó que labores de prensa se hayan realizado posterior a la elección, como habría ocurrido en el caso de otra funcionaria del Gore, María Henríquez, a quien el servicio rechazó sus honorarios de casi $4 millones. Desde el excomando de Orrego señalaron que la funcionaria estuvo 21 días hábiles con feriado y otros 18 días con “permiso complementario”.

Según señala el Estatuto Administrativo, este permiso es una compensación que se otorga por haber trabajado de noche o en días festivos.  “Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos deberán ser compensados con un descanso complementario igual al tiempo trabajado más un aumento de 50%”, dice. En la revisión de sus remuneraciones mensualizadas, la funcionaria no aparece con cobros anteriores por trabajar en festivos o en horas extraordinarias.  

Otro colaborador que hizo uso de un permiso complementario en el GORE es Cristián Oyaneder, quien estuvo 17 días hábiles fuera de su función habitual, lo que le posibilitó estar en la campaña de Orrego. Además, tomó tres días administrativos y otros nueve sin goce de sueldo. En la campaña percibió $3,2 millones por su labor de jefe de comunicaciones.

Mauricio Zúñiga, contratado a honorarios en el GORE, tomó 15 días de vacaciones – desde el 27 de septiembre al 17 de octubre de 2024- para participar en la campaña. Los informes mensuales que debe entregar al gobierno regional para que quede registro de los trabajos que realizó, entre agosto y octubre de ese año son prácticamente iguales. 

La lista de funcionarios que renunciaron al GORE para trabajar en la campaña del gobernador, la componen Javiera Saavedra, Iván Salinas, Andrés Chulak, Cristián Figueras y Franco Yáñez. CIPER constató que Lilian Hernández y Cristián Poblete también figuran con pagos tanto en la campaña como en el Gore. Y que, según su perfil de Linkedin, Isidora Martínez también trabajó en ambos empleos. Al cierre de este artículo, desde el excomando no habían enviado todavía información sobre los feriados legales de Poblete y Martínez, pero sí de Hernández quien, según su certificado, tomó seis días administrativos en el Gore y 15 de vacaciones para sumarse a la campaña.