Nuestras vidas al centro: un amplio llamado a la movilización social por el Aborto Legal

Desde la Coordinadora Feminista 8M una de sus voceras escribe esta columna a horas de que el gobierno ingresara al Congreso su proyecto de aborto libre. Sostiene que este “llega tarde. El gobierno que se autodenominó feminista decidió dejar esta demanda por la vida de las mujeres y personas gestantes para el final, y sin la voluntad política decidida para impulsar esta agenda” y que “no aceptaremos proyectos simbólicos, ni concesiones a medias. Queremos una ley robusta que recoja nuestras demandas. Una ley que tenga como centro la libertad, la justicia y el cuidado”.

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

El aborto legal es una demanda histórica de las feministas y de los movimientos sociales en Chile. Ya en 1935, el programa con el que se formó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile exigía contar con una legislación de aborto sobre bases científicas, dada su urgencia para las mujeres obreras. Desde su inicio, la cuestión del aborto ha sido una cuestión de justicia social, de derechos humanos, de dignidad. Enfrentamos una realidad marcada por la desigualdad, donde las mujeres, niñas y personas gestantes más pobres son quienes pagan con su salud, su libertad o incluso su vida la ausencia de este derecho, y sobre quienes se impone con más dureza el destino de la maternidad obligatoria. Avanzar hacia el aborto legal, seguro y gratuito es un imperativo ético y político que debe ser asumido con urgencia.

En ese contexto, el reciente anuncio del Gobierno sobre la presentación de un proyecto de ley para legalizar el aborto en Chile llega al fin, pero llega tarde. El gobierno que se autodenominó feminista decidió dejar esta demanda por la vida de las mujeres y personas gestantes para el final, y sin la voluntad política decidida para impulsar esta agenda y utilizar la invaluable posición comunicacional en que se ubica para abrir un amplio debate. El proyecto llega, además, sin un proceso de participación social amplio, clave para poder construirlo y defenderlo desde todo el país frente a las arremetidas conservadoras y antiderechos.

Pese a esto, estamos atentas. Queremos conocer el contenido de este proyecto, estudiarlo en detalle, analizar sus fundamentos y sus limitaciones. No basta con una ley que despenalice o regule en abstracto: exigimos un marco legal que garantice plenamente nuestra autonomía, que reconozca nuestras decisiones como válidas y legítimas, y que asegure las condiciones materiales para que todas podamos ejercer este derecho sin barreras ni discriminación.

El aborto legal es una herramienta indispensable para combatir las brutales desigualdades de clase que atraviesan nuestras vidas. Hoy en Chile, quien tiene recursos puede acceder a un aborto seguro, aunque clandestino; mientras que quienes no los tienen enfrentan el riesgo de métodos inseguros, la criminalización, el estigma, o la maternidad forzada. Esta es una injusticia estructural que debemos enfrentar con decisión. Legalizar el aborto es también redistribuir el poder, es permitir que todas las personas gestantes podamos decidir sobre nuestros proyectos de vida, sin ser castigadas por ello.

Desde la Coordinadora Feminista 8M, hemos puesto en el centro la consigna “aborto legal es justicia social” y defendemos una maternidad voluntaria, deseada y protegida. Esto no es solo una aspiración simbólica: es una política concreta que interpela al Estado. Porque decidir ser madre debe ser una elección, no una imposición; y si elegimos serlo, debemos contar con todas las condiciones para vivir esa maternidad con dignidad. Por eso, la lucha por el aborto legal es también la lucha por un sistema de salud integral, por educación sexual, por acceso a anticonceptivos, por justicia reproductiva, por trabajos y salarios dignos.

Sabemos que este debate no se ganará solo en el Congreso. La experiencia en otros países de América Latina —como Argentina, México o Colombia— nos enseña que la legalización del aborto se conquista con movilización social, con organización feminista, con presión desde las calles. Por eso, hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones que reconocen la urgencia de este derecho a sumarse a una campaña amplia y decidida por el aborto legal en Chile. Este debate debe ser enfrentado con una movilización autónoma, con voces protagonistas desde el movimiento feminista y social en toda la amplitud posible. No estamos dispuestas a ceder el terreno del discurso público a quienes buscan mantener el statu quo. No podemos dejar este debate en manos de quienes quieren reducirlo a una discusión moral o a una cuestión exclusivamente electoral. Debemos tomar la palabra en nuestras comunidades, con nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo y estudio. Es momento de hablar del aborto con claridad, sin miedo, para desmitificarlo, explicarlo y mostrar que está presente en nuestras vidas, en nuestras historias, en nuestras luchas.

La criminalización del aborto es una forma de violencia institucional. Es una política que castiga la pobreza, que perpetúa el control sobre nuestros cuerpos, que vulnera nuestra dignidad. El Estado chileno aún nos debe este derecho básico, aún mantiene leyes que nos obligan a justificar ante otros nuestra decisión de no continuar con un embarazo. Esto debe terminar. La autonomía reproductiva no puede seguir siendo privilegio de unas pocas: debe ser un derecho garantizado para todas.

La historia del aborto en Chile no ha sido lineal. Las que vinieron antes que nosotras libraron una lucha tenaz que permitió que en Chile avanzáramos en este derecho. Esos avances se sepultaron con la dictadura civil militar, la que en sus últimos días ingresó la reforma al  Código Penal que convirtió al aborto en toda circunstancia en un delito. La transición democrática decidió guardar silencio frente a este crimen de la dictadura, y fueron necesarios casi 30 años para despenalizar el aborto solo en tres causales.

Es tiempo de transformar el silencio impuesto sobre la realidad del aborto en palabra, el miedo en organización, la clandestinidad en derecho. No aceptaremos proyectos simbólicos, ni concesiones a medias. Queremos una ley robusta que recoja nuestras demandas. Una ley que tenga como centro la libertad, la justicia y el cuidado.

La lucha por el aborto legal es una lucha por un país más justo, más libre, más democrático.

En definitiva, el aborto legal no es solo una demanda feminista: es una cuestión de derechos humanos, de igualdad, de democracia. Es una deuda histórica de la democracia que Chile no puede seguir postergando. La exigencia es clara: aborto legal, seguro y gratuito.