Caso Procultura: al menos 42 teléfonos fueron interceptados a petición de la fiscalía

El teléfono celular de Miguel Crispi es uno de los 42 móviles interceptados en la causa que hoy tiene a su cargo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Los respaldos de esas interceptaciones, que fueron autorizadas por un tribunal, fueron solicitados por el Ministerio Público a la PDI, quien todavía se encuentra dentro del plazo de entrega. Según testigos, en algunos casos se autorizó extender el período de tiempo de esos pinchazos. Además de Crispi, se realizaron escuchas al teléfono del exdirector de la ONG, Alberto Larraín, amigo cercano del presidente Gabriel Boric.

En abril pasado, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó a la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI que le enviara los respaldos de las grabaciones de audios de las interceptaciones telefónicas que se realizaron en la indagatoria a la Fundación Procultura, en el marco del Caso Convenios. Según conocedores de las escuchas, el total de las interceptaciones solicitadas por el Ministerio Público a los policías asciende a 42 números telefónicos distintos.

La causa de Procultura es dirigida por el fiscal jefe de Coquimbo, Patricio Cooper, desde que su par regional de Aysén, Carlos Palma, debió dejarla tras ser suspendido luego de que CIPER diera a conocer que la pareja de la entonces ministra suprema Ángela Vivanco le ofreció un doctorado y la jefatura de la Fiscalía Centro Norte, en medio del proceso para elegir al nuevo fiscal nacional en 2022 (vea ese reportaje).

En la investigación se persiguen los posibles delitos de lavado de activos y fraude al fisco, a partir de una serie de contratos firmados por el entonces presidente de la fundación, Alberto Larraín con secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y Gobernaciones Regionales. 

Hasta ayer, la investigación que ha avanzado en manos de Cooper, se mantuvo en reserva para todos los intervinientes.

Fuentes consultadas por CIPER indican que la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Coquimbo fue la que solicitó los respaldos de las grabaciones de audio de esas escuchas telefónicas, agregando que, según información conocida al interior de esa unidad, el plazo de entrega se encuentra vigente. 

Las mismas fuentes detallan que Larraín también forma parte de esa lista y que en su caso hay tres respaldos distintos que está solicitando el Ministerio Público. CIPER constató que en total la fiscalía pidió 57 registros provenientes de los 42 números interceptados, pero en algunos casos, como el de Crispi, hay dos respaldos solicitados al mismo número.

El jueves 26 de abril, La Tercera reveló que entre las escuchas telefónicas del caso donde se indagan los fondos entregados a la Fundación Procultura -ONG ligada al Frente Amplio y cuyo director es cercano a Presidente Gabriel Boric- que el celular del exasesor de presidencia, Miguel Crispi, también fue interceptado (lea ese reportaje).

En el caso de Miguel Crispi -según fuentes consultadas por CIPER- la interceptación inició en noviembre de 2024 y duró alrededor de cuatro meses. De acuerdo con lo que publicó Ex-Ante, la Fiscalía habría solicitado renovar el plazo para las escuchas ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fuentes que conocen el requerimiento realizado ante esa Corte, dijeron a CIPER que los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público apuntan al rol que tuvo el abogado mientras fue subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo (Subdere) y en su posterior cargo como el principal asesor presidencial.

Según un oficio enviado el 14 de junio de 2022 a la Gobernación regional de Antofagasta, revelado por La Tercera, Crispi, en su cargo como jefe de la Subdere, fue quien validó a la Fundación Procultura como organismo ejecutor de los convenios, específicamente para el proyecto de «Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”.

En julio de 2022, cuando Crispi todavía era responsable de la Subdere, fue autorizado por ese organismo un aumento de presupuesto para que el Gore Metropolitano financiara el programa “Quédate” – dedicado a la prevención del suicidio-, el que también sería ejecutado por la Fundación Procultura. 

La aparición de Alberto Larraín –psiquiatra y amigo cercano de Gabriel Boric– en el Caso Convenios asestó un duro golpe político para el gobierno del Frente Amplio.