Las autoras de esta columna escrita para CIPER detallan las falencias que tiene el registro de ISBN en Chile, a cargo de la Cámara Chilena del Libro. Sostienen que todos los actores de la industria deben participar del debate porque “la falta de gobernanza y transparencia de datos del registro de ISBN nos plantean la urgencia de cuestionar cómo y desde dónde es que estamos consignando los datos de producción y circulación editorial. Contar con estos datos nos permitiría pensar el lugar del libro y el sector editorial para el Chile de los próximos años”.

Créditos imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

Hace un par de semanas el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentó un estudio sobre el mercado editorial chileno, que tuvo como propósito elaborar un catálogo de títulos activos y una caracterización del mercado del libro. Los hallazgos de este estudio vienen a confirmar algunas sospechas del sector. Por ejemplo, se evidencia la alta concentración del mercado editorial chileno en la Corporación del Libro y la Lectura (más del 80% de los libros que se publican en Chile provienen de esta institución, que agrupa principalmente a empresas transnacionales). Y, especialmente, se corrobora la existencia de graves carencias en el país respecto a la transparencia y disponibilidad de información del sector editorial, así como la ausencia de datos sistematizados y confiables (tanto de producción como de comercialización) a partir de los cuales construir un panorama fiel respecto a la industria editorial nacional, y con ello -idealmente- tomar mejores decisiones de política pública basadas en evidencia. A continuación, abordaremos los problemas que presenta el registro de ISBN en Chile, que debiese brindar información basal sobre las publicaciones, y las instituciones que podrían  estar también aportando información pública para complementar la caracterización del sector editorial.

El estudio presentado recientemente, titulado “Caracterización del mercado editorial chileno 2019-2024”, utiliza como fuentes primarias encuestas y entrevistas a agentes productores y comercializadores de libros, y solicitudes a cada uno de ellos de completar una “plantilla de metadatos” con información sobre los títulos publicados en los últimos 5 años o que se encuentren comercialmente “activos”. Como fuentes secundarias, se utiliza el registro de la agencia chilena de ISBN (institución que está a cargo de asignar un código numérico a cada publicación, equiparable a un código de barras) y las adquisiciones recientes de tres instituciones gubernamentales (Bibliotecas escolares CRA del Ministerio de Educación, Programa de autores nacionales del Ministerio de las Culturas, y las compras del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas). Para el levantamiento de la información primaria se consultó a 370 editoriales, pero solo 198 respondieron la encuesta, de las cuales 153 enviaron los metadatos de sus libros. De 449 librerías consultadas, sólo respondieron siete. Respecto a las distribuidoras no se indica el universo existente ni consultado, pero se incluyen respuestas de dos de ellas. Luego de sistematizar y cruzar los datos, principalmente a partir de los registros recibidos por parte de librerías y distribuidoras, el estudio permitió “la identificación y contabilización de 666 editoriales presentes en el registro nacional de ISBN”.

Considerando que la cantidad de editoriales que respondieron la encuesta (198) es menos de un tercio de la cantidad de “editoriales” identificadas a partir de los registros en la agencia de ISBN (666), de todos modos es posible suponer que las conclusiones del estudio esbozan eventuales tendencias en el mercado actual, pero existen algunas limitaciones metodológicas importantes de establecer. Al no tratarse de un censo (o levantamiento de información de todos y cada uno de los agentes existentes) ni de una encuesta aplicada a una muestra definida estadísticamente, se generan datos parciales que no son representativos del sector y por lo tanto se dificulta su comparabilidad con posibles datos futuros. Por otro lado, vale la pena preguntarse si son las encuestas masivas por correo electrónico la mejor herramienta para obtener datos respecto al sector editorial, y si no debería ser el mismo registro de ISBN una fuente de información suficiente para caracterizar la producción editorial. Además de ser cuestionable que el estudio estipule la existencia de 666 editoriales, siendo que el registro de ISBN también contabiliza personas naturales que autopublican libros, instituciones que han publicado un libro sin ser esta actividad su giro principal, y otros casos donde, por el hecho de haber registrado un ISBN, no se constituye automáticamente una editorial.

En efecto, el ISBN (International Standard Book Number, por sus siglas en inglés) es un código numérico compuesto por indicadores por país, región o idioma, la editorial o editor, y una serie de dígitos que individualizan cada publicación en particular, además de un código verificador. La norma estandarizada a nivel mundial existe desde 1972, emitida por la ISO (International Organization for Standardization). En Chile, la obligatoriedad de utilización de este sistema de registro empezó a operar en 1993, a partir de la promulgación de la ley N° 19.227, que indica que “en todo libro impreso en el país se dejará constancia del Número Internacional de Identificación (ISBN), que figura en un registro público a cargo de la entidad pública o privada que represente al International Standard Book Number”. Desde 1987 es la Cámara Chilena del Libro (asociación gremial) la que opera la agencia chilena de ISBN. A pesar de no recibir ningún tipo de evaluación o fiscalización por parte del Estado en todo este tiempo, ni menos participar de una licitación o concurso público periódico, esta institución privada es -hasta la fecha- la institución responsable de la administración y mantención del registro público en nuestro país.

A través del registro ISBN se podría acceder a una gran cantidad de datos individualizados respecto a cada publicación, pero lamentablemente la agencia que está a cargo de su administración en Chile no exige que toda la información sea entregada al momento de la inscripción de publicaciones, lo que genera un registro incompleto y poco fiable. El formulario de registro incluye varios campos, pero no se condiciona la entrega del código ISBN a que todos los datos sean efectivamente entregados. Lo que sí se condiciona es el pago de la inscripción, mientras que la asignación de un código de barras es opcional, y cada uno de estos servicios actualmente bordea los $13.000 por publicación inscrita. En el formulario se incluyen campos como el título del libro, materia (tema), público objetivo (general, infantil, académico, etc), idioma, si pertenece a una colección, si se trata de una traducción (desde qué idioma y cuál es su título original), los nombres y nacionalidad de los autores/as y colaboradores (compiladores, editores, etc), nombre de la editorial, ciudad y fechas de publicación, número de la edición, si se trata de una coedición (entre más de una editorial), la cantidad de ejemplares que se destinará a circulación nacional, y la cantidad para el extranjero, o si se imprimirá a demanda. También se estipula la consignación de datos respecto a la descripción física: en el caso de las publicaciones impresas en papel se indica el tipo de encuadernación, peso, cantidad de páginas, tipo de papel, cantidad de tintas utilizadas, y si se trata de un formato digital se determina su tamaño, soporte, permiso y restricciones de uso, entre otros ítems. Además, en el mismo registro se puede incluir la imagen de portada y una reseña del libro. 

Ahora bien, el registro de ISBN se realiza de manera declarativa, es decir, cada editorial, institución, o autor que autopublica su obra, completa un formulario de manera autónoma y asincrónica, que posteriormente es validado por la agencia de ISBN al asignarle un código a la publicación. Este mecanismo implica varios desafíos en tanto proveedor de información confiable para fines estadísticos, pero sería perfectamente posible predecir y amortiguar las declaraciones no verídicas en el formulario de registro, tal como se hace al calcular márgenes de error u omisión en cualquier encuesta o instrumento de información primaria. En este sentido, se ha cuestionado históricamente que las editoriales podrían sobre o subvalorar la cantidad de ejemplares impresos. Por ejemplo, se podría realizar el registro de ISBN de un libro que finalmente nunca se imprimirá, o del que solo circularán un par de maquetas. También se podría prestar para malas prácticas, como imprimir más ejemplares de un libro que las informadas al momento de registrar el ISBN con el propósito de lucrar con los excedentes, y pagar al autor/a el porcentaje que le corresponde solo de la cantidad de ejemplares declarados, y no de los efectivamente impresos. En casos como estos se trataría de acciones fraudulentas que la agencia a cargo de la inscripción de las publicaciones debiese prevenir y perseguir. En tanto registro administrativo público, el registro de ISBN debería estar completo y el Estado asegurar las condiciones para que esto ocurra, junto con publicarse periódicamente  toda la información sistematizada, como una medida de transparencia activa.

También resulta importante considerar que en la práctica no todas las publicaciones utilizan ISBN, como es el caso de ciertas editoriales artesanales, o de los libro-objetos producidos por artistas, pero también en el caso de publicaciones efímeras, o de obras con fines educativos producidas en el marco de establecimientos escolares. También existen, por supuesto, las editoriales y autoediciones que optan por no utilizar el registro de ISBN por razones ideológicas, siendo la clandestinidad “otro rasgo crítico, identitario y, al mismo tiempo (por paradójico que pueda parecer), una estrategia de visibilidad”, como lo ha caracterizado el editor Eric Schierloh. Aún así, si efectivamente se contara con un registro público completo y sistematizado, como deberíamos tener en Chile, tendríamos a nuestra disposición datos altamente relevantes, y de gran interés tanto para la academia como para el mercado y el Estado.

 Para esto, sería necesario que la institución a cargo del registro nacional de ISBN exigiera la entrega de todos los datos que se contemplan al momento de efectuarse el registro de las publicaciones, y también implicaría que esta institución verificara estos datos; además, el sistema de registro debería contar con una plataforma tecnológica apropiada. En suma, si al registro público de ISBN se le aplicaran las mismas exigencias que a cualquier otro mecanismo que condiciona la comercialización de un producto (como por ejemplo, el etiquetado de alimentos), muchos de los actuales esfuerzos y recursos destinados al levantamiento de información primaria no serían necesarios. 

Para complementar el panorama y caracterizar el sector, además del registro de ISBN, datos del sector editorial deberían provenir de otras instituciones públicas. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos podría entregar información respecto a la cantidad de personas -jurídicas y naturales- que están registradas en giros de la industria editorial, su distribución geográfica, volumen de ventas y principales tendencias. Por su parte la Biblioteca Nacional, mandatada por la ley N° 19.733, cuenta con un Depósito Legal, donde se debería albergar “todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual o electrónica realizados en el país y destinados a la comercialización”, y junto con ello debería estar en condiciones de proporcionar también un registro público con información sistematizada de todo el material que recibe. 

Por su parte, el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lleva un registro de inscripción de obras literarias, artísticas y científicas, que si bien su materia de interés no son las obras publicadas en formato libro, sí puede entregar información relevante para el sector en cuanto a la producción y autoría de obras culturales. También, existen ya diferentes instrumentos que pueden considerarse para pensar la integralidad del sector editorial. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, que se puede complementar con la información que año a año se genera través de las Estadísticas Culturales a cargo del INE, con lo que se vaya produciendo a través de nuevos estudios, o con los datos que se construyen a través de instrumentos públicos como la Cuenta Satélite en Cultura. Y todo lo anterior podría complementarse con la información que se produce a través de la implementación de los diversos programas asociados al libro y la lectura por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Pero a pesar de estos esfuerzos institucionales, la falta de gobernanza y transparencia de datos del registro de ISBN nos plantean la urgencia de cuestionar cómo y desde dónde es que estamos consignando los datos de producción y circulación editorial. Contar con estos datos nos permitiría pensar el lugar del libro y el sector editorial para el Chile de los próximos años. Por esto, resulta fundamental que los diversos actores que forman parte de este sector seamos parte de la discusión que se está abriendo, y que esperamos que desemboque en una política de datos que aborde las necesidades y satisfaga los legítimos y diversos intereses que confluyen en torno a la discusión sobre el libro, la edición, la lectura y las bibliotecas.