Trabajar y cotizar siendo extranjero en Chile: la paradoja de seguir siendo “irregular”
16.11.2026
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
16.11.2026
La autora de esta columna sostiene que la cifra de más de 232 mil personas migrantes que trabajaron y cotizaron sin permiso fue presentada por autoridades y medios como una infracción y no como un aporte. Advierte que fue precisamente la cotización la que permitió detectarlas y que el Estado, aunque sabe quiénes son y dónde trabajan, no les ofrece una vía efectiva para regularizarse. Concluye que “recuperar lo que quedó fuera del encuadre es una responsabilidad de medios y autoridades, y también una oportunidad para pensar una política migratoria que no solo controle, sino que también incluya. El país ya se beneficia de su trabajo y reconoce sus cotizaciones. Falta reconocerlas a ellas”.
Imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno
Las cifras nunca llegan solas al debate público. Llegan acompañadas de palabras que les dan sentido y que, muchas veces, definen de antemano qué problema estamos observando y qué soluciones nos parecen aceptables. El 14 de agosto de 2026, el director del Servicio Nacional de Migraciones anunció un nuevo trámite: un certificado digital y gratuito, con código QR, que permitiría a los empleadores verificar si una persona extranjera está autorizada o no para trabajar en Chile. Para justificar la medida, presentó una cifra que luego circularía en distintos discursos y medios. Tras cruzar datos con la Superintendencia de Pensiones, el Servicio había establecido que en los últimos cuatro años habría “más de 232 mil personas que han cotizado y trabajado sin tener los permisos respectivos”. Más de 40 mil empresas y personas naturales las habrían contratado.
En los días siguientes, la cifra circuló por distintos medios, pero la cotización quedó fuera de los titulares. Hubo coberturas descriptivas, centradas en cómo obtener el certificado, pero en varias el énfasis se desplazó hacia la falta. Emol, haciéndose eco del propio lenguaje oficial, tituló «Buscan frenar la informalidad laboral». “Más de 232 mil personas sin permisos”, tituló el diario El Día, de La Serena, y su bajada hablaba de personas “trabajando irregularmente”. La cotización sobrevivió en el cuerpo de las notas, casi siempre en la voz del director, y cuando apareció en primer plano lo hizo convertida en parte de la falta. 24 Horas abrió su nota afirmando que “más de 232 mil personas cotizaron sin permisos”. Lo que era un aporte (trabajar y cotizar) pasó a ser la prueba de la infracción.
Este desplazamiento no es un detalle menor. Cotizar supone un empleador que declara, o una renta que se declara, y un descuento que llega al sistema previsional de AFP. Supone, entonces, una incorporación formal al mercado laboral. No obstante, a medida que el caso circuló en los medios, esa incorporación pasó a un segundo plano. Mientras la contribución se relegaba, la falta ocupaba el titular. Este patrón no es nuevo. Hace seis años, en este mismo medio, planteé que la condición migrante tiende a exacerbarse frente a la irregularidad, la pobreza o la enfermedad, y a silenciarse cuando se habla de las contribuciones que las personas migrantes hacen al país. La cobertura de esta cifra es uno de los tantos ejemplos de aquello: una cifra que cuenta como infracción, pero no como aporte.
Cabe enfatizar que estas personas no fueron detectadas por una fiscalización en terreno ni por una denuncia de terceros. Fueron detectadas porque cotizaban. Porque trabajaban formalmente. Porque contribuían al sistema previsional chileno con su fuerza de trabajo. El cruce de datos con la Superintendencia de Pensiones mostró la existencia de personas con un número provisorio en las AFP para cotizar, pero sin un RUT válido ni un permiso de residencia. Paradójicamente, la visibilidad que les otorgó la cotización se convirtió en el instrumento para identificarlas como irregulares. Las autoridades hablan de terminar con la informalidad, pero ¿es trabajador o trabajadora informal quien cotiza? Se trata, más bien, de trabajo formal sin reconocimiento migratorio. El lenguaje de la informalidad desplaza así el problema desde la regulación migratoria hacia la conducta individual de trabajadores y empleadores.
El certificado tampoco resuelve esta situación. Como ha precisado el Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos, no regulariza a nadie, no sustituye un permiso de residencia y no transforma las cotizaciones pasadas en autorización para trabajar; quien ingresó por un paso no habilitado y no tiene una solicitud de residencia en curso no podrá obtenerlo. En otras palabras, administra la frontera entre quienes están habilitados y quienes no lo están, pero deja intactas las condiciones que producen esa división y mantiene (y a ratos exacerba) la exclusión.
Es cierto que contratar a una persona sin autorización para trabajar es una infracción, y la ley la sanciona. Pero la infracción no responde la pregunta de fondo. Cuando cientos de miles de personas y más de 40 mil empleadores coinciden durante años en esa situación, el problema deja de ser una suma de faltas individuales y pasa a ser una señal de que las vías para regularizarse no están funcionando. Diversas investigaciones han mostrado que la irregularidad migratoria en Chile no se explica solo por los flujos migratorios, sino que es también una construcción del propio Estado y de sus respuestas. Como ha explicado Nicholas De Genova, la “ilegalidad” migrante es un efecto de la ley, pero los discursos públicos suelen volver muy visibles a quienes la padecen y dejar en la sombra la ley que la produce. El Estado sabe quiénes son estas personas, dónde trabajan y cuánto cotizan. Aun así, no les ofrece una vía efectiva para regularizarse y les traslada la responsabilidad de seguir siendo irregulares.
Encuadrar, propuso Robert Entman, es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos más salientes, de modo que se promueve una definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral o una solución. Los encuadres se definen tanto por lo que omiten como por lo que muestran. La cifra de 232 mil personas es un buen ejemplo de esto. Si hablamos de personas sin permiso, el problema está en ellas y en quienes las contrataron. Si hablamos de personas que trabajaron y cotizaron durante años sin acceso a una vía efectiva de regularización, el problema incluye también al Estado. La cifra es la misma. Lo que cambia es el diagnóstico y, con él, el campo de soluciones que nos parecen legítimas y admisibles.
Esta cifra pudo haber abierto una discusión sobre vías de regularización para quienes ya trabajan y cotizan en Chile. Se convirtió, en cambio, en un argumento para fiscalizar. Recuperar lo que quedó fuera del encuadre es una responsabilidad de medios y autoridades, y también una oportunidad para pensar una política migratoria que no solo controle, sino que también incluya. El país ya se beneficia de su trabajo y reconoce sus cotizaciones. Falta reconocerlas a ellas.