La autora de esta columna advierte que el Presupuesto 2027 descansa en proyecciones de ingresos más optimistas que las del mercado. Si esas proyecciones fallan, el ajuste puede reducir el gasto fiscal sin que desaparezcan las necesidades sociales que ese gasto debía cubrir, y esos costos terminan pagándolos los hogares. Por eso, plantea que el Ejecutivo y el Congreso discutan desde ya escenarios menos favorables y definan qué se protege y quién paga la diferencia.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

Chile discute el Presupuesto 2027 sin saber cuánto de la recuperación proyectada será un rebote tras el estancamiento y cuánto responderá a una expansión duradera de su capacidad productiva. La Encuesta de Expectativas Económicas de noviembre redujo a cero su proyección de crecimiento para 2026 y anticipó un 3% para 2027, mientras el Ejecutivo mantiene expectativas más favorables. Esa diferencia no vuelve inviable el presupuesto, pero obliga a preguntar qué ocurrirá con los compromisos públicos si nuevamente no se recauda lo previsto.

Una empresa puede aumentar considerablemente su producción después de meses de inactividad, simplemente volviendo a utilizar sus instalaciones. No necesita construir nuevas plantas ni ampliar su capacidad. Algo semejante puede suceder con la economía chilena: recuperar actividad sin haber fortalecido las condiciones para sostenerla. El crecimiento reaparece en las estadísticas, pero su persistencia sigue siendo una incógnita. Y de ella depende, en parte, la recaudación futura.

El proyecto contempla un déficit desde su formulación. Eso no significa que el Estado esté próximo a quedarse sin dinero, pues existen mecanismos para financiarlo. La dificultad surge cuando los ingresos efectivos quedan por debajo de las estimaciones y las obligaciones ya están comprometidas. Hacienda debe entonces recurrir a mayor endeudamiento, utilizar activos financieros, buscar nuevos ingresos o modificar gastos. Ninguna alternativa es neutra: cada una distribuye costos entre distintos actores y momentos.

Los antecedentes aconsejan desconfiar de las proyecciones tratadas como certezas. En 2024, los ingresos efectivos quedaron US$4.299 millones por debajo del presupuesto inicial. En 2025, el déficit estructural alcanzó el 3,7% del PIB, frente a una meta de 1,6%. Para 2027, el Consejo Fiscal Autónomo advierte que la estimación de ingresos tributarios no mineros supone un crecimiento superior al esperado por el mercado. También recomienda distinguir los recursos transitorios de aquellos capaces de financiar gastos permanentes. No basta, entonces, con proyectar cuánto ingresará: importa cuánto podrá sostenerse.

¿Podría salvarnos esta vez el cobre? Cochilco proyecta un precio promedio de US$5,95 por libra para 2027, pero también prevé que la producción chilena recuperará apenas parte de su caída de 2026. Los mayores precios pueden mejorar las exportaciones y la recaudación sin corregir las dificultades productivas de la minería. Además, el presupuesto ya incorpora parte de ese escenario favorable. Los recursos adicionales dependerán de cuánto se produzca, de las utilidades efectivas, de los impuestos pagados y de los excedentes de Codelco. El cobre caro ayuda, pero no convierte automáticamente las expectativas en ingresos fiscales.

La misma cautela corresponde al resto de la economía. Los impuestos no aumentan necesariamente al ritmo del PIB: dependen de las rentas, las utilidades, el consumo gravado, las normas tributarias y los momentos de pago. Una diferencia entre ingresos previstos y efectivos exige examinar tanto los supuestos económicos como el cumplimiento tributario y el rendimiento de las reformas. Crecer más puede aliviar las cuentas públicas; asegurar su sostenibilidad requiere bastante más.

CUANDO EL AHORRO FISCAL SE CONVIERTE EN UN COSTO SOCIAL

Sobre esos ingresos esperados se construyen autorizaciones de gasto que pueden originar obligaciones legales, contractuales y administrativas. Si la recaudación falla, el gobierno no dispone de la misma libertad para modificar cada partida. Las prestaciones establecidas por ley, las remuneraciones y los contratos imponen restricciones diferentes de las que enfrentan determinados programas o proyectos. Cuando llega el ajuste, buena parte de sus límites ya fue definida.

Esta desigual capacidad de modificación adquiere especial importancia en el gasto social. El Ejecutivo propone proteger los beneficios establecidos por ley, revisar programas y mejorar su focalización. Pero mantener una prestación no garantiza las condiciones necesarias para entregarla. Un hospital puede conservar recursos destinados a ciertos tratamientos y, aun así, carecer de especialistas, exámenes o infraestructura suficiente. El derecho sigue reconocido; la atención efectiva depende de algo más que su existencia legal.

La tramitación del Presupuesto 2027 ha puesto esas diferencias en discusión. Mientras se negociaban recursos para dar continuidad a prestaciones de la Ley Ricarte Soto, persistían controversias sobre atención primaria, educación y otros programas sociales. La Cámara aprobó despachó el proyecto al Senado, donde continuará la discusión. Detrás de cada asignación hay una pregunta que los montos, por sí solos, no responden: qué servicio podrá prestarse, a quiénes y en qué condiciones.

Los efectos de una reducción tampoco terminan necesariamente en el organismo que deja de gastar. Si disminuye la disponibilidad de cuidados públicos, una familia puede tener que pagar una alternativa privada o reducir sus horas de trabajo para atender a una persona dependiente. El desembolso fiscal baja, pero la necesidad permanece. Parte del costo cambia de lugar.

Eso no convierte cualquier recorte en un perjuicio social. Eliminar duplicaciones o corregir programas ineficientes puede liberar recursos sin deteriorar las prestaciones. La exigencia es demostrarlo. Una reducción presupuestaria no constituye, por sí misma, una mejora de eficiencia, del mismo modo que mantener una asignación tampoco garantiza buenos resultados.

La diferencia importa porque el Estado puede registrar un ahorro mientras los hogares asumen nuevos gastos, pierden ingresos o destinan más tiempo al cuidado. Si esos efectos quedan fuera de la evaluación, las cuentas públicas pueden mejorar sin que disminuya el costo económico de atender las mismas necesidades.

¿QUIÉN DECIDE QUÉ SE PROTEGE Y QUIÉN PAGA LA DIFERENCIA?

Antes de presentar los recortes como inevitables, corresponde examinar también la capacidad del Estado para obtener ingresos. La evasión, la elusión y los tratamientos tributarios preferenciales forman parte de esa discusión. No todos los beneficios tributarios carecen de justificación ni toda recaudación potencial puede recuperarse inmediatamente. Sin embargo, tampoco existe razón para tratar la estructura tributaria como inmodificable y reservar al gasto social toda la responsabilidad del ajuste.

La Constitución chilena establece, además, una distribución precisa de atribuciones. La estimación del rendimiento de los ingresos presupuestarios corresponde exclusivamente al Presidente de la República, previo informe técnico. El Congreso no puede modificarla y dispone de facultades restringidas para alterar el gasto. Así, el Ejecutivo define el escenario financiero sobre el cual se negocian las prioridades. Esa facultad exige explicar con especial rigor los supuestos utilizados y las consecuencias de que no se cumplan.

El Congreso también debe responder por las prioridades que defiende. Aprobar o rechazar partidas sin examinar suficientemente su financiamiento empobrece la deliberación. Cada decisión puede comprometer recursos futuros, desplazar otras necesidades o restringir alternativas posteriores. La discusión presupuestaria no debería agotarse en cuánto obtiene cada sector, sino incluir qué obligaciones se crean y cómo podrán sostenerse.

La duración de una insuficiencia de ingresos cambia las respuestas disponibles. Una caída transitoria puede financiarse para evitar que el ajuste agrave la desaceleración. Una brecha persistente exige revisar compromisos y fuentes de recursos. Aun entonces, eliminar una duplicación administrativa no equivale a postergar infraestructura sanitaria o reducir la capacidad de atención de un servicio. El mismo ahorro contable puede producir consecuencias muy diferentes.

El Presupuesto 2027 debería discutirse, por tanto, con escenarios de recaudación menos favorables, identificando cuánto depende del crecimiento no minero, del cobre y de recursos extraordinarios. También corresponde precisar qué obligaciones quedarían expuestas y cómo se evaluarían las modificaciones durante su ejecución. Sin esa información, las decisiones más difíciles pueden terminar adoptándose después de aprobado el presupuesto, cuando el margen para discutirlas es menor.

Si las proyecciones fallan, el Gobierno tendrá que decidir qué financia, qué posterga y qué modifica. Esas decisiones no solo afectan las cuentas fiscales: determinan quién conserva sus prestaciones, quién debe esperar y quién dispone de recursos para enfrentar la insuficiencia. Allí se expresa una distribución del poder que rara vez aparece en las cifras del presupuesto.

Cuando al Gobierno no le alcanza la plata, el problema no termina al cerrar la diferencia contable. Un gasto puede desaparecer del presupuesto sin que desaparezca la necesidad social que debía atender. Y cuando esa necesidad queda sin respuesta pública, alguien termina haciéndose cargo de ella.