La autora de esta columna advierte que el nuevo informe del PNUD confirma que el miedo al delito se desacopló de la victimización y tiene causas propias, como la precariedad, el debilitamiento de los lazos sociales y la desconfianza en las instituciones. Sostiene que la política pública lo trató durante años como un problema «subjetivo» que desaparecería al bajar los delitos, y que endurecer discursos y penas ha rendido más que construir capacidades estatales. Concluye que “enfrentar el miedo requiere un Estado expansivo, no en su sentido punitivo, sino uno que integre bienestar y cohesión social: empleo, protección social, barrios cuidados y policías profesionales; es decir, un Estado de derechos”.

Imagen de portada: reproducción del video en que Santiago Peña renuncia a la presidencia paraguaya (Presidencia Paraguay)

El nuevo informe del PNUD, El miedo al delito en Chile, recién dado a conocer, es probablemente el aporte más serio sobre el tema desde 1998. Detrás de él hay investigadoras de larga y reconocida trayectoria en el estudio de la (in)seguridad: Alejandra Luneke, Mónica Gerber, Alejandra Mohor y Macarena Orchard, bajo la coordinación de Maya Zilveti. Sus trabajos han formado a varias generaciones de quienes hacemos política pública en este campo.

El informe muestra que el riesgo percibido de ser víctima se ha desacoplado de la victimización, un hallazgo que ya se venía evidenciando desde hace años en Chile y que incomoda a quienes reducen la seguridad pública a un conteo semanal de cifras delictuales. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la victimización de hogares se ha mantenido relativamente estable en los últimos años: en 2025, un 38% de los hogares sufrió al menos un delito en el último año. Sin embargo, la brecha con el riesgo percibido pasó de 9 puntos porcentuales en 2009-2010 a 31 en 2025. Mujeres y personas mayores, menos victimizadas, sienten más inseguridad.

Sin duda, inseguridad y delincuencia están relacionadas, pero no son lo mismo. La primera es una experiencia social con causas propias, que no se corrige mostrando estadísticas. El debate público confunde términos: temor al delito, percepción de inseguridad y expectativa de ser víctima. Kessler, en El sentimiento de inseguridad (2009), define el fenómeno como un entramado de representaciones, emociones y acciones. El informe del PNUD distingue tres dimensiones: la emocional, como la inquietud al caminar de noche o esperar la micro; la cognitiva, el cálculo subjetivo de la probabilidad de sufrir un delito en un plazo determinado; y la conductual, lo que hacemos o dejamos de hacer para protegernos.

Entre 2016 y 2025, estas dimensiones evolucionaron de forma distinta. La sensación de inseguridad se mantuvo casi estable (de 51 a 50 puntos), pero la expectativa de victimización subió de 42% en 2021 a 53% en 2025, y la evitación de conductas, de 45 a 53 puntos entre 2019 y 2025. Hoy un 68% evita usar el celular en público y un 62%, salir de noche. Kessler ya describió lo que confirman los grupos focales: el delito se percibe como imprevisible. Antes se creía saber dónde y cuándo había peligro; hoy puede ocurrir “en cualquier lado”, “de día y de noche”. En este escenario, la pregunta es: ¿de dónde viene el temor, además del delito? Ya en 1998, el informe del PNUD Las paradojas de la modernización advertía que la imagen de un delincuente omnipresente condensaba otras inseguridades, especialmente “aquellas provocadas por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y, finalmente, de la noción misma de orden”. También encontró una seguridad subjetiva muy baja ante el desempleo, la enfermedad o la vejez sin previsión social. Es decir, un desajuste entre las protecciones sociales que una sociedad espera y las capacidades estatales efectivas para garantizarlas.

Por otra parte, los grupos focales sitúan el quiebre en el estallido de 2019, la pandemia y las olas migratorias, vividos como una transformación del orden cotidiano: cierres tempranos, transporte escaso y centros urbanos vacíos. En este sentido, desempleo, pobreza y delitos más violentos forman una combinación peligrosa. No porque la pobreza cause mecánicamente el delito -como algunos sostienen-, sino porque el miedo y la precariedad erosionan la confianza social e institucional. El informe, en este sentido, advierte que el miedo puede deteriorar finalmente la calidad de la democracia.

Durante años, la política pública relegó el miedo a una categoría “subjetiva” que desaparecería al bajar los delitos. Esto fue un error. Al ajustar el Índice de Desarrollo Humano comunal por miedo, el informe encuentra que la brecha entre el 10% de comunas con mayor y menor desarrollo casi se triplica (de 1,3 a 3,5). El miedo es entonces un problema de política pública y un techo para el desarrollo. El informe también documenta el retroceso posterior. La Política Nacional de Seguridad Ciudadana de 2004 conceptualizaba el miedo de forma robusta y multicausal. Los planes siguientes lo redujeron a un efecto de la victimización y a una métrica para focalizar o competir por fondos. Hoy, la política nacional de seguridad pública -que dejó de ser ciudadana- tiene que enfrentar este desafío y el Ministerio de Seguridad sigue sin elaborar su estrategia bianual.

Chile tiene, lamentablemente, una tentación que penetró en todo su espectro político: endurecer discursos y penas rinde más que promover la construcción de capacidades estatales con frutos posteriores a la próxima elección. Una prueba de ello es ver cómo la administración del presidente Kast hoy puede conducir toda la nueva institucionalidad en seguridad creada bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric y no se asocia, injustamente, a la administración de Boric con más seguridad. Sabina Frederic, antropóloga y exministra de Seguridad argentina, cuestiona en este sentido al progresismo en Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad) (2024). A su juicio, la oposición entre garantismo y punitivismo no alcanza para explicar los problemas de fondo, y los gobiernos progresistas terminan por usar los instrumentos de la derecha en esta área. Donde falla y falta la política social, son los ministerios de seguridad los que terminan administrando a las poblaciones de las periferias; así, el gobierno de las policías se vuelve gobierno de las periferias, de la pobreza.

La autora advierte también sobre la securitización de los conflictos sociales: una vez que un hecho se define como amenaza, escribe, “la suerte está echada”. Esa advertencia sirve para leer la reforma constitucional en seguridad que presentaron en octubre los senadores Squella, Araya, Bianchi, Flores y Longton, que modifica el estado de excepción de emergencia frente a una “amenaza”.

Reducir el miedo no debilita la coerción legítima del Estado, exige ejercerla mejor. En los grupos focales se denuncia que Carabineros no llega y que denunciar es burocrático e inútil. “Para qué va a denunciar si después el fiscal archiva porque usted no proporcionó pruebas”. Una mejor evaluación de la gestión policial o de la prevención del delito a nivel municipal se asocia con menos miedo. Una policía profesional, bien formada, con carrera, presencia territorial y controles, que esclarezca delitos y atienda a las víctimas, combate el temor.

El PNUD propone respuestas diferenciadas por grupo y territorio, mejores barrios, comunidad fortalecida, mejores indicadores y continuidad más allá de las elecciones. Algunas de estas orientaciones están presentes desde el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, pero han sido intermitentes y el esfuerzo, insuficiente. Enfrentar el miedo requiere un Estado expansivo, no en su sentido punitivo, sino uno que integre bienestar y cohesión social: empleo, protección social, barrios cuidados y policías profesionales; es decir, un Estado de derechos. En otras palabras, ¿con qué clase de Estado podemos contar para enfrentar el miedo? Más mercado o más bienestar. Esa es la discusión que el miedo nos obliga a tener, aunque prefiramos no verla.