El general (r) Óscar Izurieta Ferrer, quien encabezó el Ejército entre 2006 y 2010, fue declarado culpable este martes de dos delitos de lavado de activos. El veredicto unánime del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago se enmarca en el llamado “Milicogate”. El caso fue llevado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que acreditó que Izurieta recibió pagos mensuales con cargo a los gastos reservados desde abril de 2010 hasta al menos febrero de 2018. Esos pagos se entregaban en efectivo y sin registro contable bajo el rótulo “Apoyo Ex-CJE”, con montos que subieron de $400 mil a $1 millón al mes. La acusación sitúa el total recibido entre $61,2 y $78 millones.

Según la fiscalía, el exjefe castrense usó parte de ese dinero para pagar en efectivo 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, por cerca de $14,9 millones, entre 2012 y 2015. Además, en 2019, cuando la investigación ya era pública, rectificó seis declaraciones de renta para declarar $51,2 millones sin indicar su origen. Para el Ministerio Público, con esa maniobra buscó dar una apariencia legal a fondos ilícitos a través del sistema tributario. En 2021 donó el inmueble a su hija, aunque mantuvo un poder para arrendarlo y cobrar las rentas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y del fiscal anticorrupción Marco Muñoz. Ambos debieron recurrir a la Corte Suprema para que el Ejército entregara antecedentes que se negaba a aportar, alegando su carácter reservado. El fallo también descartó el argumento de que Izurieta no podía responder por lavado porque, al recibir los pagos, ya no administraba los gastos reservados.

“Más allá del esfuerzo investigativo, se logró establecer judicialmente una verdad procesal que es el uso indebido de gastos reservados, dinero que es público y que están destinados a una finalidad específica que se designa por la Constitución y la ley”, dijo el fiscal Muñoz a BioBioChile. La fiscalía pidió una pena de ocho años de cárcel para Izurieta, y la sentencia se leerá el 27 de noviembre. Tras esa fecha, la defensa podrá impugnar el fallo mediante un recurso de nulidad.

Óscar Izurieta fue comandante en jefe del Ejército entre 2006 y 2010 (Créditos: Agencia Uno)

En plena gira por Europa, el Presidente José Antonio Kast emplazó este martes a la oposición a presentar la acusación constitucional que anunció contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la crisis de la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. El Mandatario defendió su decisión de mantener al secretario de Estado en el cargo: «La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo», dijo, y agregó que Rabat cuenta con su confianza.

La oposición respondió de inmediato. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo que Kast “no puede seguir evadiendo que la crisis que enfrenta su gobierno requiere responsables”. Las bancadas progresistas, además, pidieron a la Contraloría intervenir para que la cartera de Justicia entregue la información que le solicitó la Defensoría de la Niñez, cuyo plazo ya venció.

En paralelo, el Ministerio de Justicia anunció este martes una mesa de trabajo intersectorial llamada «Unidos para Proteger: Equipo de Trabajo por las Víctimas», que busca recoger propuestas para fortalecer la protección y atención de víctimas de delitos. La instancia funcionará en principio durante cuatro semanas, en las que se espera elaborar medidas administrativas y legislativas de corto y largo plazo. Entre los convocados figuran Unicef, el Centro Justicia y Sociedad UC, Fundación Amparo y Justicia, Fundación Para la Confianza, Paz Ciudadana y la Agrupación No+Víctimas, pero no la Defensoría de la Niñez, el organismo que ha pedido formalmente los antecedentes sobre los decretos.

El Presidente Kast se reunió por la mañana con el rey de España y por la tarde con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Este miércoles se encontrará con el papa León XIV (Créditos: Marta Fernández / Europa Press / Agencia Uno)

La Fundación Rewilding Chile, heredera del trabajo de conservación de Douglas y Kristine Tompkins, firmó este martes con el Gobierno una nueva donación de 22.333 hectáreas para el futuro Parque Nacional Cabo Froward, en Punta Arenas. Con este aporte, el parque alcanzaría 183.045 hectáreas, de las cuales 149.635 corresponden a donaciones de la fundación y 33.410 a terrenos fiscales. Según el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), eso equivale prácticamente al tamaño de la provincia de Santiago.

En Cabo Froward, la nueva superficie se suma a las 127.302 hectáreas que la fundación ya había donado, inscritas a nombre del Fisco en noviembre de 2025, y a los terrenos fiscales de los Bienes Nacionales Protegidos Río Batchelor y Cabo Froward, creados en 2006. El Gobierno proyecta firmar el decreto de creación del parque en octubre de 2027. Antes de eso, el proceso está en su etapa de consulta indígena con las comunidades locales, según el Ministerio del Medio Ambiente.

El futuro parque, ubicado en el extremo austral del continente americano, protegerá antiguos bosques subantárticos con ciprés de las Guaitecas, la conífera más austral del planeta, y extensas turberas clave para la captura de carbono. Además, es uno de los últimos hábitats del huemul y zona de nidificación del canquén colorado, dos especies amenazadas. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, sostuvo que el parque permite proteger ecosistemas únicos de nuestro país.

El acuerdo repite en Magallanes el modelo que los Tompkins usaron con Pumalín: donar tierras privadas para que el Estado, sumando terrenos fiscales, cree parques nacionales. En 2018, tres años después de la muerte de Douglas Tompkins, su viuda firmó con el gobierno de Michelle Bachelet la entrega al fisco de 407.625 hectáreas, la mayor donación de un privado al Estado de Chile. Así nacieron los parques nacionales Pumalín, Melimoyu y Patagonia, parte de una red que protege 4,5 millones de hectáreas.

La firma se hizo en un acto público frente a La Moneda (Créditos: Ministerio de Medio Ambiente)

En una decisión dividida, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este martes el recurso de la defensa de Luis Hermosilla, que buscaba sacar al penalista de la cárcel. Hermosilla está en prisión preventiva desde el 28 de octubre, cuando fue formalizado por cohecho y violación de secreto en el caso Guerra. La causa investiga una red de favores entre el abogado, el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra y el exministro del Interior Andrés Chadwick, el único de los tres que aún no ha sido formalizado.

La fiscalía no se presentó a la audiencia. El Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, porque consideraba suficientes la firma mensual y la prohibición de comunicarse con los coimputados. La cautelar la solicitaron el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes Mauricio Daza, María Inés Horvitz y Hugo Gutiérrez, y la decretó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En la Corte, el ministro Pedro Caro y la abogada integrante Magaly Correa votaron por mantenerla, por estimar que Hermosilla es un peligro para la sociedad; el ministro Rodrigo Schnettler votó por revocarla. CIPER consultó a la fiscalía por su ausencia, pero no obtuvo respuesta (lee aquí la nota de CIPER).

Hermosilla seguirá recluido en el penal de Casablanca, adonde fue trasladado desde Capitán Yáber el viernes pasado, luego de que Gendarmería informara que no podía garantizar que no tomara contacto con el exfiscal Guerra, en prisión preventiva desde el 19 de marzo.

Hermosilla en una imagen de archivo (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)