La tasa de desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un alza de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses y el séptimo aumento interanual consecutivo. Es la tasa más alta desde mayo de 2021. Además, el número de desempleados sobrepasó el millón de personas: 1.007.976, la cifra más elevada desde julio-septiembre de 2020, en plena pandemia.

Frente al mismo trimestre del año pasado, se destruyeron 102.875 empleos. El deterioro golpeó con fuerza al trabajo formal: las personas asalariadas formales bajaron 2,5% en 12 meses, mientras la informalidad subió a 26,4%. Entre las mujeres, la desocupación alcanzó 10,5%, y en la Región Metropolitana se ubicó en 10,4%.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las cifras en la apertura del Congreso de las Regiones 2026, en Concepción. “Este es el dolor más grande que tenemos como nación”, dijo. Reconoció que ni el Modo Empleo ni el plan Chile Despega han sido suficientes, y agregó: “Vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo”.

En el último trimestre del gobierno de Gabriel Boric (diciembre 2025-febrero 2026), la tasa de desempleo fue de 8,3%, lo que equivalía a cerca de 790 mil personas desocupadas. Desde entonces, el indicador ha subido 1,5 puntos porcentuales y suma unas 217 mil personas desempleadas más. La primera alza del período se conoció a fines de abril, cuando el trimestre enero-marzo marcó 8,9%, y en febrero-abril la tasa ya había llegado a 9,1%.

Los desempleados superan el millón de personas (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta su primera paralización de camioneros, luego de que transportistas independientes de San Antonio iniciaran un bloqueo total de los depósitos de carga. La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) protesta por el alza de los combustibles y por la instalación de cuatro nuevos pórticos con cobro TAG en la Ruta 78. Los transportistas, que comenzaron el paro la noche del miércoles, también exigen que el gobierno transparente las tarifas de los fletes, que según el gremio están depreciadas desde 2021.

Según Cooperativa el dirigente Manuel Araya confirmó que la protesta será indefinida e informó que hay 600 contenedores pendientes de descarga y otros 200 de embarque. Araya dijo que el gremio se ha reunido con la delegada presidencial y con el subsecretario de Economía, pero que «ya no podemos esperar que pasen meses y meses». Los camioneros no descartan extender el bloqueo a otros puertos del país.

El conflicto tiene como antecedente el llamado «bencinazo» del 26 de marzo, cuando la modificación del Mepco por decreto se tradujo en un alza de $580,3 por litro en el diésel. Tras algunos meses de bajas, el combustible volvió a subir: desde fines de julio acumula $401,4 por litro de alza, tras cinco ajustes consecutivos. En términos netos, considerando el «bencinazo», el diésel registra un alza acumulada de $632,9 por litro hasta el 22 de octubre. En la Región Metropolitana alcanza un promedio histórico de $1.558 por litro, por encima de los cerca de $1.512 que marcó tras el alza de marzo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Ejecutivo ha conversado durante todo el año con las agrupaciones de camioneros y destacó la reciente aprobación del Fogain Transporte, un fondo de Corfo que garantiza hasta el 95% de los créditos de microempresas del rubro y hasta el 90% en el caso de pequeñas y medianas. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) respaldó la movilización y llamó al gobierno y a las empresas a negociar nuevas condiciones de trabajo con los transportistas.

Camioneros en paro en San Antonio (Créditos: Sócrates Orellana / Agencia Uno)

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó este jueves la prisión preventiva del alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, imputado por cohecho agravado y lavado de activos, al rechazar la apelación de su defensa. La medida había sido decretada el 21 de octubre por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, tras la formalización del alcalde y del empresario constructor Héctor Meza por delitos de corrupción en licitaciones municipales entre 2017 y 2022.

Reyes ganó la elección municipal de 2024 en un cupo de la UDI. Cumple su cuarto período como alcalde de la comuna. Llegó a esa elección como exalcalde y concejal, lo que le permitió volver a postular pese al límite que fija la ley, que solo permite a los alcaldes ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos.

Según la Fiscalía, el alcalde habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en licitaciones, por al menos $36.360.000 en beneficios indebidos, de los cuales $27.860.000 corresponderían a pagos de Meza. Además, se detectaron cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en su cuenta personal cuyo origen no ha sido identificado. Durante las gestiones de Reyes, Meza se adjudicó contratos por más de $1.800 millones para obras en Río Bueno.

En la misma audiencia fueron formalizados la conviviente del alcalde y otros tres imputados, que quedaron con cautelares de menor intensidad, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma periódica. Según Cooperativa, la pareja del alcalde, Roxana Mancilla, es coimputada por haber prestado su cuenta bancaria para recibir sobornos.

Luis Reyes, alcalde de Río Bueno (Créditos: municipalidad de Río Bueno)

La abogada Damaris Silva acusa que durante casi dos décadas redactó los proyectos de sentencias de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rosa Aguirre, expresidenta del tribunal y segunda en antigüedad, a cambio de pagos de la magistrada, según reveló La Tercera. El caso consta en una demanda de tutela laboral que Silva presentó en el 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, a la que el diario tuvo acceso. La relación habría comenzado en 2009, cuando Aguirre dejó la Fiscalía Judicial y asumió como ministra. Silva, que había trabajado como su ayudante, siguió vinculada a ella de manera informal.

Según la demanda, Silva estudiaba los expedientes, investigaba jurisprudencia y redactaba los fallos siguiendo instrucciones de la magistrada, como “hay que rechazar” o “hay que acoger”, que constan en correos que se adjuntaron a la acción. En febrero de 2010, mientras Aguirre estaba de vacaciones, Silva redactó 35 sentencias de causas laborales por $10 mil cada una. Desde 2015 recibió $300 mil mensuales, transferidos desde la cuenta personal de la ministra, sin reajuste alguno. Con los años, sus tareas se ampliaron a trámites personales de Aguirre y a preparar sus presentaciones para clases.

En abril de este año, Silva pidió subir su sueldo a $900 mil. El 9 de mayo, en una reunión a la que la ministra llegó con un sobrino, Aguirre puso fin a la relación y, según la demanda, le exigió no hablar del período en que trabajaron juntas.

Tras la notificación de la demanda, ambas firmaron el 14 de agosto, en una notaría de Viña del Mar, una escritura de “transacción, finiquito y renuncia de acciones”. El documento reconoce una “relación de cooperación y prestación de servicios” entre ambas. Según La Tercera, Aguirre debió pagar $17 millones a cambio del desistimiento de la demanda, y el acuerdo incluye una estricta cláusula de confidencialidad.

Imagen referencial (Créditos: Poder Judicial)