El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) inició medidas contra seis extranjeros detenidos durante las manifestaciones del domingo 18 de octubre, en el séptimo aniversario del estallido social. Para tres peruanos y dos haitianos, todos con residencia definitiva, el organismo tramita la revocación de ese permiso. Para el sexto, un venezolano, tramita su expulsión. La jornada terminó con 110 detenidos, 14 carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

Según informó el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, dos de los peruanos ya habían sido detenidos en flagrancia en 2022 y 2024, sin que se dictaran órdenes de expulsión. El tercero fue arrestado por falta de respeto a la autoridad; uno de los haitianos, por porte de arma cortante, y el otro, por una orden vigente. El venezolano habría ingresado al país por un paso no habilitado y fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

“No se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, afirmó Sauerbaum. Agregó que se aplicará el mismo criterio que con los extranjeros detenidos en las marchas de marzo y del 1 de mayo.

En paralelo, tras el Consejo de Gabinete, el Presidente José Antonio Kast anunció un “seguimiento permanente a aquellos delincuentes que destruyen y vandalizan espacios públicos”. También criticó que “ciertos liderazgos políticos no pidan las autorizaciones que corresponden” para realizar las marchas.

110 detenidos dejó la manifestación del domingo (Créditos: Stringer / Agencia Uno)

La Corte Suprema confirmó cinco fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró ilegal el oficio con que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reguló el anticipo de hasta un 10% de las rentas vitalicias, aprobado durante la pandemia en el marco del tercer retiro de fondos de pensiones. El tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre eventuales compensaciones a las aseguradoras por los anticipos ya pagados ni sobre los efectos para los pensionados que accedieron al beneficio.

Cuando el Congreso aprobó el tercer retiro, incluyó a quienes se habían pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia. Como esos ahorros ya no estaban en las AFP, sino en las compañías de seguros, la ley obligó a las aseguradoras a adelantar hasta un 10% de esas pensiones, monto que se descontaría de los pagos futuros. En abril de 2021, la CMF dictó el oficio que fijaba cómo calcular y pagar esos adelantos. Un mes después, Bice Vida, Penta Vida y 4 Life presentaron recursos de ilegalidad en su contra, a los que luego se sumó Renta Nacional.

Imagen referencial (Créditos: Karl Chinga / Agencia Uno)

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arraigo nacional para el alcalde de esa ciudad, Camilo Benavente (PPD), formalizado por dos delitos de fraude al fisco en el llamado caso Medialuna. El tribunal rechazó el arresto domiciliario total que pedía la fiscalía, junto con la prohibición de acercarse al municipio y de contactar a funcionarios municipales. La fiscal Nadia Espinoza consideró insuficiente la medida y argumentó que existen antecedentes de presiones del alcalde y de funcionarios municipales hacia testigos de la causa. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Según el Ministerio Público, Benavente decidió comprar el terreno de la medialuna de Chillán a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por $3.276 millones sin una tasación fidedigna, lo que habría causado un perjuicio de $1.900 millones a la municipalidad. El segundo hecho imputado es que el alcalde habría acordado devolver a esa sociedad las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres y ventanales de la medialuna, sin informarlo al Concejo Municipal. Como esos bienes estaban incluidos en el precio, la fiscalía estima un perjuicio adicional de cerca de $200 millones.

Benavente defendió la compra y aseguró que colaborará con la justicia. Su abogado, Marcelo Villena, calificó el arraigo como una medida “adecuada”.

El alcalde fue formalizado el pasado viernes (Créditos: Cristián Cáceres / Agencia Uno)

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, debía anunciar este lunes el resultado de las votaciones de los últimos cinco cuadernos de remoción abiertos contra jueces que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Uno de ellos es el del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Sin embargo, el anuncio se aplazó hasta fines de octubre, porque falta el voto del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Roberto Contreras, quien integró como suplente el pleno que escuchó los alegatos y está de vacaciones. “El proceso concluye cuando el ministro se reintegre y plasme su voto en cada uno de los cinco casos”, explicó Chevesich.

Para remover a un juez se requieren 11 votos. Según trascendió, esa mayoría no se habría alcanzado todavía en el caso de Urrutia, por lo que el voto de Contreras podría ser decisivo. Hasta ahora, la Suprema ha removido a 15 jueces por viajar al extranjero con licencia médica. A Urrutia se le cuestionan dos viajes realizados mientras estaba con permiso: uno a Costa Rica, en enero de 2020, y otro a Ecuador, en junio de 2022.

El de Urrutia es el caso más observado entre los cinco pendientes. El magistrado arrastra una larga historia de sanciones y sumarios, y su nombre aparece en los chats del caso Hermosilla: el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa le filtraba al abogado resoluciones reservadas sobre Urrutia y le informaba de sus gestiones para abrirle sumarios (lea el reportaje de CIPER). Por los mismos viajes que hoy revisa la Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago ya lo había eximido de sanción, y Urrutia sostiene que se le persigue dos veces por los mismos hechos.

La Corte Suprema aún no resuelve el cuaderno de remoción del juez Urrutia (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)