La segunda edición de En la mira, de Derechos Digitales, documenta más de 100 casos de vigilancia estatal, censura, filtraciones masivas de datos y violencia de género facilitada por tecnologías en América Latina, entre junio de 2024 y mayo de 2025. El informe advierte que no se trata de hechos aislados, sino de prácticas que se repiten en la región. El siguiente es un comunicado de la organización que hizo el estudio.

Imagen de portada: @yuganovkonstantin / Canva

La segunda edición de En la mira, de Derechos Digitales, analiza más de 100 casos ocurridos en la región entre junio de 2024 y mayo de 2025. El reporte documenta el avance de distintas formas de vigilancia y censura, filtraciones masivas de datos, desinformación en procesos electorales, violencia de género facilitada por tecnologías, explotación de datos biométricos y cortes de internet.

Software espía contra periodistas y activistas, monitoreo de redes sociales por parte de gobiernos, sistemas de reconocimiento facial, bloqueos de plataformas, filtraciones masivas de información personal y deepfakes sexualizados son parte de los más de 100 casos recogidos en En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina, la nueva investigación de Derechos Digitales. El informe analiza incidentes ocurridos entre junio de 2024 y mayo de 2025 y busca mostrar cómo distintas formas de vigilancia, censura, violencia y control en los entornos digitales están afectando el ejercicio de derechos humanos en la región.

La publicación fue desarrollada en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), una alianza integrada por 14 organizaciones de América Latina que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el espacio digital. Para esta segunda edición, Derechos Digitales combinó un monitoreo semanal de fuentes abiertas con reportes, investigaciones y la experiencia directa de las organizaciones del Observatorio, varias de las cuales acompañan a personas y colectivos afectados por ataques digitales.

Uno de los patrones que recorre la investigación es la expansión de las capacidades de vigilancia estatal. En distintos países se identificaron normas o iniciativas que amplían el monitoreo de fuentes abiertas, el ciberpatrullaje, el reconocimiento facial y el acceso estatal a datos de telecomunicaciones. A esto se suman mecanismos de censura y restricciones a la circulación de información. En Venezuela, por ejemplo, se documentaron bloqueos a Signal, X, TikTok, Telegram y YouTube, además de servicios de VPN y sitios web; mientras que en Nicaragua fueron bloqueados dominios de medios independientes.

Las filtraciones de datos personales aparecen también como uno de los fenómenos más recurrentes. El informe identifica casos específicos en 12 países, además de filtraciones de alcance regional, que expusieron desde documentos de identidad y datos financieros hasta información médica, laboral y de estudiantes. Algunos casos alcanzaron a millones de personas: en Paraguay, una filtración del Tribunal Superior de Justicia Electoral involucró datos de más de siete millones de personas; en Argentina, más de 665 mil estudios médicos fueron puestos a la venta; y en Uruguay una serie de incidentes expuso solicitudes de visa, registros de atención ciudadana y credenciales de acceso a sistemas estatales.

Ximena Cuzcano, analista en Seguridad y Resiliencia Digital de Derechos Digitales, señaló: «Documentar estas amenazas permite entender que no estamos frente a hechos aislados, sino ante prácticas que se repiten en distintos países de América Latina y que tienen consecuencias concretas sobre el ejercicio de derechos. Mantener un registro riguroso es también una forma de preservar evidencia, especialmente en contextos donde hoy existen pocas posibilidades de investigar, sancionar o reparar estas vulneraciones».

En la mira 2 también profundiza en la violencia de género facilitada por tecnologías, la explotación de datos biométricos, los cortes de internet, la vigilancia y la desinformación en procesos electorales. En estos ámbitos, el informe analiza cómo distintas amenazas y ataques digitales afectan derechos como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información, la integridad y seguridad de las personas y la participación cívica.

Los más de 100 casos recopilados no buscan establecer qué países son más o menos seguros. El propio informe advierte que muchos incidentes nunca llegan a hacerse públicos y que la capacidad para documentarlos cambia considerablemente según el país, especialmente en contextos de censura, debilitamiento de la prensa o restricciones al trabajo de la sociedad civil. Por eso, la investigación se concentra en identificar patrones y dinámicas regionales, y no en construir un ranking de incidentes entre países.

Puedes leer aquí el informe completo.

Sobre el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD):
El Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) es una alianza de 14 organizaciones de América Latina: Código Sur (regional), Colnodo (Colombia), Conexión Segura (Venezuela), Derechos Digitales (regional), Escola de Ativismo (Brasil), Fundación Acceso (regional), Fundación InternetBolivia.org (Bolivia), Fundación Karisma (Colombia), Instituto Nupef (Brasil), LaLibre.net Tecnologías Comunitarias (Ecuador), MariaLab (Brasil), Social TIC (México), Sursiendo (México) y Taller de Comunicación Mujer (Ecuador).