Señor director:

Internet produjo una transformación que solemos describir como democratización de la información. Y es cierto. Nunca tantas personas tuvieron acceso a tanto conocimiento con tan pocas barreras. Pero esa descripción omite una consecuencia menos confortable: al mismo tiempo que ampliamos el acceso, debilitamos los mecanismos que nos permitían distinguir entre información y conocimiento.

Y esa diferencia es fundamental para la autoridad.

La autoridad, a diferencia del poder, no descansa simplemente en la capacidad de imponer una conducta. Supone reconocer en otro una competencia, experiencia o responsabilidad que le concede cierto derecho a ser escuchado. Por eso es posible cuestionar una autoridad sin necesariamente destruirla. Lo que difícilmente puede sostenerse es una sociedad en la que desaparecen los criterios para reconocerla.

Eso es precisamente lo que el mundo digital está poniendo en tensión.

Internet eliminó buena parte de las antiguas jerarquías, pero no necesariamente las reemplazó por mejores criterios de discernimiento. En su lugar instaló otros: popularidad, visibilidad, velocidad, cercanía y capacidad de generar adhesión. El problema no es que cualquiera pueda hablar —esa es probablemente una de sus mayores virtudes—, sino que de esa igualdad para hablar infiramos una igualdad para saber.

Es allí donde nuestro déficit de alfabetización digital deja de ser un problema meramente educativo y se convierte en uno social.

Durante demasiado tiempo hemos entendido la alfabetización digital como la capacidad de utilizar dispositivos y aplicaciones. Pero una ciudadanía digital exige algo bastante más complejo: comprender cómo se produce el conocimiento, distinguir evidencia de opinión, reconocer la competencia de una fuente, identificar los incentivos que ordenan aquello que vemos y, sobre todo, entender que acceder a una información no equivale a comprenderla.

Sin esas capacidades, la horizontalidad de Internet puede trasladarse equivocadamente a todos los ámbitos de la vida social. Entonces no desaparece solo la autoridad injustificada —lo que sería saludable—, sino también aquella fundada en el conocimiento, la responsabilidad o la experiencia.

La paradoja es incómoda. Queríamos ciudadanos capaces de cuestionar la autoridad y construimos herramientas extraordinarias para hacerlo. Pero olvidamos enseñar algo igualmente importante: cuándo existen buenas razones para reconocerla.

Una sociedad democrática necesita ciudadanos que sepan desconfiar. Pero también necesita que sepan de quién vale la pena hacerlo.