Las autoras de esta columna cuestionan la forma en que el periodismo representa a las mujeres vinculadas al crimen organizado: entre la imagen de víctimas o “parejas de” y la de excepcionales “narco reinas”. A partir de casos recientes y datos de la Fiscalía Nacional, plantean que ambos estereotipos pueden ocultar las funciones, responsabilidades y relaciones de poder que realmente ocupan dentro de las organizaciones criminales. Concluyen que «durante demasiado tiempo las hemos mirado en los extremos: como víctimas sin poder o como mujeres cuyo poder resulta tan excepcional que necesitamos coronarlas. Entre ambas imágenes queda fuera una realidad mucho más amplia y compleja. Tal vez el desafío sea dejar de buscar víctimas y reinas y empezar a mirar qué hacen, qué poder tienen y qué lugar ocupan realmente dentro de la organización criminal».

Imagen de portada: foto referencial (Francisco Castillo / Agencia Uno)

El 15 de mayo de 2026, después de permanecer dos años prófuga, fue detenida en Osorno una mujer conocida como la “Vieja María”. Era sindicada como la líder de un clan dedicado al acopio, dosificación y venta de drogas en Rahue Bajo. La investigación se remontaba a un operativo realizado en 2024, en el que habían sido detenidas otras ocho personas vinculadas a la organización.

Unas semanas antes, en Biobío, otra mujer había sido condenada a 13 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de activos. Sin embargo, en los titulares era mucho más sencillo reconocerla por otra condición: era “la pareja del Patrón de Penco”. El nombre y el apodo de él encabezaron la historia; de ella conocimos la relación y la condena, pero mucho menos acerca de las tareas que desempeñaba, los recursos que manejaba o las decisiones en las que participaba.

Una era la jefa. La otra, “la pareja de”. Son historias diferentes y sería equivocado establecer equivalencias entre sus trayectorias sólo a partir de la forma en que fueron presentadas. Pero juntas permiten formular una pregunta que suele quedar relegada cuando hablamos de mujeres y crimen organizado: más allá de quiénes son, de quién son pareja o de qué posición formal ocupan, ¿qué hacen realmente dentro de esas organizaciones?

Y hay algo más incómodo todavía: el mundo criminal tampoco escapa a las jerarquías y roles que históricamente han colocado a los hombres en los espacios de mayor poder. Las mujeres pueden participar, administrar recursos, transportar, lavar dinero, controlar territorios e incluso dirigir organizaciones, pero muchas veces siguen siendo identificadas primero por el vínculo que mantienen con un hombre. No es una contradicción: el crimen organizado puede ofrecer espacios de poder a algunas mujeres y, al mismo tiempo, reproducir dentro de sus estructuras relaciones profundamente desiguales.

La pregunta no corresponde solamente a fiscales o policías. También involucra a los medios de comunicación, porque las palabras elegidas para presentar a una persona actúan como un mapa rápido de su lugar dentro del delito. Una puede aparecer como pareja, madre, transportista o víctima. Cuando se le atribuye poder, el repertorio cambia: aparecen las “reinas”, las “madrinas”, las “viudas” o las jefas de clan.

Entre unas y otras existe un espacio enorme. Es allí donde se encuentran muchas de las funciones que permiten que una organización criminal opere, se adapte y sobreviva, pero también las posiciones que con mayor dificultad logran convertirse en un titular.

ENTRE VÍCTIMAS, PAREJAS Y REINAS

Durante décadas, el crimen organizado fue imaginado fundamentalmente como un mundo masculino. Los grandes capos eran hombres, al igual que quienes ejercían la violencia y controlaban territorios o mercados ilícitos. Las mujeres aparecían alrededor de ellos: como parejas, familiares, colaboradoras o víctimas. Esa representación no surgió de la nada. Muchas efectivamente ingresan a economías criminales en contextos atravesados por precariedad económica, responsabilidades de cuidado, relaciones afectivas o distintas formas de coerción.

El problema comienza cuando una realidad se transforma en la explicación de todas las demás. Reconocer la vulnerabilidad de muchas mujeres no obliga a negar su capacidad de acción; del mismo modo, identificar su responsabilidad penal no elimina las condiciones de desigualdad o dependencia que pudieron marcar su trayectoria.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa llegó a esa conclusión en su informe Understanding the Role of Women in Organized Crime, señaló que las mujeres pueden ser explotadas y victimizadas por organizaciones criminales y, al mismo tiempo, actuar como participantes relevantes. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que mirar automáticamente a los hombres como perpetradores y a las mujeres como víctimas puede llevar tanto a subestimar la responsabilidad de algunas participantes como a desconocer la vulnerabilidad de otras.

Pero hay otro estereotipo que merece atención: el de la mujer que aparece como una “reina” del narcotráfico. Las narcoseries mexicanas ayudaron a instalar con enorme fuerza esa imagen. Personajes como los de La Reina del Sur o Rosario Tijeras convierten a mujeres vinculadas al mundo criminal en protagonistas poderosas, sofisticadas, temidas y capaces de disputar de igual a igual el poder a los hombres. La ficción puede ser entretenida, pero también termina construyendo un imaginario que poco tiene que ver con buena parte de las trayectorias reales de las mujeres dentro de estas organizaciones.

La realidad suele ser mucho menos cinematográfica y bastante más dura. Para muchas mujeres, la relación con el crimen organizado está marcada por la subordinación, la dependencia económica, la violencia, la explotación o la necesidad de responder a las decisiones de hombres que concentran el poder. Incluso cuando participan activamente en el negocio, eso no significa necesariamente que tengan capacidad para decidir sobre su estructura o sobre su propio destino. Convertirlas en “reinas” puede ser tan engañoso como reducirlas a víctimas: en ambos casos, el estereotipo termina ocultando la complejidad de sus trayectorias y, sobre todo, las relaciones de poder que las atraviesan.

En Chile el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Fiscalía Nacional con información de causas ingresadas durante 2024, incorpora como novedad un análisis específico de género. Según el informe, las mujeres representan el 38% de las personas imputadas por trata de personas, el 37% en tráfico de migrantes y el 33% en asociación ilícita para el tráfico de drogas. También alcanzan el 27% en microtráfico y en asociación ilícita genérica, y el 23% en lavado de activos. En los homicidios, en cambio, no llegan al 6%. Son personas imputadas, no necesariamente condenadas: las cifras describen la actuación del sistema persecutor y no establecen por sí solas una responsabilidad penal definitiva.

El mismo documento identifica una presencia femenina significativa en funciones de coordinación, acopio y custodia de drogas o armas, y en tareas logísticas, administrativas y financieras. Son labores menos visibles que el ejercicio directo de la violencia, pero esenciales para administrar recursos, conectar integrantes y sostener el funcionamiento de una red.

EL PROBLEMA TAMBIÉN ESTÁ EN EL RELATO

El periodismo necesita simplificar. Una persona tiene rostro, biografía, fotografías, conflictos y, muchas veces, un apodo. Una estructura criminal es más difícil de narrar: está formada por relaciones, funciones, circulación de recursos e intercambios de información. La noticia, especialmente en formatos breves y plataformas digitales, tiende a condensar esa complejidad en un personaje reconocible.

Esa selección no es neutra. Un encuadre destaca algunos aspectos de un hecho y deja otros en segundo plano. “Narco reina” vuelve extraordinaria a una mujer porque ejerce un poder que todavía asociamos predominantemente con hombres. “Pareja de” produce el efecto contrario: la vuelve comprensible a partir de otra persona y puede absorber su identidad en una relación afectiva. En ambos casos, la etiqueta puede terminar reemplazando la explicación de su función.

La asimetría resulta especialmente visible en los apodos. No necesitamos convertir en “rey del narcotráfico” a cada hombre que encabeza una organización; con frecuencia basta presentarlo como líder, cabecilla o jefe. En cambio, cuando una mujer ocupa esa posición, el género se convierte en parte central del personaje. La corona comunica poder, pero también excepcionalidad: sugiere que estamos ante alguien que abandonó el lugar que se esperaba de ella.

Hay, además, un problema de fuentes. La cobertura del crimen organizado depende en buena medida de partes policiales, antecedentes de la fiscalía y resoluciones judiciales. Esas fuentes entregan información indispensable, pero describen a las personas según la etapa de la investigación y las necesidades de la persecución penal. Una cobertura rigurosa debería indicar de dónde proviene la caracterización -si se trata de una hipótesis policial, una imputación o un hecho establecido en sentencia- y evitar que una categoría provisional se transforme en una identidad definitiva.

El caso resuelto por la Fiscalía de Arica en marzo de 2026 muestra la dificultad. La organización estaba compuesta por 17 mujeres y un solo hombre. Él, conocido como el “Obispo”, coordinaba las operaciones y fue identificado como líder; las mujeres, provenientes de cuatro países, participaban en una red que ingresaba ketamina desde Perú. La información oficial permite conocer la composición del grupo, pero no explica con igual precisión qué hacía cada una. Y ahí comienza el desafío periodístico: cuando la información falta, no podemos reemplazarla con estereotipos. Si no sabemos qué función cumplía una mujer dentro de una organización criminal, debemos decirlo. Porque convertirla automáticamente en acompañante, víctima o subordinada no es informar sobre su lugar en la estructura: es asignárselo desde afuera.

Mejorar la cobertura no significa prohibir los apodos ni eliminar las relaciones familiares. Tampoco es razonable exigir que cada noticia reconstruya completamente una red criminal. Pero sí es posible diferenciar entre una hipótesis y una condena; entre vínculo afectivo y función delictiva; entre visibilidad mediática e importancia dentro de la estructura. Esa precisión evita convertir a todas las mujeres con poder en figuras excepcionales y a todas las demás en personajes secundarios de la historia de un hombre.

Durante demasiado tiempo las hemos mirado en los extremos: como víctimas sin poder o como mujeres cuyo poder resulta tan excepcional que necesitamos coronarlas. Entre ambas imágenes queda fuera una realidad mucho más amplia y compleja. Tal vez el desafío sea dejar de buscar víctimas y reinas y empezar a mirar qué hacen, qué poder tienen y qué lugar ocupan realmente dentro de la organización criminal.