Señor director:

El discurso público sobre la educación inclusiva en Chile suele asumir que la promulgación de leyes o la implementación de programas como el PIE bastan para transformar nuestras aulas. Sin embargo, la vivencia diaria en las salas de clases evidencia que la inclusión no es un estado fijo ni un decreto que se instala automáticamente, sino un proceso dinámico y en permanente tensión.

Para que la inclusión sea efectiva, es indispensable derribar la histórica concepción que sitúa a las profesoras diferenciales como meras «asistentes de aula» o apoyos periféricos. Cuando existe una co-docencia basada en la corresponsabilidad y el respeto mutuo por la experticia del otro, la colaboración activa una verdadera agencia transformadora, permitiendo sostener altas expectativas académicas para el 100% de las y los estudiantes.

El verdadero obstáculo no radica en la disposición individual de los docentes, sino en las barreras estructurales e institucionales que aún persisten. La falta de espacios lectivos formales para la coplanificación aísla a los profesores, limitando su percepción de autoeficacia y perpetuando miradas reduccionistas sobre la diversidad.

Si aspiramos a una justicia educativa real, la política pública y las gestiones escolares deben transitar del discurso a la estructura. Se requiere garantizar tiempos protegidos de colaboración dentro de la jornada laboral que doten de herramientas a las comunidades educativas. Solo reconociendo que la inclusión es una construcción colectiva inacabada podremos transformar la escuela en un espacio verdaderamente equitativo para todos.