A propósito del reciente acuerdo judicial de Meta en Estados Unidos, el autor de esta columna sostiene que la política de ciencia, tecnología e innovación en Chile carece de un principio explícito de neuroprotección, y propone incorporar una Evaluación de Impacto en Neuroprotección obligatoria para toda tecnología digital que el Estado destine a niños y adolescentes. Concluye que «si existe una responsabilidad que una sociedad debe asumir antes de entregar a sus hijos a una tecnología, es precisamente esta: examinarla antes de que ella nos examine a nosotros».

Imagen de portada: José Humberto Campos / Agencia Uno

Permítanme comenzar con una pregunta: ¿qué entendemos por progreso?

¿Es progreso aumentar la velocidad con que desarrollamos inteligencia artificial, automatizamos decisiones y digitalizamos nuestras instituciones? Sin duda, puede serlo. Pero ¿es suficiente que una tecnología sea posible, eficiente o competitiva para que resulte conveniente incorporarla masivamente en la vida de nuestros niños y adolescentes?

Y una pregunta todavía más incómoda: si la infancia y la adolescencia son etapas de intensa plasticidad cerebral, ¿no debería la protección del cerebro en desarrollo constituir un criterio explícito y prioritario de nuestra política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación?

No planteo estas preguntas desde la tecnofobia. Sería absurdo desconocer los extraordinarios aportes de la tecnología y de la inteligencia artificial a la ciencia, la medicina, la educación y la economía. Precisamente por su enorme capacidad transformadora, estas herramientas necesitan contrapesos proporcionales a su capacidad para intervenir sobre la conducta humana.

Una sociedad científicamente madura debe preguntarse no solo qué podemos hacer con una nueva tecnología, sino qué deberíamos hacer con ella, bajo qué condiciones y para beneficio de quién.

La evidencia disponible obliga a desterrar dos extremos: el alarmismo y la ingenuidad. Según un reciente informe de la OCDE, Chile encabeza la lista como el país donde los adolescentes pasan más tiempo conectados a redes sociales, promediando más de 45 horas semanales frente a plataformas digitales. Las consecuencias de este diseño extractivo han detonado una crisis clínica: estudios nacionales revelan que más del 60 % de nuestros niños y jóvenes ya presentan síntomas de ansiedad y depresión.

Por eso, el debate no puede reducirse al conteo de horas de pantalla. La pregunta de fondo es estructural: ¿qué tipo de entorno estamos construyendo para un cerebro que todavía está aprendiendo a regularse, concentrarse, empatizar, decidir y pensar?

Ahí aparece un concepto que debe ocupar un lugar central en la política pública: la neuroprotección.

Neuroproteger no significa aislar al cerebro de toda tecnología. Significa proteger las condiciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales que permiten que una persona en desarrollo alcance su autonomía, su capacidad de juicio crítico y su libertad.

¿Qué ocurre cuando la velocidad deja de ser un instrumento del desarrollo y se transforma en un valor supremo por sobre la vida biológica?

LA TRAMPA DEL SOLUCIONISMO ALGORÍTMICO

El peligro radica en sucumbir al solucionismo tecnológico: asumir que todo dilema humano complejo puede traducirse en una variable computable. Bajo esta lógica, la educación se reduce a optimización de aprendizajes; la salud mental, a predicción de riesgos; y los ciudadanos, a conjuntos de información susceptibles de ser perfilados y monetizados.

Pero un niño no es un problema de optimización matemática.

Un adolescente no es un flujo de datos.

Y la salud mental infantil no puede delegarse a las decisiones opacas de una caja negra algorítmica.

Esta dinámica extractiva no es nueva, pero su sofisticación ha escalado. Como argumenté previamente en este mismo espacio al analizar los efectos de la «algoritmocracia», estamos frente a modelos de interacción diseñados deliberadamente para explotar nuestras vulnerabilidades neurobiológicas, produciendo lo que clínicamente podemos definir como cerebros rotos por diseño. Si en ese momento la urgencia era advertir cómo el ecosistema digital estaba erosionando la empatía y la deliberación ciudadana, el imperativo ético de hoy exige enfrentar un peligro aún más basal: la captura comercial del neurodesarrollo infantil desde sus cimientos.

Aquí existe una asimetría fundamental. Un adulto puede decidir qué tecnología utiliza, pero un niño no diseñó el algoritmo que captura su atención, no negoció las condiciones de uso y todavía está desarrollando las funciones ejecutivas necesarias para resistir estímulos diseñados para mantenerlo conectado.

Durante años hemos trasladado la responsabilidad hacia las familias: «controle el tiempo de pantalla, revise la privacidad, apague el teléfono». Pero hay una pregunta que no podemos seguir evitando: ¿quién controla a quienes diseñan el entorno en el que nuestros hijos deben ejercer ese autocontrol?

LA ACELERACIÓN SIN FRENO Y LA «ILUSTRACIÓN OSCURA»

¿Qué ocurre cuando la velocidad deja de ser un instrumento del desarrollo y se transforma en un valor supremo por sobre la vida biológica?

La revolución tecnológica convive hoy con corrientes intelectuales —como la llamada Ilustración Oscura y el pensamiento neorreaccionario de autores como Nick Land— que conciben la aceleración como un fin en sí mismo, sugiriendo que la dinámica tecnocientífica debería superar las «fricciones» democráticas. Como ha advertido Alfredo Joignant en su análisis para El País, estas ideas circulan hoy por redes internacionales de poder. En este mapa emerge Peter Thiel, influyente financista de Silicon Valley que ha cuestionado la compatibilidad entre libertad y democracia, y cuyo reciente paso por Chile —incluyendo una reunión a puertas cerradas en La Moneda— obliga a formular una pregunta institucional: ¿puede un Estado incorporar la potencia técnica de Silicon Valley sin importar, de forma acrítica, una concepción del progreso que subordina la deliberación ciudadana a la velocidad algorítmica?

La respuesta es sí, pero únicamente si existen contrapesos regulatorios y éticos suficientemente robustos. Porque el problema no es la tecnología; el problema aparece cuando esta deja de estar al servicio de fines humanos y comienza a definirlos.

La pregunta es evidente: ¿tenemos esos contrapesos hoy en nuestro país? La respuesta clínica e institucional es un no rotundo. Hoy, el aceleracionismo nos está sacando varios cuerpos de ventaja.

META: CUANDO LA ARQUITECTURA DIGITAL LLEGA A LOS TRIBUNALES

La discusión dejó hace tiempo de ser hipotética. Este 26 de agosto de 2026, Meta llegó a un histórico acuerdo con fiscales generales de decenas de estados en Estados Unidos para resolver las demandas que la acusaban de diseñar deliberadamente los algoritmos adictivos de Instagram y Facebook para maximizar la retención en menores de edad.

El acuerdo —que contempla pagos de hasta US$ 18.000 millones— obliga a Meta a implementar un límite predeterminado de dos horas diarias, bloqueos nocturnos y la suspensión de notificaciones durante el horario escolar. Es decir, la intervención ya no recae exclusivamente sobre el usuario, sino sobre la arquitectura misma del entorno. La neuroprotección está comenzando a imponerse por vía judicial.

Este caso establece un precedente ineludible que nos obliga a dar el siguiente paso lógico. Si los tribunales internacionales ya exigen rediseños estructurales para redes sociales de mero entretenimiento, ¿con cuánta mayor urgencia el Estado chileno debe exigir esos mismos —o mayores— estándares al software educativo o clínico que obliga a utilizar a niños y adolescentes en sus propias instituciones?

¿Podemos avanzar hacia una regulación ex ante, capaz de evaluar los riesgos de una tecnología antes de desplegarla masivamente? Ese es el sentido de lo que propongo llamar neuroprotección por diseño.

DE LA DECLARACIÓN A LA REGULACIÓN

Chile ya cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial. El problema es que declarar principios éticos no basta cuando las tecnologías ingresan directamente al aula o al sistema de salud.

Propongo incorporar formalmente una Evaluación de Impacto en Neuroprotección para toda tecnología digital que el Estado licite, financie o implemente en servicios públicos dirigidos a menores. Esta evaluación vinculante debería considerar:

• La diferenciación estricta por etapas del neurodesarrollo, consagrando un paradigma de exclusión absoluta de pantallas y arquitecturas persuasivas durante la primera infancia (cero a seis años).
• La aplicación del principio de precaución frente a la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante toda la etapa escolar (hasta los 18 años). Investigaciones clínicas recientes (Batool et al., 2025) documentan que delegar el esfuerzo cognitivo a la IA induce un estado de «reposo neural» (neural idling). Esta caída en la demanda metabólica prefrontal altera críticamente la microglía y la señalización para una poda sináptica saludable. Hasta que la evidencia descarte inequívocamente el riesgo de una atrofia funcional por conveniencia, la IAG no debe operar libremente sobre cerebros en desarrollo.
• El impacto clínico directo sobre los ciclos de sueño, la autorregulación y la maduración de las funciones ejecutivas.
• La presencia de mecanismos de diseño persuasivo destinados a maximizar la permanencia y extraer atención de manera automatizada.
• La transparencia obligatoria sobre los criterios algorítmicos que determinan qué contenidos reciben los menores.
• La exigencia de mecanismos vinculantes de suspensión precautoria que permitan interrumpir de inmediato el despliegue de plataformas o sistemas que evidencien riesgos para la salud mental en poblaciones vulnerables.
• El aumento sustancial de fondos estatales para la investigación básica y las ciencias sociales. No podemos depender exclusivamente de la evidencia que la propia industria tecnológica decide transparentar; necesitamos ciencia local, pública e independiente capaz de auditar continuamente este impacto en nuestra población.

No se trata de crear una burocracia para frenar la innovación. Se trata de cambiar el orden de las preguntas. Hoy preguntamos: ¿funciona la tecnología? Deberíamos preguntar también: ¿para quién funciona, bajo qué condiciones y a qué costo humano?

La verdadera soberanía científica no consiste en cerrar las puertas a la tecnología privada, sino en conservar la autonomía para auditarla. El mercado puede determinar qué productos son rentables; al Estado le corresponde garantizar que esa rentabilidad no subordine el desarrollo humano.

LA DELIBERACIÓN SOBRE NUESTRO FUTURO

En marzo de este año, la Premio Nacional de Periodismo Mónica González advirtió en este medio que la industria de la desinformación responde a una concentración de poder capaz de debilitar el sentido de realidad y erosionar la democracia.

Esa advertencia tiene un correlato clínico: si las arquitecturas algorítmicas pueden intervenir sobre el entorno informativo de los adultos, ¿qué ocurre cuando ese mismo entorno se convierte en el principal espacio de socialización de una generación cuyo pensamiento crítico todavía está en formación?

La disyuntiva de Chile no es acelerar o estancarse. La disyuntiva es qué estamos dispuestos a proteger mientras avanzamos. La tarea civilizatoria consiste en construir un desarrollo tecnológico compatible con la dignidad biológica y mental de la persona humana.

Sócrates nos enseñó que una vida sin examen no merece ser vivida. En la era de la inteligencia artificial, quizá debamos extender esa obligación a las herramientas que moldean nuestra mente. Y si existe una responsabilidad que una sociedad debe asumir antes de entregar a sus hijos a una tecnología, es precisamente esta: examinarla antes de que ella nos examine a nosotros.

La innovación necesita velocidad.

La democracia necesita deliberación.

La ciencia necesita libertad.

Y la infancia necesita protección.

El desafío de Chile es asegurar que ninguna de ellas sea sacrificada en el altar de la aceleración tecnológica.

El cerebro no espera y la infancia no se repite.