El exfiscal de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina, Vinko Fodich, es investigado por la Fiscalía Supraterritorial por sus presuntos vínculos con una organización criminal. Según informó Bío-Bío, Fodich es socio de la casa de cambios Change Panda SpA, junto a otras dos personas, entre ellas un ciudadano chino, firma que es indagada en el marco de una investigación por eventual lavado de activos.

En un reportaje de Informe Especial se señaló que la Fiscalía Supraterritorial investiga una serie de depósitos en efectivo por casi $6.000 millones, los que levantaron las alertas por un eventual lavado de activos.

Fodich es además uno de los abogados que representan a integrantes del Clan Chen, organización criminal cuyos miembros son investigados por delitos como lavado de activos y asociación ilícita. Esta semana, Fodich y otros abogados recurrieron contra el traslado de los imputados a la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, medida que finalmente quedó sin efecto.

El exfiscal Vinko Fodich en una foto de archivo (Créditos: Francisco Longa / Agencia Uno)

Este jueves, Ex-Ante dio a conocer que el Presidente José Antonio Kast restituyó formalmente el gabinete de la Primera Dama, otorgando respaldo institucional al equipo que ya trabaja con Pía Adriasola. De esta manera, el Ejecutivo revirtió la eliminación de esta estructura, ocurrida durante el gobierno de Gabriel Boric.

La decisión se formalizó mediante la resolución exenta N°391, fechada el 13 de mayo de 2026 y firmada por el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres. La estructura había sido eliminada en 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, luego de que Irina Karamanos disolviera la Coordinación Sociocultural de la Presidencia y las fundaciones que dependían de ella fueran traspasadas a distintos ministerios.

Según Emol, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, respaldó la restitución del gabinete y señaló que este colaborará en materias como la superación de la pobreza y la identificación de brechas en niñez, adultos mayores y discapacidad.

La decisión, sin embargo, generó críticas. Bío-Bío publicó que las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Flor Contreras y Lilian Betancurt calificaron la medida de innecesaria y cuestionaron que implique un aumento de la burocracia estatal en un contexto de estrechez fiscal. Las parlamentarias plantearon que las prioridades deberían estar en materias como seguridad y economía familiar.

Pía Adriasola ya trabajaba con un equipo en La Moneda (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La Corte de Apelación de Valparaíso declaró admisible un recurso de amparo que presentó la defensa de la senadora Camila Flores (RN) para limitar el acceso del Ministerio Público a los equipos incautados en el marco de la investigación por posible fraude al fisco de la parlamentaria. La causa que lleva la Fiscalía de Valparaíso indaga las denuncias que apuntan a que Flores les solicitaba parte de los sueldos a sus asesores, los que son pagados por la Cámara.

Según lo indicado por La Tercera, el abogado de la senadora, Luis Masferrer, criticó que la fiscalía pretendía acceder a la totalidad de los materiales incautados, entre ellos una libreta personal de la hija de Flores. El recurso solicita que se defina en concreto la información, los hechos y fechas que serán objeto de revisión.

La senadora está siendo investigada por eventual fraude al fisco (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) ingresó una denuncia de tutela laboral contra la Corte Suprema, a raíz de la apertura de cuadernos de remoción contra medio centenar de jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. El recurso, según La Tercera, acusa que la medida del máximo tribunal vulnera los derechos fundamentales de los afectados. También, que compromete la independencia judicial al exponerlos a la pérdida de sus cargos por hechos ya juzgados y resueltos hace más de un año por las cortes de apelaciones respectivas.

La acción judicial busca la reparación de cuatro derechos fundamentales: la honra, la vida privada, la no discriminación y la garantía de indemnidad. La denuncia argumenta que la Suprema afectó la honra de los profesionales al exponerlos mediáticamente bajo un listado de «jueces con licencias médicas fraudulentas». Ante esto, la denuncia solicita crear una comisión para formular una propuesta de reforma que regule las facultades de la Corte Suprema. Además, exigen que la institución pague las costas del juicio.

La controversia jurídica se desató en junio de 2026, tras la apertura de expedientes disciplinarios que involucran a jueces que viajaron al exterior mientras estaban con licencia médica. El pasado miércoles, según Bío-Bío, siete magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar las reglas utilizadas por la Corte Suprema en estos procedimientos. Radio Pauta publicó que la corte acordó fijar el inicio de los alegatos de estas causas disciplinarias para el próximo miércoles 2 de septiembre.

Son más de 50 los jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica (Créditos: David Cortés / Agencia Uno)