Este martes el pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento que presentó el Gobierno en contra del artículo 31 de la megarreforma, incorporado al proyecto por diputados de oposición. La norma obliga a las empresas de servicios básicos, como las distribuidoras eléctricas, y las compañías de agua y de gas, a reconectar gratuitamente a usuarios ubicados en zonas bajo estado de catástrofe. Dicha medida incluye a quienes mantienen deudas con las concesionarias y fija plazos de reconexión.

La presentación ante el TC generó tensión al interior del comité político. Según informó La Tercera, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, no fue informado del ingreso del requerimiento y tampoco había estado de acuerdo con recurrir al tribunal durante el comité político. En esa instancia, Alvarado habría advertido que la acción podía ser impopular y que existía el riesgo de que fuera rechazada por el TC.

En medio de la controversia, el Presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad por la descoordinación entre las distintas carteras en una entrevista concedida la semana pasada a Radio Duna.

La norma le da 48 horas de plazo a las empresas para realizar la reconexión (Créditos: Pablo Ovalle / Agencia Uno)

Este martes, el Presidente José Antonio Kast valoró el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que reafirmó los tratados bilaterales vigentes entre ambos países y zanjó la tensión provocada por las declaraciones de un jefe militar sobre el Estrecho de Magallanes. “Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, señaló el mandatario.

El pasado domingo, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, señaló que el Estrecho de Magallanes era “soberanía” trasandina y que había que “hacer presencia, porque es una llave bioceánica”. Tras la inmediata reacción chilena, este martes la cancillería argentina reafirmó su compromiso con las relaciones bilaterales mediante un comunicado por redes sociales. “La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”, señaló.

El impasse se suma a otras situaciones que han generado tensiones bilaterales. En 2021, ocurrió otro cruce diplomático sobre la interpretación de los límites establecidos de la Plataforma Continental en el tratado de 1984. En 2024, en tanto, la armada trasandina inauguró un puesto de vigilancia en Tierra del Fuego que contaba con paneles solares. Sin embargo, algunos de estos fueron instalados dentro del territorio chileno, los que luego tuvieron que ser retirados, tras el reclamo formal de Chile.

Cada 21 de septiembre se recrea la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, que ocurrió en 1843 (Créditos: Joel Estay / Agencia Uno)

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó una multa ambiental de 1.850 Unidades Tributarias Anuales (unos $1.524 millones de pesos), contra Codelco. La sanción fue impuesta originalmente por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tras detectarse incumplimientos operativos en la Fundición Potrerillos, que forma parte de la División Salvador de la minera estatal, ubicada en la Región de Atacama.

Las irregularidades operativas se desencadenaron, según informó La Tercera, por un deficiente manejo de aguas de proceso, derrames de pulpa y descargas industriales líquidas no autorizadas. Posteriormente, se constató que las labores de limpieza en las zonas afectadas no se realizaron de manera íntegra ni oportuna. Codelco intentó objetar la configuración de las infracciones; sin embargo, el tribunal validó los fundamentos de la superintendencia.

El derrame que motivó la sanción ocurrió en 2018, lo que desencadenó denuncias. Tras las inspecciones, la SMA abrió un expediente sancionatorio en abril de 2021 y aplicó la multa en diciembre de ese año. Codelco interpuso un recurso de reposición en febrero de 2022 que fue rechazado un año después, lo que motivó a la estatal a presentar una reclamación judicial en marzo de 2023. Finalmente, la sentencia ratificatoria del tribunal ambiental fue dictada este martes.

La causa se extendió por más de cinco años (Créditos: Edgar Cross / Agencia Uno)

Este martes, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió aplazar la audiencia que debía realizarse esta fecha para revisar ocho recursos de protección en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Miguel Ángel Poduje, debido a la paralización de los proyectos de reconstrucción habitacional en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. Según informó Soy Valparaíso el representante del Consejo de Defensa del Estado recusó a uno de los abogados querellantes, lo que hizo que el tribunal decidiera aplazar la audiencia a una fecha por confirmar.

Según informó BiobioChile, los recursos presentados cuestionan la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de detener la entrega de viviendas en la zona, el término anticipado de contratos y la demolición de las obras. Uno de estos fue presentado por una de las familias damnificadas del megaincendio de 2024, quienes indican en el escrito que la vivienda que se les iba a entregar estaba en su etapa final de construcción. Agregan que los actos del ministro al no entregar las viviendas y anunciar su demolición, vulneran sus derechos de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida y la integridad física y psíquica.

Miguel Ángel Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)