Señor director:

Las recientes declaraciones de la ministra Ximena Lincolao, respecto de que los profesores tendrían oportunidades de convertirse en “vendedores o servicio al cliente”, generaron una comprensible controversia. Mi intención no es discutirlas desde una posición política, sino desde el ámbito que me compete como profesora de Lenguaje: las competencias discursivas de quienes ejercen funciones públicas.

La ministra también aclaró que se refería a cargos en empresas de inteligencia artificial vinculados con capacitar a quienes adquieren estas tecnologías. Si esa era la idea que buscaba transmitir ¿por qué fue necesario explicarla después?

La respuesta puede analizarse técnicamente. El discurso presenta serios problemas de coherencia, cohesión y adecuación.

En términos de coherencia, la intervención comienza planteando que los profesores podrían convertirse en vendedores o trabajar en servicio al cliente; luego habla de “entrenar a los que compran”, de “repensar” procesos con inteligencia artificial y termina incorporando a las “personas humanistas”. Las ideas podrían relacionarse, pero esas relaciones no se explicitan.

En cuanto a la cohesión, aparecen referentes ambiguos como “tú”, “lo” o “eso”, sin que resulte claro a qué o a quién aluden. Hay conectores, pero estos no logran establecer relaciones suficientemente precisas entre las ideas.

A ello se suma un problema de adecuación: expresiones coloquiales como “eso”, “igual” o “harta” son válidas en una conversación cotidiana, pero restan precisión a una declaración pública que exige mayor claridad y formalidad.

Pero existe un segundo problema que, como docente, me parece todavía más relevante: las palabras con las que conceptualizamos importan.

Hablar de profesores como potenciales “vendedores” o trabajadores de “servicio al cliente” no es equivalente a hablar de formación de usuarios, capacitación, diseño instruccional o acompañamiento de procesos de aprendizaje. Un profesor puede, por supuesto, desempeñarse laboralmente en otros sectores (cuántos no lo hemos pensado frente a las condiciones salariales y emocionales que enfrentamos y que, demasiadas veces, pareciera preocupar solo a quienes las vivimos?). El problema no está allí. El problema está en traducir el conocimiento profesional docente a categorías propias de campos que responden a propósitos y relaciones completamente distintos.

La docencia no se organiza en torno a una relación vendedor-cliente. Su núcleo profesional es la enseñanza y el aprendizaje, y supone conocimientos disciplinares, didácticos, evaluativos y curriculares. Si se quería destacar que algunas de esas competencias pueden transferirse hacia nuevos escenarios laborales vinculados con la inteligencia artificial, existían formas mucho más precisas de expresarlo.

Quien ejerce una función pública tiene la responsabilidad de comunicar con precisión.

Cuando una declaración necesita ser aclarada posteriormente, estamos frente a una deficiencia en las competencias discursivas del emisor. Y cuando episodios de esta naturaleza se reiteran tanto en apenas cinco meses de gobierno, dejan de ser simples errores comunicacionales aislados y comienzan a revelar un problema más profundo: un déficit comunicativo que ya no puede atribuirse a declaraciones desafortunadas individuales, sino que comienza a instalarse como un rasgo preocupante del ejercicio público de este gobierno.

No es una evaluación política. Es una evaluación de las competencias discursivas.