La autora de esta columna sostiene que la polémica por la continuidad del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo es una oportunidad para revisar críticamente su aporte al sistema informativo nacional. Dice que «lo que cabe esperar de esta irrupción del Fondo en la palestra pública a partir de la polémica suscitada es que se abra una discusión más sustantiva sobre el modo en que las bases de este concurso de investigación se relacionan con sus dos desafíos originales: de qué manera estos estudios van a servir para diseñar políticas públicas que fortalezcan el pluralismo y de qué manera la industria mediática va a incorporar sus hallazgos para mejorar sus indicadores propios de pluralismo interno y externo».

Imagen de portada: foto referencial (@thejerez | Escuela de Periodismo y Comunicación U. Finis Terrae)

El 31 de julio pasado la Subsecretaría General de Gobierno envió a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) un oficio a través del cual daba término al convenio entre ambos organismos para financiar el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional. La noticia ha suscitado diversas críticas, especialmente entre investigadoras e investigadores de la comunicación. Estando de acuerdo con los cuestionamientos que se han hecho a la decisión del gobierno respecto a que el Fondo se deriva de un mandato legal (el artículo 4 de la ley de prensa) y que por tanto es cuestionable suspenderlo a través de un oficio, así como con el argumento sobre la importancia del pluralismo mediático para la calidad de la democracia, considero que esta polémica es una buena instancia para revisar críticamente la trayectoria del mismo respecto al espíritu de la ley y ser más afinados con los argumentos para la reconsideración de su continuidad. 

He sido beneficiaria y evaluadora de este Fondo y desde esa experiencia directa considero que, si bien constituye un instrumento relevante para la investigación sobre pluralismo y temas relacionados, su incidencia sobre mejoras en el pluralismo del sistema informativo nacional ha sido irrelevante a través del tiempo. El espíritu del artículo 4 de la ley de prensa era promover la investigación sobre pluralismo para generar evidencia que luego incidiría tanto en la generación de políticas públicas como en iniciativas llevadas a cabo por la propia industria mediática, compatibilizando sus líneas editoriales con la promoción del pluralismo. Esto no ha ocurrido de manera sistemática y coherente durante los más de 15 años que lleva este Fondo. Por eso, es impreciso afirmar que el Fondo ha fungido como una política pública para promover el pluralismo en el sistema informativo nacional. Más bien ha sido una herramienta para alimentar el debate sobre la falta de pluralismo en base a la evidencia generada por la investigación científica del tema, pero hay una interfaz entre política pública de comunicación e investigación en comunicación que no ha sido promovida desde los ministerios a cargo (Segegob y Ciencias) como tampoco desde organismos autónomos con responsabilidades en el tema, como el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). 

En mi caso, el Fondo financió la creación de un instrumento para medir el pluralismo informativo en televisión (validado en tres rondas consecutivas, usado como referente por otros reguladores internacionales para crear sus propias mediciones) que fue propuesto al regulador para cumplir lo que su propia ley señala al respecto (el artículo 14 de la ley del CNTV), pero este nunca manifestó interés en implementarlo ni siquiera con un propósito divulgativo.

El primero en advertir la distancia entre las políticas públicas de comunicación y la política científica que sostiene este Fondo fue el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) en el informe de su visita oficial a Chile en 2016, donde en el numeral 1245, señaló que: 

“Durante su visita y en correspondencia posterior, la Relatoría especial preguntó al Estado si en el país se habían realizado o se dispone de informes o investigaciones en materia de concentración, diversidad, o competencia en el sector de los medios de comunicación. El Estado no presentó información al respecto, a pesar que el artículo 4° de la Ley de Prensa ordena el financiamiento de estudios sobre pluralismo en el sistema de medios a través del Fondo de Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)”. 

De acuerdo a un estudio publicado en 2020 por Laureano Checa y Claudia Lagos, entre 2009 y 2019 el Fondo de Estudios sobre Pluralismo había financiado 39 investigaciones por un monto total de $755.500.473 pesos. No obstante, el estudio también señalaba algunas debilidades del mismo, especialmente que el impacto positivo en la industria mediática de estos estudios financiados por el Estado no se encuentra asegurado en su diseño. El año 2023, la ANID publicó por primera vez una evaluación del Fondo. Este informe es principalmente descriptivo y se aboca a dar cuenta de su impacto en el campo de la investigación en comunicaciones más que en la incidencia de los resultados de estos estudios en aumentar el pluralismo en el sistema de medios (el propósito original de su creación), lo cual confirma la tesis que se sostiene en esta columna.

El 19 de agosto, casi tres semanas después del oficio de Segegob, un diario de alcance nacional publicó una declaración del Ministerio de Ciencias según la cual “el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema informativo Nacional continúa sin cambios”, por lo que al parecer el fondo deja de existir como un financiamiento conjunto entre Segegob y ANID, para depender solo de esta última, lo que es una buena noticia si bien no deja de sorprender la improvisación y falta de coordinación interna entre ambos ministerios.

Lo que cabe esperar de esta irrupción del Fondo en la palestra pública a partir de la polémica suscitada es que se abra una discusión más sustantiva sobre el modo en que las bases de este concurso de investigación se relacionan con sus dos desafíos originales: de qué manera estos estudios van a servir para diseñar políticas públicas que fortalezcan el pluralismo y de qué manera la industria mediática va a incorporar sus hallazgos para mejorar sus indicadores propios de pluralismo interno y externo. La apuesta del Estado por un fondo específico para financiar el estado del pluralismo mediático en el país debe contar en su propio diseño con los componentes que permitan un impacto más efectivo y directo de sus resultados sobre el tema en cuestión. Parte de la responsabilidad de la investigación académica es generar conocimiento que produzca incidencia y genere transformaciones en la sociedad.