El autor de esta columna sostiene que la izquierda y la derecha obtuvieron una victoria inmediata con la exención de contribuciones para mayores de 65 años -la primera reactivando su discurso contra los privilegios, la segunda aprobando la reforma y eliminando el impuesto-, pero que ambas pagarán un costo político a la larga: la oposición renunció a disputar la universalidad de la medida y la derecha legitimó, sin quererlo, una obligación estatal más amplia hacia los adultos mayores que contradice su propio ideario. Sostiene que «las clases políticas obnubiladas por el presente, ávidas de la endorfina de los likes y  las emociones efímeras, perforan con alegría y entusiasmo los escenarios sobre los que se instalan a celebrar sus victorias cortas. Precisamente por eso pueden, más rápido de lo que esperan, verlas convertidas en derrotas largas que simplemente no verán venir».

Imagen de portada: Francisco Castillo / Agencia Uno

Miriam de 65 años abre la carta de contribuciones y descubre que ya no tendrá que pagar. Vive en una comuna de ingresos medios, es propietaria de la casa que compró  hace décadas y su pensión apenas alcanza para cubrir los gastos del mes. No conoce  la distribución territorial del impuesto, no ha calculado qué comunas recibirán las  mayores compensaciones ni sabe cuánto costará la medida al erario nacional. Sólo  sabe que ella pertenece a un grupo al que el Estado decidió proteger. Allí reside la  fuerza política y el núcleo de legitimidad de la exención de contribuciones aprobada para la vivienda principal de los mayores de 65 años.  

Por otro lado, la Megarreforma del gobierno de José Antonio Kast contempla que el fisco compense a los municipios por los ingresos que dejarán de recibir. Y, entonces, la controversia se instala en el debate público debido a que la propiedad y el pago de contribuciones se concentran en los sectores de mayores ingresos. Por consiguiente,  parte importante del beneficio y de la compensación fiscal terminará favoreciendo a municipios y hogares más acomodados que el de Miriam. 

LAS VICTORIAS CORTAS DE LAS IZQUIERDAS

La oposición encontró allí una denuncia eficaz: impuestos pagados por todos financiarán un beneficio recibido desproporcionadamente por quienes más tienen. Sin  duda, se trata de un argumento comprensible y que capta atención, pero lo es también insuficiente. 

Desde el retorno a la democracia, la focalización y la universalidad han expresado dos maneras diferentes de comprender la política social. Entre ambos principios, las derechas se han inclinado más por concentrar esfuerzos en quienes presentan carencias verificables. En esa perspectiva, entregar un beneficio a quien puede financiarlo por sí mismo desperdicia recursos públicos y debilita la responsabilidad  individual. Las izquierdas, por su parte, tradicionalmente han desconfiado de ese  razonamiento porque la focalización divide a la sociedad entre quienes califican y quienes quedan fuera, somete beneficios a pruebas administrativas y transforma la política social a algo que parece más asistencia para pobres que un marco de derechos  universales. Frente a eso, su horizonte histórico ha sido abogar por instituciones comunes de amplio espectro que sean capaces de reducir la influencia inequitativa de  las condiciones de origen.

Es por esto que para una izquierda coherente la igualdad debe ocupar un lugar superior a la redistribución dentro de su jerarquía política. La redistribución corrige una distribución desigual de recursos, pero es la universalidad la que actúa sobre las condiciones que, según su ideario, corresponden a todos con independencia de sus  ingresos, su barrio o su trayectoria familiar. Mientras la redistribución modifica resultados, la universalidad modifica la relación entre los ciudadanos y su polis; por eso esta última es lexicográficamente un principio superior. 

Naturalmente, esta prioridad no implica ignorar las consecuencias distributivas. Pero sí significa reconocer que no toda política pública debe evaluarse exclusivamente o en primer lugar por quién recibe proporcionalmente más dinero. Por ejemplo, los  aeropuertos son utilizados con mayor frecuencia por personas de ingresos altos. De esa constatación no se desprende que financiar infraestructura aeroportuaria con recursos generales de la nación sea necesariamente incompatible con una perspectiva igualitaria o de izquierda. Una política de izquierda puede distribuir beneficios de manera desigual y, al mismo tiempo, ampliar capacidades colectivas, conectar territorios, crear empleos o garantizar acceso a un bien que la sociedad considera valioso. Y ello se juega en responder a la pregunta sobre qué igualdad establecería esa política. 

En el caso de las contribuciones, el principio instalado es sencillo: alcanzar cierta edad constituye una condición suficiente para recibir protección frente al impuesto territorial de la vivienda. Para quien posee una casa modesta y vive con una pensión estrecha, que el beneficio alcance también a un propietario rico no elimina el alivio ni reduce necesariamente su legitimidad. Incluso, puede fortalecerla. Los derechos universales suelen ser políticamente resistentes porque sus beneficiarios no se perciben como receptores de una concesión para vulnerables, sino como miembros de una comunidad protegida por una regla común. 

La actual oposición pudo haber reconocido este potencial en el proyecto sobre las contribuciones e ido a disputar su significado. Pudo haber abrazado su universalidad y negociado, a cambio, una política más amplia para las personas mayores que incluyera, por ejemplo, cuidados, salud, transporte, dependencia, acceso a medicamentos o apoyo a mayores de 65 años que arriendan y, por ello, no recibirán la exención. Habría transformado una rebaja de impuestos frente a la cual no  tenía votos para contenerla en la puerta de entrada a una discusión seria sobre el envejecimiento del país.

Pero, eligió otro camino. Convirtió la regresividad de la medida en el centro absoluto del conflicto y encontró en “los ricos” un adversario capaz de ordenar  momentáneamente sus filas dispersas y dolidas tras las derrotas electorales  recientes.  

La izquierda está obteniendo así una victoria corta: recupera un lenguaje conocido, identifica un responsable y produce una diferencia reconocible frente al Gobierno…  pero – en el intertanto – renuncia a disputar el principio universal que legitimaba la política y usarla como palanca para sus propios intereses. 

Esta renuncia, en realidad, viene de antes. Durante los últimos años, una parte de la izquierda reemplazó progresivamente el lenguaje de lo común por el de las diferencias.  La defensa de minorías, identidades y experiencias particulares permitió reconocer  injusticias que habían permanecido invisibles. Ese avance tenía valor propio. El  problema apareció cuando la especificidad dejó de contribuir a una idea general de igualdad y comenzó a sustituirla. Una suma de grupos afectados no constituye por sí sola una mayoría política. A veces ni siquiera constituye una coalición, porque las  preferencias de unas minorías pueden entrar en tensión con las de otras. 

Lo que nunca debe olvidar el progresismo es que necesita acción colectiva porque dispone de menos capital económico y organizacional concentrado que sus adversarios. Su  fuerza histórica ha provenido siempre del número, de la capacidad de convertir  experiencias distintas en una causa común y de ofrecer instituciones que no pregunten primero quién merece pertenecer. Cuando las izquierdas abandonan esa escala, cada semana parece exigir una nueva batalla definitiva relativa a la potencial exclusión de una identidad particular. Se reacciona con rapidez, se identifica un antagonista y se celebra haber contenido el daño. Pero con la misma rigurosa “semanalidad”, se pierde el horizonte. 

La administración anterior ofrece ejemplos variados de esa desorientación. Un  gobierno de izquierda terminó impulsando una extensa agenda legislativa de seguridad, aprobando una solución que permitió la continuidad y el salvataje del sistema privado de salud y celebrando una reforma previsional que incorporó componentes solidarios, pero «apernó» a las administradoras privadas como núcleo central del sistema de pensiones. Cada decisión puede justificarse por separado. Mal  que mal, gobernar obliga a negociar con la realidad. Sin embargo, observadas en  conjunto, muestran una fuerza política que terminó administrando, estabilizando y en  algunos casos celebrando instituciones que había prometido transformar e incluso  erradicar. 

Eso ocurre cuando se confunde sobrevivir a la coyuntura con avanzar en la historia.

LAS VICTORIAS CORTAS DE LAS DERECHAS 

Por otro lado, las derechas enfrentan sus propias contradicciones. Su victoria inmediata es indiscutible. El gobierno aprobó en pocos meses una reforma extensa, concedió un beneficio visible a un electorado donde posee ventajas y convirtió la eliminación de un impuesto en una señal política fácilmente comunicable. Para una derecha que considera que los impuestos deben ser pocos y bajos, el resultado parece enteramente coherente y lo celebra con genuina alegría. Suena razonable y – sin dudas – como un todo la aprobación de la megarreforma es un gran éxito del gobierno. Sin  perjuicio de ello, en el caso particular de la exención de contribuciones para mayores  de 65 años, haber promovido dicho instrumento no es del todo un éxito para su propio ideario político. 

En vez de focalizar el alivio en personas mayores con ingresos insuficientes, la derecha  defendió una regla universal. Al hacerlo, instala una idea que puede sobrevivir largamente a la rebaja tributaria: que sea obligación del Estado chileno expandir protecciones integrales para su población mayor de 65 años. Como Chile envejece, esa demanda sólo va a aumentar en las próximas décadas y, por ende, la presión por un Estado que incremente protecciones de sus adultos mayores frente a las múltiples necesidades de salud, cuidados, vivienda, etcétera, sólo irá en aumento. Pero dado ese  contexto, una sociedad que celebra proteger universalmente a sus mayores frente a las contribuciones tendrá dificultades para sostener después que la dependencia, los  medicamentos o los cuidados son un asunto distinto que pertenecen exclusivamente al ámbito privado y no son parte de derechos universales adquiridos a partir de cierta edad. Qué mejor escenario para una agenda pro Estado de Bienestar Social que haya sucedido que la legitimidad social de medidas universales la haya reforzado un  gobierno de derechas, ¡qué más universal y necesario!, dirá el sagaz líder de turno que  promueva tal agenda, ¡que en este tema izquierdas y derechas, todos, estemos de  acuerdo! 

La derecha ganó una ley pero abrió una pregunta. Responderla en el futuro podría requerir más gasto público, mayor capacidad estatal y, por cierto, nuevos impuestos. Su victoria táctica contiene, por lo tanto, una concesión intelectual considerable al pensamiento que históricamente ha combatido. 

La fragilidad legislativa amplifica el riesgo. La megarreforma avanzó mediante mayorías estrechas y negociaciones con fuerzas situadas fuera del oficialismo. Todo bajo un estilo de negociación hostil que fue eficaz en dividir para conquistar, pero que quebró un tabú. Una norma no escrita. Una de ese tipo de normas que dan continuidad a las instituciones y reducen el riesgo de que suceda aquello a lo que le teme tanto el pensamiento de derechas: que las mayorías circunstanciales caigan en la tentación de una tabula rasa y pretendan cambiar radicalmente el status quo. Esa norma no  escrita, pero que se respiraba en los pasillos y comedores del Senado desde el retorno a la democracía, era que – en estos temas impositivos – las reformas se aprueban con acuerdos amplios para que perduren. 

Se hizo caso omiso de las advertencias. Una política estructural como ésta, aprobada  sin un acuerdo político amplio, va a ser cuestionada antes de entrar plenamente en vigencia. Y lo que hoy se presenta como una conquista histórica será mañana el primer campo de batalla electoral garantizado. Peor aún para los intereses de largo plazo de un pensamiento de derechas: si el 2029 Chile continúa en el camino iniciado el 2010 (algo muy probable), de siempre decirle que no al oficialismo de turno y votar por alguna de las opciones que en ese momento se postule para reemplazarlo, estarán al  alcance de sus adversarios políticos las mayorías circunstanciales para nuevos ejercicios de dividir y conquistar precisamente allí donde el tabú senatorial ya fue roto.  

La búsqueda desenfrenada de victorias políticas inmediatas caracteriza a las élites cortoplacistas. Estas élites carecen del tiempo o, quizá, de la visión necesarios para  aprovechar el poder coyuntural del que disponen y construir las condiciones que les permitan seguir incidiendo cuando hayan perdido en las urnas.

LAS DERROTAS LARGAS

Así, ambos sectores obtuvieron exactamente aquello que necesitaban… por esta semana. El Gobierno consiguió exhibir una ley aprobada y un impuesto eliminado. La oposición consiguió un enemigo reconocible y una denuncia de desigualdad a la que exprimirle todo el jugo. Cada uno ocupó el cuadrante que le ofrecía mayores beneficios inmediatos: la derecha abrazó una política universal con efectos regresivos; la  izquierda rechazó la universalidad para defender la redistribución. 

Ninguno parece haber advertido lo que entregaba a cambio. 

Las batallas políticas se cuentan en votos, indicaciones y titulares. La batalla de las  ideas se mide en principios que la sociedad comienza a considerar naturales. La  izquierda dejó que su adversario se apropiara de la protección universal de las  personas mayores. La derecha legitimó una obligación estatal que difícilmente podrá  limitarse a las contribuciones. Una aprobó aquello que puede debilitar su proyecto  futuro. La otra combatió aquello que podía fortalecer el suyo. 

Las clases políticas obnubiladas por el presente, ávidas de la endorfina de los likes y  las emociones efímeras, perforan con alegría y entusiasmo los escenarios sobre los que se instalan a celebrar sus victorias cortas. Precisamente por eso pueden, más rápido de lo que esperan, verlas convertidas en derrotas largas que simplemente no verán venir.