De las 150 mil personas que jubilaron en 2025, la mitad solo obtuvo una pensión -considerando solo el financiamiento con su propio ahorro y sin aportes del Estado- por debajo de los $86 mil. Así lo indica un nuevo informe de Fundación Sol sobre el sistema de pensiones, elaborado por los economistas Marco Kremerman y Francisca Barriga. En esta entrevista con CIPER, Kremerman comenta sus principales hallazgos. En la actualidad, indica el estudio, el 73,1% de las personas próximas a jubilarse tienen ahorros inferiores a $50 millones y aquellos que cotizaron entre 35 y 40 años pudieron acceder a una jubilación de unos $290 mil.

Los datos muestran una realidad precaria. En 2025 se jubilaron 150 mil personas. Considerando solo el financiamiento con sus propios ahorros previsionales —es decir, sin incluir subsidios del Estado—, la mitad de ellas obtuvo una pensión por debajo de los $86 mil. Hoy, una persona con $100 millones ahorrados en su AFP no alcanza a obtener una pensión autofinanciada equivalente al sueldo mínimo vigente en diciembre pasado ($529 mil). Para la mitad de las personas que se jubilaron entre 2015 y 2022, la tasa de retorno sobre sus ingresos no superó el 17%. Esto es lo que muestra el estudio Pensiones sin Seguridad Social: ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile?, que publicaron los economistas Marco Kremerman y Francisca Barriga, de la Fundación SOL (vea acá el informe de la Fundación SOL).

De acuerdo con esta investigación, un hombre de 65 años, con cónyuge de 62 años y un ahorro de $100 millones, obtiene una pensión de $465.851 al mes en la modalidad de retiro programado, o de $439.047 en renta vitalicia. En el caso de una mujer de 60 años con un cónyuge de 63 años y el mismo monto de ahorro, la pensión es de $412.387 en retiro programado o de $385.541 en renta vitalicia.

El documento de Kremerman y Barriga resalta —también— que las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones registran que el 73,1 % de los hombres de entre 60 y 64 años posee un ahorro por debajo de los $50 millones. Y esa cifra escala al 85,5% en las mujeres de entre 55 y 59 años.

Por otra parte, quienes registraron cotizaciones durante 35 a 40 años obtuvieron una jubilación con una mediana de $290 mil, monto que equivale al 55% del sueldo mínimo de $529 mil vigente en diciembre de 2025. 

Pese a este escenario, quienes defienden el modelo de capitalización individual (representados por la Asociación de AFP y centros de estudios liberales, por ejemplo) argumentan que las deficiencias en los montos de las pensiones no se deben a la gestión de las administradoras, sino a factores externos —del mercado laboral— y a desajustes en los parámetros del sistema. Por ello, la Asociación de AFP ha propuesto en los últimos años aumentar la tasa de cotización, así como elevar y equiparar la edad de jubilación (ver enlace).

Este debate —cuyas cifras son reales y están registradas en la Superintendencia de Pensiones— ocurre en medio del envejecimiento poblacional del país. De hecho, según la base estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población en Chile alcanzará un máximo de 20,5 millones de personas en 2040, cuando unos 4,4 millones de ciudadanos serán mayores de 65 años. La esperanza de vida promedio para ambos sexos alcanzará los 83 años en ese momento (para interiorizarse en el debate, revise la columna “Una aproximación filosófica a la defensa técnica del modelo de AFP: idealización, financiarización y verdad” y nuestros principales reportajes del Archivo AFP de CIPER).

Créditos: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

"UNA UTOPÍA"

En este marco, uno de los autores del estudio de la Fundación Sol, el economista de la Universidad Católica, Marco Kremerman, señaló en una entrevista a CIPER que la situación actual conducirá a una crisis previsional en diez a quince años. Además, indica que no bastará en el futuro con introducir cambios en la edad de jubilación o en el monto de cotización, pues, a su juicio, el problema está en el diseño del sistema.

– Más allá de las cifras, ¿cuál es el principal resultado del estudio?

– La conclusión central es que la forma como se calculan las pensiones que obtienen las personas al momento de cumplir la edad legal para pensionarse es algo muy intrincado, muy difícil de comprender, porque no es un beneficio definido, sino que es un valor que va cambiando, dependiendo de las condiciones financieras. Al mismo tiempo, otra conclusión muy contundente es que el sistema de cuentas individuales, como lo conocemos, es una utopía. Básicamente, porque nadie, o muy pocas personas, puede obtener una pensión que esté en relación con el salario que ganaba cuando trabajaba activamente, de manera remunerada.

– En ese contexto, ¿qué cifras o situaciones son socialmente más preocupantes?

– Que son muy pocas las personas a punto de jubilarse que logran acumular un ahorro que les permita financiar una pensión que se aproxime al salario mínimo. Hoy, solo el 11,9% de los hombres a punto de jubilarse acumulan $100 millones o más en ahorros previsionales. Y solo el 5% de las mujeres que están a punto de pensionarse. 

¿Para qué alcanzan estos $100 millones en ahorro previsional? De acuerdo con las condiciones de mercado de hoy, alcanza, en el caso de los hombres, para financiar una pensión que llega a lo sumo a $450 mil, y en el caso de las mujeres, en promedio, a los $400 mil.

– En esa línea, ¿qué implica el dato que muestra su estudio, acerca de que la mitad de las 150 mil personas que jubilaron en 2025 solo pudieron autofinanciarse una pensión menor a $86 mil? 

– En primer lugar, ese es un dato solicitado por la Ley de Transparencia a la Superintendencia de Pensiones. Y lo que dice es que de las nuevas personas que se jubilaron el año pasado, que fueron un poquito más de 150 mil, la mitad pudo autofinanciar una pensión de $86 mil o menos. Entonces, aquí podemos obtener dos conclusiones centrales. Primero, el sistema de cuentas individuales, que es el reflejo de una pensión autofinanciada, no permite hacerlo adecuadamente para la mayoría del país. Otro dato muestra que aquellas personas que se jubilaron el año pasado y que cotizaron casi 40 años obtuvieron una tasa de reemplazo de solo 29%. Para sintetizarlo en términos bien gráficos, si el salario promedio de estas personas era de un millón de pesos en los últimos 10 años, se jubilaron con menos de $290 mil. 

Segundo, en la práctica, este sistema por completo privatizado funciona principalmente con subsidios del Estado. O sea, opera como un sistema de reparto encubierto. En la práctica, de 100 pesos que se gastan en pensiones o en beneficios previsionales en Chile, 86,87 pesos los coloca el Estado y 13 pesos los colocan las AFP y las compañías de seguros. 

Es decir, a las AFP les ingresan cada año US$13.000 millones por cotizaciones y comisiones, pero el Estado cada vez debe aumentar más el gasto público para complementar esas bajísimas pensiones que se pagan. Es una gran contradicción, que es una bomba de tiempo, porque cada año se va a requerir más aporte estatal no para aumentar las pensiones, sino para mantener el poder adquisitivo de las pensiones que se están pagando en la actualidad.

Marco Kremerman, economista e investigador de Fundación Sol (Créditos: Fundación Sol).

"UN SISTEMA DE REPARTO ENCUBIERTO"

– ¿Qué va a significar en el futuro esta situación para el Estado chileno? ¿Hay forma de cuantificarlo?

Solo por un crecimiento vegetativo de la población que irá pensionándose, el Estado va a tener que colocar cada vez más dinero si queremos mantener el financiamiento comprometido por ley a través de la PGU. Ese gasto público, que hoy día está en torno al 2% del PIB, va a ir creciendo. Para 2050, se va a requerir un gasto público que llegará a 7 o 7,2% del PIB. Entonces, tenemos un gran problema en ciernes, porque ese escenario al mismo tiempo se complementa con una caída libre en la tasa de rentabilidad que las AFP consiguen para los fondos que administran.

En cifras, en la década de 1980 la rentabilidad real era del 12% en promedio anual, cuando se creó el sistema. Ya en los años 1990 bajó a un poco menos del 10% promedio anual en términos reales. Ahora bien, en la primera década de este siglo se redujo a 5,7%, mientras que en la década de 2010 retrocedió a 4,8%. En los seis años de la actual década suma un 0,2%.

– Ustedes han planteado que una solución podría ser un sistema de reparto. ¿Cómo operaría eso?

– Sí, existe una propuesta que nosotros hemos ayudado a construir. Incluso, la hemos evaluado actuarialmente, vale decir, proyectando las distintas variables posibles para el año 2100, considerando, por ejemplo, el cambio demográfico, el aumento del número de pensionados y la disminución de cotizantes.

– Pero, ¿es viable realmente?

– Se han ridiculizado los sistemas de reparto para crear la idea de que la única opción son las cuentas individuales. Pero, en el mundo lo que existe son sistemas que ocupan gran parte de la cotización para pagar pensiones, pero dejan un ahorro y ese ahorro se llama fondo de reservas técnicas o fondo de sustentabilidad social. Ese ahorro justamente sirve para enfrentar los cambios demográficos, económicos o de productividad que se produzcan en el futuro. Y, por tanto, esto permite que las garantías y el beneficio definido sean elementos consustanciales en un sistema de reparto. Vale decir, que haya una certeza de que las personas puedan decir “si yo cotizo 30 años, voy a obtener X porcentaje de lo que yo ganaba”.

Tampoco es correcta esta idea de que en un sistema de reparto el que cotiza mucho tiene que subsidiar al que no cotizó nada y esta lógica de que, supuestamente, el que no trabajó se lleva una pensión sin hacer nada, de manera gratuita.

Entonces, esta lógica de sistemas de reparto con reservas técnicas es moderna, porque se hace cargo de los desafíos que cualquier sistema de pensiones enfrenta con los cambios demográficos. Nadie puede desconocer esa realidad, pero establece beneficios definidos y da ciertas certezas y un derecho a la pensión. Y, con los valores que existen en Chile actualmente, se podrían mejorar las pensiones mucho más de lo que se paga actualmente, incluidas la PGU y los subsidios del Estado. 

– Pero, como algunos advierten, la vigencia de un sistema de reparto obligaría a reducir el apoyo de las AFP al mercado de capitales y las empresas.

– Nadie desconoce que se requiere un mercado de capitales donde haya financiamiento para que existan buenos créditos hipotecarios, para que las empresas puedan financiarse. En otros países existen mercados de capitales profundos y robustos, pero no a costa de quienes menos ganan, que son las trabajadoras y los trabajadores.

– ¿Cómo nos haríamos cargo, como sociedad, de ese mercado de capitales profundo sin el fondo de pensiones?  ¿Cómo sería esa salida?

– A ver, en primer lugar, hay un tema cultural vinculado a que las grandes empresas en Chile se acostumbraron a financiarse principalmente con los fondos de las AFP. Vale decir, las acciones o los bonos que emiten, en muchos casos, son comprados por las AFP, pero eso no ocurre en otros países.

Por cierto, hay que buscar un mecanismo distinto para el mercado de capitales. Chile es un país que atrae bastante inversión extranjera directa y que tiene uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, por lo tanto, perfectamente puede generar dinamismo de mucho dinero y mucho financiamiento. Además, los fondos de reserva técnica de un sistema de seguridad social con lógica de reparto también tienen que invertir los recursos. Y es muy importante que esos recursos ojalá puedan ser invertidos principalmente en Chile. 

Hoy, cerca del 55% de los fondos que invierten las AFP [al cierre de julio de este año, la Superintendencia de Pensiones calculó que los ahorros previsionales administrados por las AFP totalizaron $239.310 millones] están en el extranjero. Entonces, un fondo de reservas técnicas que va a tener una cantidad de dinero que no es menor, sobre todo los primeros 15 o 20 años, también va a tener que invertir esos fondos en instrumentos financieros, ojalá con criterios más completos, más integrales, considerando la contaminación del medio ambiente, las prácticas antisindicales o las normas de la OCDE.

Entonces, hay elementos para apalancar lo que en una primera instancia podría ser una recomposición del mercado de capitales, para que dependa menos de los sectores medios más pobres, y dependa más de quienes obtienen principalmente financiamiento, que son los sectores de mayor riqueza en Chile.