Señor director:

Un reciente reportaje en prensa sobre las condiciones de atención de pacientes con enfermedad mental privados de libertad —como ocurre en la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak— retrata un problema que conocemos hace tiempo y seguimos sin resolver. A la enfermedad mental grave se suma la privación de libertad: la vulnerabilidad se duplica, y eso debiera traducirse en más protección, no menos.

No carecemos de marco normativo: participamos en el desarrollo inicial de la Ley N° 21.331 sobre derechos en salud mental, y contamos con el estándar de la Ley N° 20.584, que consagra para todos el trato digno y la seguridad en la atención. Pero la ley integral de salud mental lleva dos años estancada en el Congreso, sin que el gobierno le dé el impulso necesario.

Hay además tensión real entre la libertad personal y el riesgo que, para terceros, puede suponer la condición de algunos pacientes. Los imputables reciben salud vía Gendarmería, dependiente de Justicia, con recursos escasos. Las Reglas Mandela plantean que sea Salud quien garantice atención equivalente a la de la comunidad, evitando traslados que en la práctica son la principal barrera de acceso. Para los inimputables hay consenso en la psiquiatría forense, fuera del circuito penitenciario. Ambos circuitos comparten la misma carencia: faltan recursos, y buena parte de los cuadros graves queda sin diagnóstico ni tratamiento.

Sin financiamiento, la ley es letra muerta. Chile tiene solo tres tipos de dispositivos forenses y una sola unidad de alta complejidad, en Putaendo, muy por debajo de la demanda.

Hay mínimos que ninguna sociedad debería negociar. Ojalá el gobierno active y el Congreso despache la ley integral de salud mental, con financiamiento real en ambos circuitos, para que estas personas sean tratadas, por fin, como lo que son.