El autor de esta columna cuestiona la extensión hasta 2040 del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública anunciado por el gobierno, y advierte que mantener la educación municipalizada, pese a sus problemas históricos de gestión, financiamiento y resultados, terminará debilitando la educación pública y favoreciendo su privatización.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

El gobierno insiste en el pronto trámite del proyecto que ajusta el cronograma de traspaso y puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública, extendiéndolo hasta el año 2040 para aquellos que están pendiente y, paralelamente, facilitando que los municipios sigan a cargo de esta función.

Se trata de una promesa de campaña del gobierno cuyo cumplimiento no debiera sorprende a nadie. Tampoco debería asombrarnos que no haya argumentos relevantes que apoyen esta medida desde el Gobierno (la experiencia de la Reforma Tributaria avala esta premisa), cuyas bases residen -estimamos- en lo más profundo de la ideología de la derecha que actualmente gobierna: desmontar el aparato público y privatizar las tareas del Estado, entre ellas la educacional, sin que medie razón sustantiva sobre la pertinencia de esta medida para áreas estratégicas.

Como se sabe, la reforma de la educación pública fue aprobada entonces (2017) por una importante mayoría parlamentaria que parece hoy haber cambiado en sus propios intereses, pese a que el sentido y objetivos de la educación pública siguen siendo los mismos.

Esta reforma, entre otras cosas, traspasa gradualmente los establecimientos educacionales desde la tutela municipal a la de los nuevos Servicios Locales de Educación, inicialmente desde el año 2018, con un cronograma de 8 años, extendido en la pandemia a12 y que ahora se busca que sea de 22 años.

No se conoce de reformas exitosas en ámbitos públicos de distinta naturaleza en diversas latitudes que se prolonguen tanto en el tiempo, es decir, este nuevo cronograma provocará su estancamiento y luego su extinción o muerte lenta, o en el mejor de los casos una sobrevida en “estado vegetativo para los actuales SLEP.

Adicionalmente, la reforma de la educación pública de 2017 estuvo por largo tiempo en amplia discusión en el parlamento, y se apoyó en múltiples estudios de diversas fuentes de datos y de experiencias nacionales e internacionales, incluyendo 35 años de magros resultados y problemas indisolubles de la educación municipalizada en nuestro país.

Es más, sería suficiente como argumento para rebatir esta nueva propuesta, revisar los resultados SIMCE de estos últimos años que han evidenciado crecientemente que los logros de aprendizajes de los estudiantes de los SLEP son superiores a los de los municipios.

A la fecha ya tenemos 45 años de educación municipalizada, los que en términos generales son suficientes para entender que ha sido un fracaso muy caro para Chile, esencialmente por el no logro de aprendizajes de los estudiantes en su tiempo debido (véase por ejemplo resultados PISA).

Es difícil sostener, más allá del ideologismo conservador extremo, que la educación municipal debe continuar en el tiempo, cuando además -extrañamente- en muchas de las comunas del sector económicamente más pudiente del país, que reclaman que no quieren desprenderse de sus establecimientos, éstos no atienden estudiantes que habitan regularmente en sus territorios, vienen de otras comunas. Cuesta entender así, bajo qué argumento de calidad de la educación se sostiene que un sistema tan “poroso” con tantos problemas de gestión y de calidad como el municipal siga adelante.

Si bien los SLEP tienen problemas de diversas naturaleza, sumados algunos del gobierno anterior que no les atendió debidamente y que fueron detectados por un Comité Técnico que se ha encargado sistemáticamente de evaluarles año a año, en contraposición a ello, la educación municipal acusa históricamente problemas de manejo de recursos financieros incluyendo deudas previsionales enormes con sus funcionarios, rotación permanente de autoridades sin otra razón que afinidades con la autoridad municipal, pérdida de matrícula (más del 55% de sus estudiantes desde su creación) y de bajos resultados educativos y tantos otros que se han documentado y que no no se debiesen ocultar en pro de la privatización.

Más allá de esta situación, hay una cuestión vital de construcción de una impronta nacional que está en medio de este debate. La privatización creciente y el traspaso casi definitivo de esta función intermediada por el sector privado, implica que el Estado y por ende el país se desprende de la responsabilidad de formar a sus ciudadanos, traspasándose a los privados este compromiso, cuestión más que crítica ya que el Estado se desliga de una tarea políticamente vital en muchos aspectos, incluso desde la óptica de la seguridad nacional.

En lo operativo y de gestión de un sistema educativo nacional, es altamente inconducente para toda visión de eficiencia, tener dos sistemas de educación pública que tienen la misma finalidad, de tamaño muy similar, operando con criterios de organización y de financiamiento diferentes. No solo es altamente “creativa esta opción” sino que su sentido se contradice con su finalidad: es insostenible e inconducente en el mediano plazo, y solo provocará deterioro irreversible de la calidad de la educación de muchos niños y jóvenes.

En este año 2026 los Servicios Locales experimentaron una importante reducción presupuestaria en materias críticas, entre otras en infraestructura. Al tenor de la megarreforma recientemente aprobada, es claro que vendrán -sí o sí- en los años venideros más recortes financieros importantes que ponen en resigo su viabilidad.

Lo que pareciera evidente es que, de aprobarse esta reforma, estamos presenciando la “crónica de la muerte anunciada de la educación pública chilena”.