El autor de esta columna argumenta que la Resolución Exenta N° 2.5632 buscó corregir una limitación del sistema al permitir que pescadores artesanales ya registrados declararan capturas que antes quedaba fuera de los registros oficiales, fortaleciendo la gestión y la sustentabilidad del sistema. Sostiene que “los pescadores artesanales no necesitan que nadie les abra una ventana. Han construido durante generaciones su lugar e identidad a lo largo de nuestro país. El Congreso Nacional aprobó, con amplio respaldo transversal, un nuevo fraccionamiento pesquero que fortaleció la participación del sector artesanal. El desafío ahora es transformar esa decisión en una administración pesquera moderna, capaz de gestionar la realidad sobre la base de información, transparencia y buena gobernanza”.

Hay frases que, por repetirse una y otra vez, terminan convirtiéndose en verdades aparentes. Una de ellas es afirmar que los pescadores artesanales beneficiados por la Resolución Exenta N° 2.563 «entraron por la ventana». La expresión es potente e injusta.

No se trata de nuevos pescadores. Se trataba de pescadores artesanales que ya integran el Registro Pesquero Artesanal, el instrumento mediante el cual el Estado administra quiénes pueden desarrollar legalmente la actividad pesquera en Chile. La medida no incorporó nuevos actores; permitió por una única vez y bajo requisitos estrictos, quienes ya formaban parte del sistema pudieran desarrollar legalmente su actividad sobre determinadas especies, haciendo efectiva la implementación de la Ley N° 21.752 (Nuevo Fraccionamiento Pesquero).

De poco sirve aumentar la participación de la pesca artesanal en las cuotas si, al mismo tiempo, quienes deben aprovechar ese incremento no cuentan con las herramientas para hacerlo realidad. Una cuota que no puede capturarse es una cuota que solo existe en el papel.

Durante años hemos hablado de avanzar hacia un enfoque ecosistémico de la pesca. Ello supone comprender que la sustentabilidad no depende únicamente de administrar cada especie por separado, sino también de fortalecer una pesca artesanal diversa, resiliente y capaz de adaptarse a la variabilidad del océano. Diversificar no significa aumentar el esfuerzo pesquero; significa distribuirlo mejor.

Para miles de pescadores artesanales contar con una canasta más amplia de recursos permite reducir la dependencia de una sola especie, enfrentar mejor las variaciones ambientales y abastecer el consumo humano mediante artes de pesca selectivas y de bajo impacto. Ese es el sentido de una administración pesquera moderna.

Pero existe un aspecto aún más importante: lo que no se puede declarar, el Estado tampoco lo puede administrar

La administración pesquera no consiste únicamente en administrar autorizaciones; consiste, sobre todo, en administrar información de calidad para tomar mejores decisiones. Cuando una parte de la actividad permanece fuera de los registros, el problema no desaparece; simplemente deja de ser visible para quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo.

Si un pescador artesanal no tiene inscritas especies históricas como el jurel, la jibia, la reineta o determinadas merluzas, que eventualmente son capturadas durante sus faenas de pesca, el sistema termina actuando como si esas capturas no existieran. No ingresan a las estadísticas, no fortalecen la información científica y no forman parte de las decisiones de manejo.

Sin embargo, el problema no es solo estadístico. Cuando la normativa impide declarar una captura que efectivamente ocurre, también limita la transparencia de la actividad y dificulta el combate contra la pesca no declarada. No porque los pescadores quieran actuar fuera de la ley, sino porque el sistema corre el riesgo de administrar una realidad incompleta.

Permitir que esas capturas puedan declararse, registrarse, fiscalizarse e incorporarse a la información oficial fortalece la trazabilidad, mejora la información científica y entrega mejores herramientas para la conservación y el manejo sustentable de los recursos. Una buena administración no consiste en prohibir u omitir aquello que no logra registrar; consiste en registrar correctamente aquello que necesita administrar.

Por esta razón, es relevante recordar con precisión lo que resolvió la Contraloría, cuya observación recayó sobre el procedimiento utilizado para dictar la resolución, al estimar que previamente debían consultarse los órganos de gobernanza previstos en la legislación pesquera. Esa observación debe respetarse, porque así funciona un Estado de Derecho. Pero una cosa es corregir un procedimiento administrativo y otra muy distinta es sostener que el propósito de la medida era ilegítimo o que los pescadores artesanales actuaron indebidamente. El propio pronunciamiento concentró su análisis en la forma y no acogió las objeciones de fondo formuladas por quienes solicitaron el pronunciamiento. Precisamente por ello, correspondía a la autoridad administrativa conducir el procedimiento de regularización, consultando a los órganos de gobernanza previstos por la ley y adoptando una decisión fundada, ponderando el interés general comprometido en la implementación del nuevo fraccionamiento pesquero.

Lo que no corresponde es transformar una discusión sobre procedimientos en un juicio sobre miles de pescadores artesanales que han trabajado toda su vida dentro del sistema y que solo aspiraban a que la implementación de una ley también pudiera convertirse en una oportunidad real para ellos.

Los pescadores artesanales no necesitan que nadie les abra una ventana. Han construido durante generaciones su lugar e identidad a lo largo de nuestro país. El Congreso Nacional aprobó, con amplio respaldo transversal, un nuevo fraccionamiento pesquero que fortaleció la participación del sector artesanal. El desafío ahora es transformar esa decisión en una administración pesquera moderna, capaz de gestionar la realidad sobre la base de información, transparencia y buena gobernanza. Porque un Estado moderno no administra lo que supone; administra lo que conoce. Y para conocer la realidad, primero debe ser capaz de reconocerla.