La Corte de Apelaciones de Santiago sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total para el exdiputado UDI Joaquín Lavín León, quien la tarde de este jueves salió del anexo Capitán Yáber. Lavín permaneció 90 días en prisión preventiva.

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga a Lavín por presuntos delitos electorales, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias y fraude al fisco por un monto superior a $200 millones.

Joaquín Lavín saliendo del Anexo Capitán Yáber (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

Un grupo de parlamentarios de derecha presentó un proyecto de ley que busca suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin, con el objetivo de “rediseñar legislativamente la normativa”. Según explicó su principal promotor, el diputado libertario Eric Grohs, el periodo permitiría corregir su diseño, capacitar al personal de la Dirección del Trabajo (DT) y asegurar que cada denuncia reciba una atención seria y oportuna. Los otros firmantes son Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del PNL; Diego Vergara, del Partido Republicano, y Daniel Valenzuela (independiente-RN).

La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, tanto en el sector público como privado. La norma obliga a empleadores y organismos públicos a elaborar protocolos de prevención y procedimientos de investigación. Según un informe de la Dirección del Trabajo, entre la entrada en vigencia de la ley y diciembre de 2025 se registraron 66.596 ingresos asociados a la normativa. De ellos, 26.862 fueron preclasificados como casos de Ley Karin, mientras 29.382 fueron descartados por distintos motivos y otros 10.352 permanecían en proceso de preclasificación. Los promotores del proyecto sostienen que el volumen de casos ha sobrecargado a la DT y provocado retrasos en la resolución de las denuncias.

Valenzuela señaló que “la ley Karin sí o sí va a tener que tener alguna modificación. Hoy los tribunales laborales, las inspecciones del trabajo están sobrecargadas y copadas porque el objetivo principal de la ley era ver que no existiera bullying, abusos laborales. Lamentablemente, esto se prestó para otra cosa (…). Tenemos que tener una ley robusta, que defienda a los trabajadores, pero que no termine en un abuso”.

El diputado Erich Grohs es el principal promotor de la norma (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

La Fiscalía Regional de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso informó esta jornada que inició una investigación por un eventual episodio de violencia intrafamiliar entre el senador PS Fidel Espinoza y su pareja, ocurrido en un departamento del sector Nueva Aurora, en Valparaíso.

El fiscal Mauricio Díaz, según publicó Emol, informó que el hecho que dio origen a la investigación ocurrió la noche del miércoles, cuando una de las personas involucradas solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, señalando haber sido agredida. Sin individualizar a los involucrados, Díaz indicó que “al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies, y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra actos de agresión, y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”.

El senador Espinoza señaló en un comunicado que lo ocurrido corresponde a una “situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado”. Agregó que “no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

La directiva del Partido Socialista envió los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad “para que investigue y adopte las medidas pertinentes”.

El caso del senador Espinoza fue pasado al Tribunal Supremo del Partido Socialista (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) lanzaron “Sin Fachadas”, una plataforma online que permite a los ciudadanos y las municipalidades entregar antecedentes sobre establecimientos comerciales donde existan sospechas de la comisión de ilícitos. La iniciativa se basa en datos de un estudio del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, según el cual el 68,8% de los consultados afirmó haber observado en sus barrios establecimientos que podrían estar vulnerando la ley.

El director del SII, Jorge Trujillo, señaló que “se trata de una nueva herramienta, adicional y potente, para el combate en contra de quienes realizan acciones delictivas que defraudan el sistema tributario y perjudican al comercio formal. Los negocios inexistentes o de fachada solo buscan disimular operaciones del crimen organizado”.

La plataforma permite realizar la denuncia de forma anónima, entregando datos generales del establecimiento comercial y un detalle de los hechos denunciados.

Pueden denunciar municipalidades y personas naturales (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)