El autor de esta columna examina los datos del último informe de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria y advierte el crítico contraste de Chile: mientras la desnutrición está prácticamente erradicada, el encarecimiento de los alimentos saludables empuja a más de 7 millones de personas a dietas de mala calidad, disparando los índices de obesidad y el gasto en salud pública. Concluye que «la respuesta no es un programa contra el hambre, que ya no es el problema. Es una política de precios y acceso a los alimentos saludables: monitorear sistemáticamente el costo y la asequibilidad de la canasta sana, generar sistemas alimentarios más resilientes a los efectos del cambio climático, proteger a los hogares vulnerables frente a los shocks de precios, y llenar el vacío de datos sobre la dieta de mujeres y niños».

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

Cada año, cinco agencias de Naciones Unidas, la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la OMS, publican El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI, por su sigla en inglés), la radiografía más completa que existe sobre hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en el planeta. La edición 2026, publicada este el pasado 21 de julio, trae una noticia moderadamente buena y una advertencia incómoda. La buena: el hambre en el mundo bajó por tercer año consecutivo. La incómoda es que el problema se trasladó a la disminución del acceso a alimentos nutritivos.

EL PANORAMA MUNDIAL: MENOS HAMBRE, PERO COMER SANO SIGUE FUERA DE ALCANCE

Las cifras globales de 2025 muestran un avance lento pero sostenido. El hambre, medida como subalimentación, afectó al 7,8% de la población mundial, unos 645 millones de personas, por debajo del 8,1% de 2024 y del 8,6% de 2022. Sin embargo, cuando se mira un indicador más exigente, la inseguridad alimentaria moderada o severa, que capta no solo el hambre extrema sino también a quienes deben sacrificar la calidad o la cantidad de lo que comen, el número salta a 2.100 millones de personas: el 25,8% de la humanidad.

La brecha entre ambas cifras es el corazón del informe de este año, dedicado al costo de una dieta saludable. Y el dato es contundente: cerca de 2.700 millones de personas en el mundo no pueden costear una alimentación saludable. Comer para no morir de hambre es una cosa; comer bien es otra, cada vez más cara.

El informe agrega tres señales de alerta que atraviesan el planeta y coinciden con los datos de Chile con una precisión inquietante. Primero, la desigualdad de género: las mujeres siguen más afectadas que los hombres, aunque la brecha se estrechó levemente en 2025. Segundo, la obesidad adulta sigue subiendo sin freno, del 12,1% en 2012 al 16,2% en 2024, en dirección contraria a la meta mundial. Y tercero, la anemia en mujeres en edad fértil empeora.

CHILE EN EL ESPEJO: SIN HAMBRE, PERO CON EL ACCESO EN RETROCESO

Chile aparece en el SOFI 2026 como un caso casi de laboratorio de la nueva forma del problema. La subalimentación (el hambre en su sentido clásico) es estadísticamente inexistente: menos del 2,5% de la población, uno de los mejores registros de la región. La desnutrición crónica infantil está prácticamente erradicada (1,7% de los niños menores de cinco años), el gran logro histórico de nuestra política alimentaria.

Pero debajo de esos buenos números, el informe dibuja otra realidad. La inseguridad alimentaria moderada o severa en Chile subió de 10,8% en 2014–16 a 16,0% en 2023–25: hoy son 3,2 millones de personas las que, en algún momento del año, deben resignar calidad o cantidad de alimentos por falta de recursos. No es una anomalía chilena, sino parte de un deterioro regional: la inseguridad subió en casi toda Sudamérica.

El indicador estrella del informe de este año confirma el mecanismo detrás de esa alza: el costo de una dieta saludable en Chile pasó de 3,38 a 5,65 dólares PPA por persona al día entre 2017 y 2025, un alza del 67%. Con ello, Chile tiene hoy la dieta saludable más cara de Sudamérica continental, por sobre Brasil, Colombia e incluso Bolivia.

La consecuencia es directa: el 36,8% de la población chilena (7,3 millones de personas) no puede costear una dieta saludable según la metodología de la FAO. Para un país de ingreso alto, miembro de la OCDE, es una anomalía: quedamos peor que Brasil, Paraguay, Ecuador y Perú.

Y en el otro extremo de la malnutrición, el mismo informe registra que la obesidad adulta en Chile llegó al 40,5% en 2024 (6,3 millones de personas), la más alta de Sudamérica. No es una contradicción: es el reverso exacto del mismo problema. Cuando la dieta saludable se encarece más rápido que los ingresos de la mitad más vulnerable de la población, la sustitución se dirige hacia calorías baratas, densas en energía y pobres en nutrientes. La inseguridad alimentaria y la obesidad suben juntas, no por casualidad.

Esa obesidad tiene un precio, y no solo sanitario. Las estimaciones disponibles, aunque utilizan metodologías distintas, apuntan todas en la misma dirección: la Unidad de Inteligencia de The Economist calculó que la obesidad en adultos le costó a Chile unos 3.600 millones de dólares en 2020, equivalentes al 1,49% del PIB y al 16,13% del gasto sanitario nacional. La mayor parte de ese costo se explica por el tratamiento de enfermedades asociadas, entre ellas la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Otro estudio, elaborado por investigadores vinculados a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, estimó que el costo económico de la obesidad en Chile alcanzaría, en promedio, 1,4 billones de pesos anuales durante el período 2010-2030, al considerar sus efectos sanitarios y sociales.

Y esas estimaciones fueron realizadas en un contexto en que la obesidad ya constituía un problema de enormes proporciones. Las cifras más recientes sugieren que la situación no ha mejorado: Chile mantiene niveles extraordinariamente altos de malnutrición por exceso entre su población adulta. La factura, por tanto, probablemente también ha crecido. Es el reverso fiscal del mismo problema: cuando comer sano se vuelve caro y difícil, el Estado termina pagando por el otro extremo de la mesa.

LAS QUE PEOR LO PASAN: MUJERES Y NIÑOS

El informe permite mirar dónde se concentra el daño. La brecha de género que describe la FAO a nivel mundial también existe en Chile: entre 2022 y 2024, la inseguridad alimentaria alcanzó al 20,3% de las mujeres frente al 18,2% de los hombres. El propio Instituto Nacional de Estadísticas, en sus Indicadores de Género 2024, reportó que un 19,3% de las mujeres chilenas vivió inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023. Y una investigación de la Universidad San Sebastián, con datos de la CASEN, encontró que los hogares con jefatura femenina tienen un 16,2% de inseguridad alimentaria moderada o severa, frente al 10,9% de los encabezados por hombres: la brecha se dispara en hogares de mujeres solas, con niños o personas mayores a cargo.

A esa señal se suma otra, más silenciosa: la anemia en mujeres de 15 a 49 años en Chile aumentó del 9,6% en 2012 al 15,7% en 2023, duplicándose. Es, junto con un leve deterioro del bajo peso al nacer, el único indicador nutricional “de déficit” que empeora en el país, y afecta justamente a mujeres en edad fértil y a recién nacidos. Todo lo demás que se deteriora en Chile es por exceso (obesidad) o por acceso (inseguridad y asequibilidad); esto es lo único que retrocede por carencia, y golpea al eslabón materno-infantil. Cabe una crítica que el propio informe hace evidente: de los indicadores de dieta de mujeres y niños, Chile no reporta varios —diversidad dietaria mínima en mujeres y en niños, lactancia materna exclusiva—, mientras países con menor capacidad estadística sí lo hacen. No solo tenemos un problema de acceso: tenemos un vacío de monitoreo sobre la calidad de la dieta de quienes están más expuestos.

LA CANASTA BÁSICA Y EL IPC DE ALIMENTOS

Nada de esto debería sorprendernos, porque lo veníamos viendo en los datos nacionales. El salto del costo de la dieta saludable en Chile no fue gradual: se concentró entre 2022 y 2023, cuando subió un 17% en un solo año. Es exactamente el mismo quiebre que muestran nuestras propias series: el IPC de alimentos corriendo sistemáticamente por sobre la inflación general, y el costo de la Canasta Básica de Alimentos empujado por el mismo shock de precios que golpeó primero a los hogares de menores ingresos.

En el Observatorio de Seguridad Alimentaria de Chile se ha documentado que ese encarecimiento se transmite de forma regresiva. Cuando se analiza el efecto del alza de combustibles de 2026 sobre los precios de los alimentos, encontramos que los hogares del primer quintil están más expuestos. El SOFI 2026 pone número internacional a ese mecanismo: el costo de comer sano subió, y quienes primero quedan fuera son los mismos de siempre. Es por eso que se construyó el Índice de Vulnerabilidad de la Canasta Básica Alimentaria (IV-CBA), que busca revisar la exposición producto por producto de la canasta a shocks climáticos, al fenómeno de El Niño y a los costos logísticos y de combustible. El informe de la ONU valida, desde arriba, lo que ese índice busca anticipar desde abajo.

DEL HAMBRE AL ACCESO

El mérito del SOFI 2026 es correr el eje del debate. Durante décadas medimos el éxito de la política alimentaria por la ausencia de hambre, y por esa vara Chile aprueba con holgura. Pero si la vara es la capacidad de las familias de acceder a una dieta saludable, el país reprueba: 7,3 millones de personas no pueden pagarla, la brecha golpea más fuerte a las mujeres, y la factura se paga en presupuesto de Salud.

La respuesta no es un programa contra el hambre, que ya no es el problema. Es una política de precios y acceso a los alimentos saludables: monitorear sistemáticamente el costo y la asequibilidad de la canasta sana, generar sistemas alimentarios más resilientes a los efectos del cambio climático, proteger a los hogares vulnerables frente a los shocks de precios, y llenar el vacío de datos sobre la dieta de mujeres y niños.

Chile puede alimentar a su población. Falta responder si puede alimentarla bien.