El autor de esta columna rebate la tesis de Axel Kaiser según la cual el Estado es el principal responsable del alto costo de la vida. Dice que la evidencia muestra que el problema no es la intervención estatal en sí, sino la calidad de las instituciones, la regulación y las políticas públicas. Sostiene que decir que «el costo de la vida lo crea esencialmente el Estado es, sencillamente, falso. Lo crea un Estado mal diseñado, o su ausencia. La discusión seria, la que dan los economistas de verdad, no es si queremos más Estado o menos, sino cómo construir uno mejor: capaz de corregir externalidades, de habilitar al sector privado y de conducirnos al desarrollo».

Imagen de portada: José Humberto Campos/ Agencia Uno

Leí con atención la columna de Axel Kaiser, «Por qué (casi) todo es caro«. Revisé sus datos y, en lo esencial, casi todos son correctos. El problema no está en las cifras, sino en lo que hace con ellas: a partir de un solo gráfico —el del economista Mark Perry— construye una teoría general que no resiste el análisis. Confundir una correlación con una ley causal es, precisamente, el error que un economista aprende a no cometer.

Su tesis funciona como una ley física: mientras más Estado, más caro; mientras menos Estado, más barato. Suena contundente. Pero se cae con el método más elemental de la disciplina, que consiste en llevar una proposición hasta su extremo. Si la ley fuera cierta, los lugares con menos Estado del mundo deberían exhibir los precios más bajos del planeta. Ocurre exactamente lo contrario.

Vayamos a los países donde el Estado apenas existe. En Haití, en Liberia, en Sierra Leona, el agua, la electricidad y la seguridad no son baratas: son un lujo. Cada familia termina financiando su propio generador, su propio pozo y su propio guardia. El «mercado libre» sin Estado no abarata nada; multiplica los costos, y esos costos los paga el más pobre.

Se dirá que son ejemplos africanos, ajenos a nuestra realidad. Vayamos entonces a Europa. En 1997, sin una regulación financiera que las contuviera, unas estafas piramidales llegaron a captar el ahorro de dos de cada tres albaneses, cerca de la mitad del PIB del país. Cuando colapsaron, arrastraron consigo al Estado entero: más de dos mil muertos, unas 656 mil armas saqueadas de los cuarteles y un gobierno derrocado. Ese es el precio real de la ausencia de Estado y de reglas. No bajan los precios: se incendia el país.

Tampoco nos gusta ese ejemplo. Vengamos entonces a Chile. Fue el Estado el que, a través del sistema de concesiones, habilitó miles de kilómetros de carreteras, además de aeropuertos, puertos y hospitales. El Estado hizo posible aquello que el mercado, por sí solo, no había construido. La presencia estatal no encareció esa infraestructura: la hizo existir.

«Pero la salud pública es cara», se responderá. Vayamos, por última vez, al caso extremo: Estados Unidos tiene el sistema de salud más orientado al mercado del mundo desarrollado y, a la vez, el más caro del planeta. Si la ley de Kaiser fuera cierta, debería ser el más barato. Es exactamente al revés.

La conclusión es simple: no es cierto que la presencia del Estado encarezca las cosas. Lo que sí es cierto —y aquí conviene ser honestos— es que cuando el Estado hace mal su trabajo, los costos suben. La mala regulación y el exceso de permisología encarecen, y negarlo sería faltar a la verdad. En Chile tenemos un sistema eléctrico de amplia cobertura y razonable estabilidad, pero pagamos por él un precio alto y, al mismo tiempo, vertemos energía en el norte por falta de transmisión. Eso es, con toda claridad, algo que se está haciendo mal. El problema, sin embargo, no es el tamaño del Estado, sino que el mal diseño de una regulación. 

Llego así al segundo error de la columna. Kaiser trata todo impuesto como un despojo que encarece la vida. Pero cualquier manual distingue dos tipos. Está el impuesto recaudatorio, que financia bienes públicos, y está el impuesto correctivo —el impuesto pigouviano—, cuyo propósito no es recaudar sino cobrarle el daño a quien perjudica a terceros. Ese segundo impuesto no destruye valor: lo crea, porque alinea el precio que paga el privado con el costo que soporta la sociedad.

El impuesto a la bencina que tanto le molesta es exactamente eso. Y le concedo la aritmética: tiene razón en que casi la mitad del precio son impuestos y en que, sin ellos, el litro costaría del orden de 700 pesos. El dato es correcto; la conclusión, no. Porque el humo de un motor no se queda en el estanque: enferma pulmones, llena hospitales y mata. Si ese costo no aparece en el precio, alguien lo paga igual, solo que en la sala de urgencias y en el cementerio. El impuesto no inventa un costo: lo pone donde corresponde.

¿Cuánto vale esa externalidad? Observemos el experimento inverso. En Irán el Estado subsidia la bencina hasta dejarla en torno a 200 pesos el litro. ¿El resultado de esa gasolina barata? Cerca de 58 mil muertes al año por contaminación y unos 12 mil millones de dólares en costos de salud, con más de tres cuartas partes originados en el sector energético; para colmo, sus automóviles consumen el doble de combustible que el estándar global. Ese es el precio de no cobrar el daño.

Y no hace falta cruzar el mundo. En una investigación que desarrollé junto a Alan Fuchs para el Banco Mundial —Are tobacco taxes really regressive? Evidence from Chile— mostramos que el impuesto al tabaco parece regresivo, porque las familias más pobres destinan a los cigarrillos una fracción mayor de su presupuesto. Pero al incorporar el efecto completo —el menor gasto médico y los años de vida laboral que se ganan cuando el consumo cae—, el signo se invierte: el impuesto termina siendo positivo para los hogares, y el mayor beneficio proviene, justamente, de los menores costos de salud. Un impuesto correctivo bien medido no empobrece al pobre: lo protege.

De ahí que la conclusión de Kaiser sea la equivocada. El problema nunca fue que el impuesto o la norma existan, sino que estén bien diseñados. La solución no es amputar al Estado —eso es Haití, es Albania, es Irán—, sino hacerlo capaz, eficiente y oportuno para corregir sus propios errores. «El costo de la vida lo crea esencialmente el Estado» es, sencillamente, falso. Lo crea un Estado mal diseñado, o su ausencia. La discusión seria, la que dan los economistas de verdad, no es si queremos más Estado o menos, sino cómo construir uno mejor: capaz de corregir externalidades, de habilitar al sector privado y de conducirnos al desarrollo.

Queda una pregunta legítima: ¿por qué subieron, entonces, los precios que muestra el gráfico de Kaiser? La respuesta la ha explicado con claridad Ignacio Briones, y descansa en dos ideas que se enseñan en el primer año de economía. La primera es el efecto Balassa-Samuelson: cuando la productividad de un país crece en los bienes transables —los que se comercian internacionalmente—, los salarios suben en toda la economía y arrastran también los precios de los bienes no transables, como los servicios. Al abrirse Estados Unidos al comercio global, eso es precisamente lo que ocurrió. Aumenta el costo de la mano de obra, mientras por otro lado, llegan al país productos baratos de Asia. La segunda es la enfermedad de costos de Baumol: en los sectores intensivos en mano de obra, como la educación o la salud, la productividad crece despacio, de modo que difícilmente veremos caer sus precios, y menos aún cuando la demanda aumenta más rápido que la productividad. Nada de esto es culpa del Estado. Es, simplemente, cómo funciona una economía que se desarrolla.